La consulta del pueblo de Catalunya es, en mi humilde opinión, totalmente lícita y no solo por el hecho de ser catalán sino porque el derecho internacional reconoce la libre determinación de los pueblos en diversos tratados internacionales y está recogido en no pocos pronunciamientos de la Corte Internacional. En democracia de poco sirven las legalidades tomadas por los pelos, aunque sean los de la Constitución, frente a la voluntad de las gentes. Ahora bien, para que la consulta sea legítima y fidedigna tiene que tener unas condiciones democráticas intachables; todo manejo, obscurantismo y prevaricación, convierten una justificada voluntad popular en un chanchullo político que solo conduce a la ruptura y a la frustración.