Hasta los años 80 del siglo pasado continuaban activas en España algunas instituciones que, en el resto de Europa, eran consideradas obsoletas: el padrón municipal de beneficencia, asilos, orfanatos y otros centros que conformaban la Beneficencia pública o privada.

Los avances de los servicios sociales en las últimas décadas se ven amenazados actualmente por la reducción del gasto público y por el incremento de la necesidad de subsistencia.

El Gobierno ha disminuido la partida presupuestaria destinada a los servicios sociales en 9 millones de euros y los convenios que mantenían las Comunidades y los Ayuntamientos con empresas para la atención de las muchas necesidades sociales, están reduciéndose o, directamente, no se renuevan. No hay una ley ni estatal, ni comunitaria que garantice esos convenios.

Los servicios sociales son un derecho recogidos en la Constitución, que consagran la dignidad personal y la protección social de la ciudadanía como derecho fundamental.

Algunas de las labores que desempeñan los servicios sociales, entre otras, son:

  • Conseguir una renta de inserción.
  • Funciones de acompañamiento.
  • Tareas a nivel educativo.
  • Tareas en función de la vivienda.
  • Problemas sanitarios.
  • Dar solución completa a situaciones complicadas.
  • Higiene personal.
  • Ayuda en el hogar.
  • Convivencias conflictivas.
  • Bonos para comprar en supermercados.

Las cifras indican que las necesidades, algunas primarias, están multiplicándose. En 2009 se han incrementado más de un 30%. También las ayudas de emergencia, que se reciben de forma casi inmediata, se han elevado un 80% en algunos lugares. La cifra de usuarios que requirió de los servicios en el año 2009 fue de casi ocho millones, de los cuales , cientos de ellos se están derivando hacia ONGs y organizaciones benéficas.

La reducción del gasto público social está afectando negativamente al bienestar y la calidad de vida de grandes  sectores de la ciudadanía. Estos recortes no pueden ser sustituidos por acciones benéficas de carácter caritativo. Estas organizaciones no tienen ni los recursos ni las infraestructuras para suplir los servicios públicos que están siendo eliminados.

La beneficencia pública entra en contradicción con un Estado social de Derecho. Si no se respeta, se deslegitima el Estado y entramos en conflicto con la democracia y el pacto social que la sustenta.