La cooperación en un mundo fragmentado –lema del Foro realizado la segunda quincena de enero– quedó sólo como un slogan publicitario ya que el mismo prefiere no confrontarse con las causas profundas de la crisis porque no parece dispuesto a rectificar este laberinto planetario sin salida, en este contexto actual, para el conjunto de la humanidad.

El reloj del poder económico internacional marca ahora una nueva cita: del 9 al 15 de octubre de este año en Marrakech, Marruecos, donde muchos de los que asistieron a Davos volverán a encontrarse en la Reunión Anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Las señales de la invitación para Marrakech de parte de estos dos organismos multilaterales anticipan continuismo y ningún cambio.

Las primeras voces alternativas comienzan a alzar el tono. El Comité para la Anulación de las Deudas Ilegítimas (CADTM) anticipó en las últimas horas que convocará con otras organizaciones, como ATTAC Marruecos, a una Contracumbre Mundial de los Movimientos Sociales para esa misma fecha.

El CADTM señala que el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmó en los últimos tres años acuerdos de crédito con un centenar de gobiernos, y que en cada uno de los mismos exige la continuación de las políticas neoliberales. Al mismo tiempo, denuncia que se está desarrollando una nueva crisis de la deuda. “Ya es hora de reaccionar”, sostiene el comité con sede en Bruselas, tras definir la situación actual como de una “crisis multifacética” que afecta al mundo desde 2020.

Policrisis

Una tomografía computarizada de la actual realidad mundial muestra que un tercio de la demanda total de energía está ligada a la producción de alimentos. Por lo tanto, todo aumento en el precio de la energía incide directamente en el precio de los comestibles. Esta relación es particularmente obvia cuando se trata de combustibles fósiles –petróleo, carbón, gas natural–, utilizados en grandes cantidades en los cultivos, el procesado de alimentos, el empaque, el transporte y la venta minorista.

Este diagnóstico forma parte de las conclusiones a las que llega la organización no gubernamental internacional Grain (Grano, en español), que desde hace 33 años viene trabajando al servicio de los movimientos sociales rurales en sus luchas por sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente

Según una publicación de Grain de noviembre del año pasado, la relación entre alimentos y energía tiene una mayor incidencia en la producción altamente mecanizada, predominante en Europa, Norte América y algunas regiones de América Latina. En estas regiones, la cantidad de energía que se necesita para producir, por ejemplo, una tonelada de cereal, es casi 2,5 veces mayor que en los minifundios de los países del Sur.  En términos reales, el sistema alimentario industrializado de Estados Unidos consume la energía equivalente al gasto energético total de India o de todas las naciones africanas juntas.

En esa radiografía mundial sobresale otro dato interesante: la agricultura orgánica es mucho más eficiente (a nivel de uso de energía) que la industrial. En enero del 2021, el International Journal of Agriculture Technology publicó un estudio sobre la producción de arroz en Filipinas. En este caso concreto, la agricultura orgánica resultó un 63% más eficiente, en términos de empleo energético, y con rendimientos similares.

El sistema alimentario europeo es igualmente dependiente de los combustibles fósiles. De ahí el impacto significativo de la guerra Rusia-Ucrania tanto en el suministro energético como en el correspondiente incremento del precio de los comestibles, dado que un cuarto de toda la energía que se consume en el continente se destina a ese sector.

Un problema subsidiario no menos central en esta coyuntura: para compensar la reducción significativa de la energía que habitualmente importaba de Rusia, Europa se está abasteciendo en países de Asia. Por ejemplo, le compra carbón a Indonesia y gas a Malasia, lo que repercute en un aumento de los costos que deben pagar las comunidades locales de esas naciones abastecedoras. Así mismo, comunidades de Pakistán y Bangladesh están sufriendo cortes de gas debido a que buena parte de su producción se desvía hacia Europa.

Foto Ayuda en Accion.

Es conocido, también, el impacto directo de los conflictos bélicos (crisis militares) en el aumento de las condiciones de degradación social. Según la ONG Acción contra el hambre, el 60% de las personas que padecen de ese flagelo viven en países en guerra.

Toda esta situación agrava la crisis ambiental en un planeta que se dirige a un aumento de su temperatura de 2,5°C para el año 2100. Una mayor producción de combustibles fósiles acelerará aún más la crisis climática, la cual, a su vez, ejercerá una mayor presión sobre la producción alimentaria global. El calentamiento excesivo ya está causando estragos en la producción de alimentos debido a sequías, inundaciones, tormentas y temperaturas muy altas que hacen insoportable en ciertos momentos del año el trabajo rural a campo abierto.

Grain concluye afirmando que no se puede resolver la crisis energética o la alimentaria con medidas que empeoren la crisis climática: “Estas tres crisis están estrechamente conectadas y se superponen”. Encontrar una salida a esta “policrisis”, enfatiza Grain, requiere una profunda transformación de la manera como se producen y distribuyen la energía y los alimentos, con acciones que cuestionen frontalmente el control de las grandes transnacionales, principales responsables de este “desastre planetario”. A nivel de argumento, la ONG recuerda el tweet de noviembre pasado de Robert Reich, ex secretario de Trabajo de los Estados Unidos: “Un mensaje a los medios: por favor no informen que la inflación llegó a un máximo en 40 años sin mencionar también que las utilidades de las corporaciones llegaron a un máximo en 70 años. Hay que mostrar el panorama completo”.

Voraces, como siempre

Las grandes transnacionales se aprovechan de la crisis, aumentan los precios de sus productos de forma desproporcionada, provocan-usufructúan el aumento inflacionario y obtienen márgenes de ganancias estratosféricos, afirma Grain.

En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, los expertos constatan que mientras las utilidades corporativas explican el 11% del aumento de precios desde 1979 a 2019, de ningún modo pueden justificar el desmedido aumento actual de 53,9%. En particular, en el sector alimentario, incluyendo las cadenas de supermercados y restaurantes. En Canadá, el gobierno inició una investigación oficial sobre esta explosión de ganancias, mientras que en Europa y Australia varios empresarios, así como numerosos medios de comunicación, reconocen que la reciente escalada de precios es injustificada.

En su informe La ley del más rico, que Oxfam Internacional publicó a mitad de enero, simultáneamente con la apertura del Foro de Davos, dicha organización coincide con la descripción global de Grain de un panorama mundial desalentador y su conclusión de que “el mundo está atravesando una época sin precedentes, marcada por la acumulación de múltiples crisis”. Y pone el cursor de su análisis en la problemática del hambre.

Impuestos a las fortunas y redistribución del ingreso

Oxfam sostiene que cientos de millones más afrontan aumentos insostenibles del costo de los productos básicos o de la energía necesaria para calentar sus hogares. El colapso climático está paralizando la economía de algunas regiones, y fenómenos meteorológicos extremos obligan a muchísima gente en todo el mundo a abandonar sus hogares. Recuerda, además, que son millones los seres humanos que siguen sufriendo los corolarios de la pandemia del COVID-19, que ya se ha cobrado más de 20 millones de vidas. La pobreza se ha incrementado por primera vez en 25 años, subraya esta ONG internacional, mientras que los ultrarricos ven crecer drásticamente su riqueza y los beneficios empresariales alcanzan niveles récord, lo que hace que se dispare aún más la desigualdad social.

Imponer impuestos a los ricos. Pancarta de una manifestante en las recientes protestas en Gran Bretaña. Foto Alarmy

Los hechos hablan por sí mismos. Desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo: casi el doble de lo que se distribuye entre el 99% restante.

Cada día, la fortuna de los milmillonarios aumenta en 2.700 millones de dólares, mientras que los salarios de unos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores crecen deficientemente, aun por debajo de lo que sube la inflación.

En 2022, las empresas energéticas y de alimentación duplicaron con creces sus beneficios y distribuyeron 257.000 millones de dólares en dividendos a sus accionistas, mientras que más de 800 millones de personas padecían hambre.

Oxfam señala que, por cada dólar recaudado en impuestos a nivel global, tan sólo 4 centavos provienen de impuestos a la riqueza. Por otra parte, la mitad de los milmillonarios del mundo vive en países donde no se aplica ningún impuesto a la riqueza que heredan sus descendientes.

Oxfam propone un impuesto a la riqueza de hasta el 5% para los multimillonarios y milmillonarios. Esto permitiría recaudar anualmente 1,7 billones de dólares, monto que aseguraría que 2.000 millones de personas salgan de la situación de pobreza, además de financiar un plan mundial para acabar con el hambre.

Grain, que coincide con la propuesta de aplicar impuestos a las grandes fortunas, insiste en la necesidad de darle prioridad a la conservación de la energía. De igual manera, seguir estimulando la reducción del desecho de alimentos, que actualmente origina el 8% de las emisiones climáticas globales. Y también disminuir el consumo donde tenga sentido (carne, lácteos, comestibles ultra procesados) e invertir más en modelos alimentarios de base comunitaria. Grain propone, también, cerrar la industria de los combustibles fósiles y ganar el apoyo público para promover sistemas alimentarios colectivos y locales. “Esto significa apoyar a quienes producen en pequeña escala y a los mercados locales, al mismo tiempo que se desmantela el poder y las ganancias de la cadena alimentaria corporativa”, concluye.