La punta de lanza de esta decisión fue la ejecución de quince personas en un barrio de la capital peruana y el asesinato de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad de La Cantuta. La votación unánime de la Corte Suprema de Chile por la extradición del ex mandatario se basa en la supuesta comisión de estos delitos contra los derechos humanos acaecidos durante el mandato de Fujimori (desde el año 1990 hasta el 2000).
Fujimori responderá ante la justicia peruana por los cargos de secuestro, tortura y muerte del profesor Hugo Muñoz Sánchez y otros once estudiantes. En la ya denominada Matanza de Cantatuta participaron la Dirección de Inteligencia del Ejército y el Servicio de Inteligencia del Ejército, que detuvieron a las víctimas durante la madrugada del 18 de julio de 1992. Con el descubrimiento, un año después, de las fosas clandestinas con restos óseos, tejidos humanos, ropas, cabellos, además de dos juegos de llaves, proyectiles de bala, casquillos y restos de cal, comenzó una investigación que acabó con el ingreso en prisión del mayor del Ejército, ya retirado, Santiago Martín Rivas, así como la de otros integrantes del grupo paramilitar Colina que participaron activamente en la masacre. Sin embargo la autoría intelectual se le atribuye a Fujimori.
Se suma a este caso el de las quince personas, sospechosas de militar en el grupo Sendero Luminoso, asesinados por seis miembros del Colina bajo órdenes del entonces presidente, así como cinco cargos de corrupción, abuso de autoridad, usurpación de funciones y otros secuestros y torturas.
No cesan las violaciones de derechos humanos en Eritrea
Seis años después de las multitudinarias detenciones políticas que tuvieron lugar en Eritrea el 18 de septiembre de 2001, el gobierno de Eritrea hace oídos sordos a los resultados de investigaciones y llamamientos internacionales en cuestiones de derechos humanos.
En 2001 centenares de periodistas, funcionarios públicos y ex dirigentes del gobierno fueron detenidos y permaneces, hoy en día, retenidos, incomunicados y en unas condiciones de amenaza para su vida. Algunas de estas personas, presuntamente habrían muerto en prisión a causa de la privación del servicio médico y los malos tratos. El gobierno se ha negado a dar información sobre estas personas, aún ha pesar de la fuerte presión internacional.
En Eritrea no se permite la existencia de ninguna formación política, excepto la del partido gobernante, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia. La libertad de expresión es una utopía y la disidencia es reprimida con violencia.
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Polémica Ley de inmigración del Parlamento francés
Polémica es la palabra que mejor definiría la Ley de Inmigración que la cámara baja del Parlamento francés ha aprobado tras largos debates por la oposición de algunos de sus diputados. Esta Ley, propuesta por el presidente Nicolas Sarkozy desde su campaña electoral a principios de año, incluye la aplicación de exámenes obligatorios de ADN a los inmigrantes que deseen reunirse con sus familiares asentados en el país galo. El coste de este análisis será sufragado por el propio inmigrante, aunque le será reintegrado si se demuestra su afiliación.
Pero esa no es la única medida polémica incluía en el texto, pendiente ahora de su ratificación en el Senado. Los inmigrantes deberán también demostrar su dominio del idioma francés mediante un examen.
Esta iniciativa, propuesta por Sarkozy tras los disturbios producidos en algunos suburbios de París y en los que los jóvenes al frente de las revueltas resultaron ser hijos de inmigrantes, ha levantado en pie de guerra a numerosos grupos de derechos humanos y proinmigrantes, tanto galos como de otros países, así como a la oposición francesa y alguna voz tímida dentro de su propio partido, el conservador Unión por un Movimiento Popular (UMP).
Condena por el asesinato del parlamentario Antoine Ghanim
El 19 de septiembre de 2007 se cometía en el Líbano un nuevo asesinato político. El objetivo fue Antoine Ghanim, miembro del Parlamento libanés, que fallecía en una explosión registrada al paso de su vehículo por una concurrida calle de la capital libanesa. Este atentado mató al menos a otras seis personas.
Antoine Ghanim, de 64 años y abogado de profesión, era un eminente miembro de la comunidad cristiana del Líbano. Parlamentario desde el 2000, no fue el primer miembro del partido de la Falange asesinado. Este partido forma parte de una coalición que gobierna el país de oriente medio desde las elecciones celebradas en 2005. La muerte del ex Primer Ministro Rafiq Hariri, asesinado en unas condiciones muy similares a las del propio Ghanim, llevó a las fuertes protestas contra el gobierno sirio que terminó retirando sus tropas destacadas en el Líbano a finales de mayo del 2005 y a la posterior celebración de las elecciones que situarían a Ghanim en el gobierno libanés.
Este es sólo el más reciente de una serie de ataques perpetrados contra políticos y periodistas destacados por sus críticas al gobierno sirio y a su importante influencia sobre el Líbano. El país vecino niega toda vinculación con este y otros asesinatos, incluso ha llegado a condenarlo calificándolo como un “acto criminal”. Sin embargo, por el momento en el que ha sido cometido, está claro que este asesinato pretende desestabilizar y crear divisiones políticas en el Líbano.
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Ataques a la libertad de expresión en Egipto
Un tribunal egipcio ha dictado sentencias de un año de prisión para cuatro directores de publicación declarados culpables de “publicar información falsa tendente a alterar el orden público”.
Las cuatro personas halladas culpables, aunque actualmente se encuentran en libertad bajo fianza a la espera de resolver su recurso de apelación son Ibrahim Eissa, director del diario Al-Dustour, Abdel Halim Qandil, ex director del semanario Al-Karamaeach, Adel Hammouda, director del semanario Al-Fajr y Wael al-Abrashy, director del semanario Sawt al-Umma.
El juicio contra estas cuatro personas supone únicamente un apunte más en la lista de violaciones de la libertad de prensa que se cometen diariamente en Egipto con el respaldo y hasta la participación del gobierno de este país.
En julio de 2006 se aprobó en Egipto una ley de prensa que restringía la libertad de expresión de los editores egipcios. La privación de libertad está siendo aplicada, en rigor de esta ley, por cargos como la publicación de rumores sobre el estado de salud del presidente Mubarak, ejemplo por el que se presenta ante el tribunal Ibrahim Eissa.
Publicaciones independientes y de la oposición suspendieron su actividad durante todo un día, para protestar sobre la nueva ley y cientos de empleados de medios de comunicación se concentraron ante las puertas de la Asamblea Nacional con el mismo objetivo.
Policía al margen de la ley en Angola
Los agentes del orden angoleños violan los derechos humanos constantemente y pocos de ellos tienen que responder ante sus crímenes en el país africano.
Esta afirmación es la base de un informe, presentado por Amnistía Internacional y titulado Above the Law: Police accountability in Angola. En él se denuncia y documentan casos de violación fragrante de los derechos humanos por parte de la policía angoleña.
El reglamento interno de la policía de Angola exige una obediencia ciega y total de las órdenes de un superior, por lo que los agentes no suelen cuestionarse la legalidad de sus intervenciones y acaban participando en numerosos actos ilegales, como palizas a sospechosos y a sus familias, desalojos masivos forzosos o torturas.
El informe de Amnistía Internacional termina instando a un cambio en los reglamentos y códigos que regulan a la policía del país para que cumplan con las normas internacionales y promuevan la oposición de los propios agentes a las órdenes que provoquen estos actos ilegales y los responsables de los mismos sean llevados ante la justicia y respondan por ellos ante un tribunal.
