El documento filtrado por una fuente confidencial revela que el instrumento adicional propuesto para impulsar la firma y ratificación del acuerdo comercial UE-Mercosur  —supuestamente destinado a salvaguardar el medio ambiente, el clima y los derechos humanos— no sirve para lograr estos fines. El anexo pone de manifiesto la brecha que existe entre los objetivos climáticos y los compromisos de protección de los derechos humanos de la UE y lo que realmente respalda a puerta cerrada.

“El instrumento propuesto es una declaración de intenciones que no incluye  medidas vinculantes ni mecanismos para aplicarlas. No desarrolla ninguna medida nueva que aborde los problemas de la deforestación, la crisis climática, las violaciones de derechos humanos o el bienestar de los animales. El comercio UE-Mercosur sigue empujando activamente a América Latina hacia un mayor colapso ecológico, apuntala un sistema económico neocolonial destructivo y fomenta las desigualdades sociales”, afirma Marta García Pallarés, portavoz  de Ecologistas en Acción.

En el apartado sobre cambio climático, el instrumento establece que los gobiernos de los países deben ceñirse a sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) que se fijaron en junio de 2019. Pero al mismo tiempo el acuerdo propone aumentar las actividades que provocan el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Brasil, como la agricultura, que además es uno de los principales motores de la deforestación. Sin embargo, el instrumento adicional no incluye ninguna medida que ayude a solucionar este problema.

En cuanto a los bosques, el anexo dice que “la UE y el Mercosur establecerán un objetivo provisional de reducción de la deforestación de al menos el 50 % para 2025, respecto a los niveles actuales”. Sin embargo, las importaciones de la UE procedentes del Mercosur de productos como la soja, el maíz, la caña de azúcar y los minerales que contribuyen a la deforestación están aumentando y el acuerdo incrementará aún más estas exportaciones.

El instrumento también valora la participación democrática y dice incluir a la sociedad civil y a las comunidades indígenas como partes interesadas clave en las negociaciones del acuerdo. Pero los pueblos indígenas, el pequeño campesinado y la sociedad civil han sido marginados desde el inicio de las negociaciones y nunca han formado parte de ningún proceso de toma de decisiones. De hecho, además de que el acuerdo debilita la protección de los derechos indígenas, el anexo se ha negociado en secreto y su contenido ha salido a la luz a través de una filtración.

Mientras tanto los grupos de presión empresariales de la industria automovilística y de la agroindustria —con un amplio historial de violaciones de derechos humanos y presiones medioambientales— sí se han sentado en la mesa de negociación de la UE.

Ecologistas en Acción y las organizaciones que forman parte de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión inciden en que el instrumento conjunto no es más que otro intento de lavado verde para sacar adelante un acuerdo fundamentalmente destructivo. “El acuerdo UE-Mercosur en el fondo, busca impulsar la exportación de materias primas, lo que está empujando a la Amazonia y a otros ecosistemas cruciales como El Cerrado, El Pantanal, El Chaco o la Pampa al punto de no retorno”, afirma Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción.

Por todo ello, la coalición Stop UE-Mercosur, que engloba a más de 450 organizaciones de ambos lados del Atlántico, rechaza este instrumento adicional como una vía para acelerar la  firma del tratado y reclaman a los gobiernos que abandonen de una vez el acuerdo comercial UE-Mercosur.

“Este acuerdo de libre comercio se basa en un paradigma obsoleto que ignora los derechos humanos, las crisis climática y de biodiversidad, la soberanía alimentaria y los derechos de los productores de alimentos a unos ingresos justos. No hay forma de que un instrumento conjunto haga que este tipo de acuerdo sea aceptable para agricultoras y agricultores de ambos continentes. Estamos dispuestos a movilizarnos en masa en toda Europa para detener este acuerdo”, afirma Morgan Ody, agricultora de Francia y coordinadora general de La Vía Campesina, el mayor movimiento campesino mundial.