Las estadísticas sobre corrupción son con frecuencia cuestionables, pero la información disponible sugiere que ésta representa una parte importante de la actividad económica de los países en vías de desarrollo. En Kenia, el gasto público cuestionable asciende a casi el 8% del PIB. En Letonia, según el Banco Mundial, más del 40% de las familias y de las empresas coinciden en que la corrupción es una parte natural de sus vidas y ayuda a solucionar muchos problemas. En Tanzania, los sobornos pagados a oficiales de policía, empleados de tribunales, servicios tributarios y oficinas de catastro alcanzaron un 62% de los gastos públicos oficiales en esas áreas. En Filipinas, se estima que se desvían 4.000 millones de dólares ala año a causa de la corrupción del sector público.

Bien es cierto que en los países subdesarrollados se aduce que en todas partes existen esas prácticas. Lo cual es cierto. Por no mirar a otra parte, recordemos que la España de finales de los años ochenta y principios de los noventa figuraba en las peores posiciones de las estadísticas de corrupción. Pero no es lo mismo, ya que en un país democrático y moderno la corrupción es algo coyuntural. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo la corrupción forma parte de la estructura del país y es difícil eliminarla.

Además, en un estudio del Banco Mundial sobre las ramificaciones de la corrupción en la prestación de servicios se señala que una mejora de una desviación estándar del índice de corrupción de la Guía Internacional de Riesgo País genera una reducción del 29% de las tasas de mortalidad infantil, un aumento del 52% del nivel de satisfacción de los beneficiarios de servicios públicos de atención de la salud y un incremento de entre el 30 y el 60% del nivel de satisfacción del público por las mejoras en las condiciones de las carreteras. El estudio constata asimismo que la corrupción perjudica la acumulación de capital, reduce la eficacia de la asistencia para el desarrollo, y aumenta la pobreza y la desigualdad de ingresos.

Por lo tanto, no es sorprendente que se haya observado un creciente movimiento a nivel mundial para condenar las prácticas corruptas, lo que ha dado como resultado la destitución de algunos líderes nacionales. Así, muchos gobiernos y organismos de desarrollo han invertido recursos y esfuerzos considerables en la lucha contra la corrupción en los últimos años. A pesar de ello, no resulta claro que el efecto de la corrupción haya disminuido de una manera evidente, en particular en los países con altos niveles de corrupción.

Cualquiera que sea su régimen político, los PVD muestran una debilidad frente a la corrupción superior a la de los países desarrollados, simplemente porque el mal funcionamiento del Estado y del mercado son mucho mayores en los primeros que en los segundos. Para solventar este veneno de las sociedades en vías desarrollo, el objetivo sería caminar hacia una democracia más sólida y hacia una economía de mercado más fluida y transparente.

Las repercusiones económicas de la corrupción son graves. El soborno aumenta los costos de la transacción y la incertidumbre sobre una economía. Igualmente, impide las inversiones extranjeras e internas a largo plazo, desvía el talento hacia actividades de captación de rentas y distorsiona las prioridades sectoriales y las elecciones tecnológicas. Expulsa a las empresas del sector formal, menoscaba la capacidad del Estado para obtener ingresos y produce un aumento incesante de los impuestos. Todo ello reduce la capacidad del Estado para prestar servicios públicos indispensables. De hecho, se produce un círculo vicioso de aumento de la corrupción y de la actividad económica informal.

Desde otro punto de vista, el soborno es injusto ya que impone un gravamen regresivo que afecta particularmente a las actividades comerciales y a los servicios de las pequeñas empresas. Y a esto hay que añadir que la corrupción menoscaba la legitimidad del Estado.

En definitiva, en la base de la corrupción está la interpretación entre los órdenes económicos y políticos que favorece las relaciones y las prácticas corruptas. Junto a esto, la economía mixta facilita los intercambios legales e ilegales de recursos entre estas dos esferas. Para la mayoría de los economistas las causas de la corrupción son debidas a las divergencias de intereses que existen entre los mandatarios (políticos y funcionarios) y mandantes (ciudadanos), y al hecho de que la dificultad de controlar a los mandatarios les deja un gran margen de maniobra discrecional en sus comportamientos. Así, es fácil para el mandatario el utilizar este poder discrecional para monetarizar sus favores a los agentes económicos cuyas pérdidas y ganancias dependen de aquél.

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La profusión de delegaciones de poder es otro factor explicativo de las oportunidades de corrupción. También hay que citar circunstancias como la ausencia de responsabilidades de los mandatarios y la falta de estigmatización moral de los actos corruptos en los PVD. Y como culminación de todo lo anterior, se sitúa la pasividad de las víctimas frente a esta enfermedad de las sociedades.

La corrupción del sector público es un fracaso de la gobernabilidad en un país. En este caso entendemos por “gobernabilidad” como las tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejerce la autoridad en un país. Por ejemplo: el proceso de selección, control y cambio de gobierno, la capacidad del gobierno para formular e implementar eficazmente políticas sólidas y el respeto de los ciudadanos y el Estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos.

La corrupción no se manifiesta de una sola forma. De hecho, generalmente adopta por lo menos tres formas distintas:

Corrupción menor, administrativa o burocrática: Muchos actos de corrupción son operaciones aisladas de funcionarios públicos que abusan de su cargo, por ejemplo pidiendo sobornos y comisiones clandestinas, desviando los fondos públicos o concediendo favores a cambio de dádivas personales. A estos actos se les conoce como corrupción menor, aunque, conjuntamente, puedan comprender un monto importante de recursos públicos.

Corrupción mayor: el robo o uso inadecuado de grandes cantidades de recursos públicos por funcionarios del Estado (generalmente miembros de la élite política o administrativa) constituye un acto de corrupción mayor.

Tráfico de influencias del Estado: La colusión entre representantes del sector privado y funcionarios públicos o políticos en beneficio propio se denomina tráfico de influencias o captura del Estado. Es decir, el sector privado “captura” el aparato judicial ejecutivo y legislativo del Estado para sus propios fines. La captura del Estado coexiste con la visión convencional de corrupción, en la que funcionarios públicos extorsionan o explotan al sector privado para fines personales.

La corrupción también adopta características particulares en cada país. Por lo tanto, es fácil que fracasen los enfoques que aplican políticas y herramientas comunes a países en que los actos de corrupción y la calidad de gobernabilidad varían ampliamente. Es necesario entender las circunstancias internas que fomentan o permiten la corrupción de los representantes públicos y privados.

Si la corrupción está relacionada con la gobernabilidad, y ésta se relaciona con el ejercicio del poder del Estado, los esfuerzos para combatir la corrupción requieren una fuerte capacidad de liderazgo y responsabilidad para tener éxito y ser sostenibles.

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Todo lo anterior se puede resumir diciendo que la corrupción se debe a un mal gobierno en los PVD. Este mal gobierno se muestra bajo estos aspectos:

a) La debilidad de los contrapoderes. En los regímenes autoritarios los sistemas de control y de contrapoder son precarios porque no existe tradición de separación de poderes, ni cultura de libertad de prensa y de expresión.

b) Dificultades para la construcción de un modelo de nación y de administración moderna. Los PVD se basan, en muchas ocasiones, en el clientelismo y en el patrimonialismo y el corporativismo. Los grandes contratos sirven para el enriquecimiento personal de los miembros de las elites y la instauración de redes de redistribución clientelista que permiten a las autoridades políticas mantenerse en el poder comprando apoyos políticos. Esto se potencia por la problemática étnica, religiosa y regional de los PVD.

c) Una legislación inadaptada a la realidad social. La normativa de los PVD no se adapta al ritmo de evolución de sus sociedades. Las reglas formales son vagas y rígidas, los arreglos informales dirigen los actos y las elecciones de los agentes económicos. E incluso las normas formales son dictadas para permitir la predación.


d) Los comportamientos arbitrarios y la escasa legitimidad de numerosos Estados. Esto legitima sistemas alternativos ubicados en la familia, el clan, la etnia, la región, la guerrilla, etc. El sentimiento de una repartición inicial desigual de los derechos de propiedad públicos y privados, o la aparición de nuevos derechos que favorece a una elite, pone en cuestión las normas de justicia y lleva a una marginalización de los comportamientos éticos.

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Entonces, ¿qué se puede hacer para erradicar la corrupción?:

Podríamos fijar tres niveles de intensidad de corrupción según los países. En el nivel alto de corrupción la calidad de gobernabilidad es deficiente, en los que tienen un nivel medio ésta es regular y en los que tienen un nivel bajo la gobernabilidad es buena.

Dado que la propia corrupción es un síntoma del fracaso fundamental de la gobernabilidad, cuanto mayor sea el nivel de corrupción menos tácticas demasiados focalizadas en el comportamiento corrupto deberá incluir la estrategia anticorrupción para centrarse más en las características generales subyacentes del entorno de gobernabilidad. Cuando el nivel de corrupción es alto (y la calidad de la gobernabilidad es proporcionalmente baja) tiene más sentido centrarse en los factores subyacentes de los actos ilícitos en el sector público. Por ejemplo, en el momento en que Malasia adoptó la carta de derechos del cliente, en la que se especifican las normas sobre servicios y las acciones que pueden llevar a cabo los ciudadanos en el caso de organismos multilaterales no las cumpla, se produjo una reorientación del sector público hacia la prestación de servicios y a transformar la cultura de gobernabilidad.

En las sociedades en las que el grado de corrupción se sitúa en el nivel alto y bajo, convendría aplicar reformas que suponen un mínimo de capacidad de gobernabilidad, como procurar que los empleados públicos asuman una mayor responsabilidad por los resultados, acercar el proceso de toma de decisiones a los ciudadanos a través de la descentralización y simplificar los procedimientos administrativos.


Transparencia: El poder de la información

Cuando el ciudadano recibe información sobre la actuación del gobierno, está en mejores condiciones de ejercer presión sobre los funcionarios públicos para que cumplan sus obligaciones en aras del interés público. Entre las actividades recientes cabe señalar:

– El Código de buenas prácticas de transparencia fiscal del FMI que se basa en cuatro principios fundamentales: clara definición de funciones y responsabilidades, acceso del público a la información, transparencia de los procesos presupuestarios y garantías de integridad.

– Programas electrónicos del gobierno “e-government”, que permiten a os ciudadanos y empresas usar internet y espacios electrónicos para servicios como pagos de impuestos, compras, seguimiento de casos judiciales y aduanas.

– Leyes de “libertad de información”, que ya han sido aprobadas en 50 países.

– El proyecto de Uganda sobre los “estudios de seguimiento de gastos” en los que se publica información sobre el gasto público en la prestación de servicios como la educación.

– La Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas que tiene por objeto publicar los ingresos provenientes de los sectores del gas, la minería y el petróleo en muchos países en desarrollo.

Pero ahora deberíamos de abordar, aunque sea de pasada, otro aspecto de la corrupción: el que crece al amparo de los
Organismos Internacionales que financian el desarrollo.

Por ejemplo, se ha señalado reiteradamente la corrupción que se produjo en el reparto de ayuda efectuada en Argentina para paliar las trágicas consecuencias de los desmanes cometidos por los dirigentes de este país y que desembocaron en su bancarrota estos últimos años. El presidente argentino Néstor Kirchner, con evidente enojo, afirmó: “Quisiera ver cuántos son los números cuantiosos que gasta el Banco Mundial en consultorías externas que muchas veces nadie sabe cómo se manejan. Evidentemente, esos fondos nunca llegan… adonde tendrían que llegar”. Así le contestó a un funcionario del Banco Mundial que señaló que el gasto social en la Argentina no llega a los sectores más desprotegidos.

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Como señala Alejandro A. Tagliavini, pensar que las agencias estatales y multilaterales son incorruptas es una ingenuidad. En primer lugar, no manejan recursos propios sino extraídos de los ciudadanos, consecuentemente no se manejan con el celo del propietario por mucho empeño que pongan. En segundo lugar, no tienen auditorias serias porque los propietarios –teóricamente los ciudadanos– no tienen acceso real a las cuentas sino a través de terceros. Y, finalmente, no tienen realmente que rendir cuentas de sus fracasos porque, si necesitan más dinero, lo que tienen que hacer los burócratas es aumentar impuestos, sin sufrir ninguna pérdida patrimonial personal.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU inició una investigación sobre las denuncias de corrupción en la construcción de Yacyretá, una de las presas hidroeléctricas más grandes del mundo construida entre Argentina y Paraguay, conocida como “el monumento a la corrupción”, y de otros grandes proyectos financiados por el Banco Mundial, como parte de una revisión de la responsabilidad de ese organismo y el Banco Interamericano de Desarrollo en multimillonarias y controvertidas obras públicas en Argentina, Paraguay, Lesotho, Camboya, Perú y otros países.

El presidente de la comisión, Richard Lugar, le planteó al titular del Banco Mundial, James Wolfensohn, si ese organismo “ha considerado disponer una auditoría financiera internacional sobre Yacyretá”. El Banco Mundial dijo que el organismo prestará su total colaboración con el Senado en las investigaciones a tal efecto. “Supuestamente, el proyecto de Yacyretá estaba presupuestado en 2.000 millones de dólares cuando comenzó en 1973, ahora tiene una deuda de 10.000 millones de dólares y todavía no está terminada. Me han dicho que costará terminarla, al menos, otros 800 millones de dólares”, destacó el senador Lugar.

Pero el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo no son los únicos organismos multilaterales sospechados de corrupción. La entidad humanitaria Reporteros Sin Fronteras (RSF) otorgó el “Gran Premio a la Hipocresía” a la ONU y a su reciente Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información por “haber concedido un lugar en dicha reunión a los representantes de dos países que más reprimen a los medios de comunicación, Cuba y China”, actualmente “las dos mayores cárceles del mundo para los periodistas”. Sobre la isla-cárcel del Caribe, RSF también envió carta de protesta a Marco Troncetti Provera, presidente de Telecom Italia, que posee el 30% de las acciones de Etecsa, compañía estatal de comunicaciones cubana encargada de la censura telefónica y de Internet.

En este mismo sentido, documentos encontrados en archivos de Saddam Hussein indican que la ONU le dio el manejo del programa Petróleo por Alimentos, con lo cual el dictador habría escogido quiénes compraban el petróleo a Irak y quiénes le vendían alimentos y medicinas, en contratos que alcanzaron 100 mil millones de dólares. Benon Sevan, director de ese programa y brazo derecho del secretario general de la ONU, Kofi Annan, es uno de los principales implicados en el fraude, según Claudia Rosett del Wall Street Journal. El canciller iraquí, Hoshyar Zebari, acusó a la ONU de haber permitido que la “tiranía asesina” de Saddam se mantuviera en el poder.

Entretanto, por tercer año consecutivo, el Congreso de EEUU bloqueó los fondos para los proyectos pro-aborto del “Fondo de Población de las Naciones Unidas” (UNFPA) y sólo aportará 59 millones de dólares para combatir el tráfico sexual y mejorar la salud materna. El gobierno norteamericano retuvo sus aportes a la UNFPA durante los dos últimos años debido a la campaña de abortos forzosos en China, apoyo a masivas esterilizaciones y programas de planificación familiar basados en el aborto en países del Tercer Mundo.

Junto a estos casos, la Comisión Europea, por ejemplo ha echado tierra a múltiples casos de corrupción descubiertos en sus distintos departamentos. Recordemos que a Manuel Marín (Presidente del Congresos de los Diputados de España) le costó el puesto de comisario europeo los escándalos descubiertos en torno a la ayuda al desarrollo europea o que el caso de Eurostat también se cerró muy rápidamente. Igualmente, la Comisión Europea ha mirado hacia otra parte cuando se ha denunciado el fraudulento y multimillonario uso de los recursos del Fondo Social Europeo en la impartición de cursos inexistentes por parte de sindicatos y patronales.

Está claro que la corrupción es un pulpo que llega a todas partes y que la mejor manera de combatirla es con el compromiso personal de cada individuo. Por lo demás, el viejo dicho de “despacio se llega lejos” es un principio sólido para la lucha contra la corrupción.