La cuestión viene de lejos. Tras 33 ediciones en las que Pingüinos ha pasado por localidades vallisoletanas como Tordesillas, Boecillo o Simancas, la cita motera acabó por instalarse en el Pinar de Puente Duero, un paraje perteneciente a la capital del Pisuerga donde en enero de este año celebró su última cita, ya que una decisión judicial auspiciada por los ecologistas prohibió su organización allí al tratarse de un espacio protegido. Como alternativa, organizadores y Ayuntamiento contemplaron la posibilidad de trasladar la concentración a una antigua hípica militar, sitio que los ecologistas también rechazaron por encontrarse dentro de los límites del citado pinar protegido.

Ante el temor de que así fuera y bajo las amenazas de una nueva denuncia y un nuevo revés judicial, el Club Turismoto y el Consistorio vallisoletano han optado por suspender la cita, que cada enero reunía en Valladolid a más de 20.000 moteros de todo el mundo, la mayoría de ellos procedentes de Europa. Dicha decisión ha caído como una bomba en la ciudad, en la que según algunos cálculos se quedaban más de cuatro millones de euros de los bolsillos de los ‘pingüinos’.

Con este panorama, la polémica no se ha hecho esperar. Mientras unos defienden la importancia económica que la cita motera tiene en Valladolid y su repercusión en el empleo, y minimizan el impacto que la presencia de los moteros pueda tener en la flora y fauna del pinar, otros subrayan la amenaza que su celebración en ese escenario supone para el medio ambiente y abogan por su emplazamiento en otro lugar menos perjudicial y, sobre todo, legal.

Sin entrar a valorar la posibilidad de encontrar otra ubicación que no cause controversia, pues no existen tantas en Valladolid que reúnan las condiciones adecuadas para albergar el evento y cuenten con el arbolado necesario para que los moteros se encuentren cómodos en un encuentro que no deja de ser básicamente de ocio, cabe preguntarse qué ha pasado para llegar a esta suspensión de la principal concentración motera invernal de España y una de las principales del viejo continente.

En estos días se han cargado las tintas desde numerosos sectores de la ciudad, incluido el Gobierno municipal, contra los ecologistas por haber acudido ante la justicia, pero si se abandonan los apasionamientos y se aborda con cierta reflexión el asunto, surgen algunos interrogantes y algunos aspectos turbios que apestan a manipulación partidista y populista.

En primer lugar, dicen las malas lenguas que, aunque no hubiera habido oposición ecologista, las obras necesarias para el nuevo acondicionamiento no hubieran estado listas para la cita motera, algo que competía al Ayuntamiento, el cual, con la decisión de la suspensión, evita quedar en ridículo y desvía todas las críticas hacia otros.

Por otro lado, es indudable que, por muy malos que sean los ecologistas y por muy obstinado que fuera su empeño contra Pingüinos, nada hubieran conseguido ante los tribunales de no ser por un pequeño detalle, la celebración en estos últimos años no cumplía la ley.

Y esto no es nuevo. Quizá por tratarse de un evento de la trascendencia de Pingüinos, la repercusión ha sido mayor, pero se trata de un caso más en el que una decisión del Equipo de Gobierno vallisoletano, capitaneado por el nunca bastante polémico Francisco Javier León de la Riva, ha sido revocada por la justicia al tratarse de algo ilegal, y siempre con los ecologistas detrás.

No deja de resultar curioso cómo de no ser por esos demonios con cuernos y tridentes verdes, se hubieran pasado por alto los continuos atropellos a la norma que hace un alcalde que presume de ser un gran gestor mientras inunda los informativos nacionales con sus excesos verbales. Por mucha rabia que nos dé la no celebración de Pingüinos, si es que finalmente no se celebra en enero de 2015, y por mucho que pueda molestar el empecinamiento de los grupos ecologistas, jamás hubiera ocurrido esto si el Ayuntamiento hubiera cumplido la ley, algo que parece obvio, pero que no hizo.

Una mancha más para veinte años de Alcaldía que se une a otras como el Caso Samaniego, las manipulaciones del Plan General de Ordenación Urbana, la desobediencia a la hora de cumplir las sentencias sobre los áticos del edificio de Caja Duero o la sospechosa adjudicación de las viviendas de protección oficial de Villa del Prado, todas ellas poco conocidas fuera de los ámbitos locales, de los que sí trascienden otros desatinos como los “morritos” de la exministra de Sanidad Leire Pajín o las “vueltas” a solas en ascensores con mujeres de sujetador flojo.

Y sin embargo, el malo es el que pide que se cumpla la ley.

¿No resulta curioso que Artur Mas sea vilipendiado por saltarse la ley para recoger la voluntad democrática de los catalanes y mientras esos mismos que pregonan la inviolabilidad de la sacra legislación se la saltan a la torera para fines mucho más discutibles?

Moteros, hosteleros, hoteleros y ciudadanos aborregados y afectados por la suspensión de Pingüinos, antes de hacerle el juego a la autoridad y permitirle que saque tajada electoral de su error, pregúntense quién es el verdadero responsable de que esa cita no se celebre, el que se negó a hacer la vista gorda por un bien común o el que incumplió la ley.

Juzgue cada cual.