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Como tantas otras cosas en España, la justicia – lo escribo con minúsculas para no confundirlo con el principio moral – precisa de un arreglo en profundidad. Este fin de semana ha sido muy activo en cuanto a las justas reclamaciones para denunciar que la administración de los tribunales necesita más medios y más funcionarios. Porque las justicia española es lenta, muy lenta y, a tenor de lo que dicen algunos, vulnerable por la parte de atrás.

Puede que muchos ciudadanos honestos se hayan lamentado, echado las manos a la cabeza, indignado, irritado, deprimido o sentido decepcionados ante el nuevo y espectacular bandazo que acaba de dar nuestro más alto tribunal en relación con el ya famoso tema de quién es el obligado al pago del IAJD en las hipotecas.

Una juez de Barcelona falló a favor de un demandante la retroactividad total de una cláusula suelo del del Banco Popular sobre su piso.

La condena de dos ex militares por el papel que desempeñaron en la violencia sexual y la esclavitud doméstica a las que fueron sometidas 11 mujeres indígenas en una base militar durante el conflicto armado interno de Guatemala, en la década de 1980, constituye una gran victoria para la justicia en el país.

Los gobiernos tienen la inexcusable obligación de gobernar para el Pueblo, gestionar lo público y evitar favorecer a los de siempre. Una de las principales responsabilidades es la de procurar que la Justicia sea imparcial, rápida, transparente y eficaz. No se trata de impartir justicia, eso ya lo hace el poder judicial, se trata de promover leyes y establecer mecanismos y dotaciones humanas, técnicas y administrativas para que el llamado “tercer poder” pueda actuar con presteza y equidad.

Qué poco original sería tratar en estas líneas los problemas de la infanta Cristina. Si algo ha marcado la actualidad informativa del fin de semana, tanto en España como fuera de ella, es la declaración de Su Alteza Real en los juzgados de Palma de Mallorca como imputada dentro del ya inabarcable caso Nóos. Claro que en otros países el interés por este asunto se diluye, pero aún así el hecho, nunca común, de ver a la hija de un rey respondiendo de sus actos ante la justicia es algo que despierta la curiosidad y, por qué no admitirlo, el morbo de los pobres mortales de todo el mundo. Por ello, seguirán corriendo ríos de tinta y minutos de diarios radiados e informativos televisados.

Esta imputación es para unos un daño a la imagen de España, mientras para otros un buen paso de la justicia, al tratar a la Infanta como a cualquier otro ciudadano español frente a la Ley.

Engañamos a nuestros hijos con mentiras piadosas como Papá Noel o los Reyes Magos, y además intentamos que este engaño permanezca el mayor tiempo posible no sólo por ellos sino por nosotros mismos, quizás porque nos gustaría que existiese aquello que nos devuelva la esperanza de que la utopía esté a nuestro alcance.

Lamentablemente estamos asistiendo a una campaña electoral donde abundan candidatos que hablan de la “seguridad” reduciendo todo a las cámaras de vigilancia y a más medidas represivas, pero que no hablan de cómo enfrentar el problema del crimen organizado como la trata, el narcotráfico y los talleres esclavos, ni tampoco de la desigualdad, la marginalidad, la violencia social y estructural. Que no tienen la capacidad, ni la voluntad política de enfrentar el grave problema que viven los niños en estado de riesgo social, ni de la complicidad de ciertos sectores de poder con esas redes mafiosas.

Apenas ha pasado el tiempo estival, por lo que ahora toca poner en orden todas las ideas que han surgido en la mente.
El mundo de la grandeza y el de la bajeza, así como el de la posibilidad de la utopía: La posibilidad de alcanzar la consecución de un mundo mejor, con la única premisa de querer hacerlo, con la suma de voluntades individuales.