Una de ellas es el fenómeno del acaparamiento de tierras por parte de empresas extranjeras, también conocido en inglés como “land grabbing”. Esto es la compra de grandes extensiones de tierra para monocultivos que se destinan a la exportación o para la producción de agrocombustibles.
En la mayoría de los casos se están transfiriendo tierras destinadas al cultivo de alimentos, lo cual pone en peligro la ya debilitada capacidad de la población campesina para producir su comida.
¿Qué es el acaparamiento?
La riqueza de los países occidentales en los últimos siglos fue posible, en parte, agracia a la colonización de África. Doscientos años después, vivimos una nueva colonización de las tierras, ya no bajo regímenes políticos explotadores sino bajo el imperio de las transnacionales.
Se trata de empresas que invierten vendiendo “desarrollo” cuando en la mayor parte de los casos producen justo lo contario: desplazamiento de poblaciones campesinas forzado de sus tierras de cultivo, la imposibilidad de acceder a tierras, cambios en los precios de los alimentos de mercados locales, erosión de sus medios de vida, etc.
Desde al año 2000 la compra masiva de tierras ha supuesto la compraventa de 83,2 millones de hectáreas, lo que supone un 1,7% de la tierra cultivable sobre el planeta. En su mayor parte estas transacciones se han realizado a partir del 2008, cuando se disparó el precio de las materias primas, que no olvidemos, cotizan en bolsa.
Agrogeba es una compañía agrícola española que llegó a la región de Sare Djae y Tchutcho, en Guinea Bissau en 2010 para cultivar arroz local y venderlo a precios bajos. Todo suena muy apropiado en un país donde 2/3 de la población sufren hambre crónica. El problema es que, según la población local, la llegada de la empresa española sólo ha creado más hambre, enfermedades y peores condiciones de vida para las mujeres que antes cultivaban esas tierras. 600 personas fueron expulsadas de sus tierras sin previo aviso.
Según la empresa, todo es perfectamente legal. La tierra es propiedad del Estado y las negociaciones se realizaron en 2010 con el primer ministro de Guinea (ahora exiliado y cesado). El informe realizado por Alianza por la Solidaridad e Intermon Oxfam “Marca España: inversiones que generan pobreza” explica que la autoridad local recibe periódicos pagos por parte de la empresa para mantener la situación de ocupación.
Lo que sí está demostrado es que la empresa no ha cumplido sus promesas sociales: la construcción de una escuela, entrega de máquinas para el cultivo a los habitantes de la región o, lo que es más grave, la comercialización del arroz a un precio más bajo que el arroz importado. Ante ello se limita a alegar falta de beneficios.
Las condiciones laborales por su parte son más que cuestionables, porque a los trabajadores no se les hace contrato y muchas veces se les sustituye el salario por arroz. Las familias han tenido que eliminar una de las 3 comidas diarias que hacían tras la llegada de Agrogeba. Vemos como mientras los inversores consideran la tierra como una forma de invertir, para los africanos es muchas veces su única fuente de alimento y de vida.
¿Cómo se para esto?
“En primer lugar es necesario introducir la perspectiva de coherencia de políticas en las inversiones en África. Las embajadas y las Cámaras de Comercio no pueden hacer la vista gorda antes los impactos sociales y ambientales de nuestras empresas aunque esto les de beneficios”, explica Almudena Moreno, responsable de la campaña de Inversiones Responsables en Alianza por la Solidaridad.
Además es necesario seguir trabajando en los países en Leyes de Tierras que promuevan en consentimiento de las comunidades afectadas antes de ceder las tierras a manos extranjeras. Y que se cumplan. Por otro lado, los tratados internacionales que afectan a las inversiones de empresas en adquisición de tierras deben contar con medidas punitivas en caso de vulneración de derechos, porque son, hasta ahora con lo que se cuenta es con directrices voluntarias.
La rentabilidad de estas empresas la pagan los afectados. “La hipocresía de la comunidad internacional me enfurece”, comenta Lazaro Bustince, director de la Fundación Sur. “Todas estas charlas de derechos humanos, constituciones, respeto se convierten en hipocresía. Están hablando de derechos humanos cuando los esclavizan y empobrecen. La gente no es pobre, se la empobrece. La gente no es esclava, se la esclaviza”.
Frente a la especulación sobre los precios y el acaparamiento de alimentos fomentados por las empresas transnacionales de la alimentación y los fondos de inversión, movimientos como Vía Campesina defienden que el sistema agroecológico de producción de alimentos a pequeña escala es el que da la mejor respuesta a las demandas del presente y del futuro.
Desde las ONG debemos trabajar para acercar estas problemáticas a la ciudadanía, para impulsarla a ser motor de cambio y acompañarla en ese camino. Pues también las ONG necesitan de una sociedad civil activa que exija a sus representantes políticos el cumplimiento de sus compromisos internacionales, los derechos humanos a nivel global y un mundo más justo, más solidario e inclusivo.
Organizaciones como Alianza por la Solidaridad, Amigos de la tierra, Ecologistas en Acción, Veterinarios sin Fronteras o Intermon Oxfam fomentan campañas de lucha contra el acaparamiento de tierras y recogen testimonios de las atrocidades que se están cometiendo.
Ser rentable es el objetivo principal de las empresas. Lo que no podemos permitir, como sociedad, es que el enriquecimiento de unos sea a costa de la pérdida de los derechos de otros.
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