Es difícil entender por qué la mitad, y un poco más, de un país vota en contra de la paz. Contra un acuerdo de paz, que es el mejor estructurado en la historia de Colombia y que tiene el apoyo de toda la comunidad internacional, principalmente, porque se enfoca en las víctimas. Y para entender esto, inicialmente, se debe aclarar que los colombianos no votaron en contra de la paz, pues si en algo coinciden los del “SI” y los del “NO”, es que ambos quieren la paz.

Colombia es una democracia. Y la democracia habló; no de paz, habló, nos guste o no, sobre la polaridad del país; sobre una división por mitades entre el “SI” y el “NO”. Y eso, es una absoluta realidad que nos reta, nos reta al diálogo, a la verdad, al consenso. Nos reta, a aceptar nuestras diferencias y aún así, construir un país en el que quepamos todos.

El presidente Santos, hizo su tarea; fueron 6 años de diálogos, incluyendo la intermediación internacional, para llegar a un acuerdo de paz que desarmaba a las FARC y las sometía al “Estado de Derecho” colombiano; un logro tan grande, como impensable hace unos años. Y aunque con su firma era suficiente para darle validez al “Acuerdo de Paz” logrado, decidió refrendarlo con un plebiscito, preguntándole al pueblo sí “SI” o “NO” aprobaba los acuerdos, y ganó el “NO”. El presidente asumió un riesgo democrático válido; porque era necesaria la aprobación del pueblo, la paz no se puede imponer; sin embargo, era un riesgo muy alto, y perdió.

El triunfo del “NO” deja sin bases jurídicas al “Acuerdo de Paz”, lo que en la practica significa que dicho acuerdo no se puede poner en práctica; constitucionalmente, no se ha firmado, no existe. Esta incertidumbre jurídica, política y social, obliga al Presidente de la República a llegar a un acuerdo con los líderes del “NO”, quienes deben aprobar los acuerdos después de incluir sus modificaciones; modificaciones que, obviamente, también deben ser aceptadas por las FARC. En otras palabras, el triunfo del “NO” obliga al gobierno a ser un intermediario, sin voto, en un diálogo entre la extrema derecha y la guerrilla de las FARC.

El Presidente Santos habló con grandeza, el mejor discurso de su gobierno, dando tranquilidad a todos. Aceptó, como demócrata, el triunfo del “NO” y reconoció la necesidad de revisar los acuerdos de paz incluyendo a los ganadores, a quienes invitó a un gran diálogo nacional por la paz. También afirmó, que el cese al fuego bilateral continuará activo en todo el territorio nacional.

El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, habló sobre su compromiso con el cese al fuego y sobre su voluntad de diálogo. Sin embargo, también dijo, que creen que el acuerdo ya firmado es inmodificable y parece no entender el limbo jurídico y político en el que se encuentran. Es por esto, que la incertidumbre sobre el resurgimiento de la guerra, no es un temor infundado, es una realidad latente que aumenta en la medida que se dilate el acuerdo sobre el acuerdo, el “Reacuerdo de Paz”. Ya que, el cese al fuego solo se mantiene por la buena voluntad de las FARC y por su credibilidad en una sociedad civil, que ya les falló deslegitimando el acuerdo.

La situación de Colombia hoy, su limbo institucional, requiere de celeridad. Celeridad en resolver la situación con las FARC, no sólo por el riesgo de la guerra; el cual ya es, suficientemente, abrumador; si no, porque esto afecta desde la gobernabilidad hasta la economía del país. De no firmarse pronto el reacuerdo con las FARC, el país entraría en un caos político, económico y social sin precedentes. El solo impacto de la noticia, afectó la tasa cambiaria, bajó el índice de la Bolsa y bloqueó la inversión extranjera.

El Presidente Santos, además de la paz, fue el gran perdedor de este plebiscito. Su, ya depreciado, capital político sufrió una gran pérdida y su gobernabilidad quedó comprometida. Sus posiciones políticas; aun, no relacionadas con el proceso de paz, mientras no se firme el “acuerdo”; podrían estar sujetas a la presión de quienes ahora tienen el poder de firmar el “Reacuerdo de Paz”. Si el presidente quiere salvar su capital político, su presidencia, el proceso de paz y a Colombia, tiene que demostrar sus dotes de estadista, su capacidad política y su habilidad diplomática, para darle esa celeridad necesaria a la firma del “Reacuerdo de Paz”.

Lo cual no sería difícil, si la voluntad política del liderazgo del “NO”, realmente, fuera reformar el “Acuerdo de Paz” para buscar una paz con más justicia. Para esta gestión, sólo sería necesario que pasen sus propuesta de cambio en los acuerdos; las cuales, tienen supuestamente, muy estudiadas; para así, ponerlas a discusión con las FARC y firmar prontamente, el “Reacuerdo de Paz”. Una gestión que, a lo mucho, se tomaría algunos días.

Sin embargo, eso no va a pasar; porque en Colombia, no se votó por la paz; ni siquiera, se votó por el acuerdo de paz, tampoco hubo una fiesta democrática; lo que pasó en Colombia, en el “Plebiscito por la Paz” del 2 de octubre de 2016, fue que el populismo vulgar arrasó con la democracia idealista.

El populismo, aquel que busca las emociones primarias, la pasión, sobre el conocimiento. En Colombia, la campaña por el “NO” poco habló de los acuerdos, cuando lo hizo, fue para mentir. Su campaña siempre busco exaltar el odio, hacia los guerrilleros, hacia el Presidente Santos, hacia el expresamente Gaviria y hacia todo aquel que apoyara el “SI”. Juan Carlos Vélez, senador uribista, director de la campaña del “NO” dijo después de su triunfo: “La campaña del “NO” fue una estrategia basada en la indignación… Estábamos buscando que la gente saliera a votar “verraca” -con rabia-”.

Y lo lograron, los colombianos no votaron por el acuerdo de paz, la mitad, y un poco más, votaron por “NO entregarle el país a la guerrilla”, “NO al castrochavismo que se quiere tomar el país”, “NO a que Santos y la guerrilla se repartan la plata del narcotráfico”, “NO a más impuestos”, “NO” a la dictadura de Santos”, “NO a que quiten las pensiones a los ancianos para darle ese dinero a los guerrilleros”, “No al acuerdo que quiere instaurar el homosexualismo”, ” NO al tratado que impone el satanismo como religión del país”… la lista de exabruptos es interminable.

Si, lo lograron. Ganó el “NO”. Y para entender este populismo voraz, hay que entender la intención que lo respalda, la intención de su líder, el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez. El gran triunfador de este plebiscito. Un gran líder con excelente oratoria, que atrae a las masas. Con características e intencionalidades similares a Putin, Le Pen, Trump, Chaves y Ortega.

A Uribe, poco le importa la paz; de hecho, poco le importa Colombia. No le duelen los soldados muertos, ni los guerrilleros; mucho menos, que los campesinos pobres del país se maten, entre si, por el odio de sus líderes, por su odio; o peor aún, por sus objetivos políticos o personales. A Uribe solo le importan dos cosas, recuperar el poder y lograr la impunidad para él y los “suyos”; ambas, íntimamente relacionadas. En estos dos objetivos se basa su estrategia, sus decisiones y sus acciones políticas. Recuperar el poder, no merece mucha explicación si nos remitimos a su vanidad. Sin embargo, la impunidad si lo merece. Para no caer en juicios a “priori”, es menester remitirse a los hechos, hechos públicos y comprobados:

Los de él. Históricos. Siendo director de la Aeronáutica Civil, 1980-1982, durante sus 28 meses en el cargo, concedió casi las mismas licencias que en los 35 años anteriores; de esas licencias, mas de 200, hoy esta comprobado, fueron para el Cartel de Medellín. En 1981, el padre de Uribe fue asesinado en un asalto de las FARC en su finca, cuando Uribe supo del ataque, se fue hacia la zona en un helicóptero de propiedad de Pablo Escobar. Siendo alcalde de Medellín, 1982, Uribe presentó en Bogotá el programa “Medellín sin tugurios”, se supo después, que no era un programa de la alcaldía, sino que era un plan de Pablo Escobar, que en ese momento estaba tratando de surgir en la política. Fue destituido de la Alcaldía de Medellín, 1982, en la que sólo duro 5 meses, por el presidente Belisario Betancur por supuestos vínculos con el narcotráfico. Documento del Archivo Federal de Seguridad de EEUU de 1991 donde Álvaro Uribe aparece en el número 82 referenciado como hombre del cartel de Medellín y amigo de Pablo Escobar. Sólo para nombrar algunos hechos.

Más de él. Actualmente, tiene investigaciones pendientes. Se han enviado solicitudes de magistrados y fiscales a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, única instancia que puede investigar a un expresidente, para que se investigue al expresidente por varios delitos de lesa humanidad y contra el Derecho Internacional Humanitario -DIH-: masacre, paramilitarismo, asesinato y tortura.

En septiembre de 2013. El magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, ordenó que se investigue a Uribe por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares. El mismo tribunal compulsó copias para que se investigue al exmandatario por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997 cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia; un grupo de paramilitares llevó a los campesinos a la plaza central, acusándolos de colaboradores de las FARC; durante 7 días sometieron al pueblo, asesinaron a 17 campesinos, robaron más de 1.000 cabezas de ganado, quemaron sus casas, destruyeron el hospital y la iglesia; además, desplazaron a cerca de 1.200 personas. En octubre de 2014, una fiscal de la Dirección de Análisis y Contexto compulsó copias para que se investigue a Uribe dentro del proceso de tortura psicológica a la periodista Claudia Duque, quien tuvo que salir del país. En enero de 2016, la Fiscalía señaló a Uribe y trasladó copias para que se investigue por su presunta participación en la muerte de Pedro Juan Moreno, quien fuera su secretario de Gobierno cuando era gobernador de Antioquia y quien murió en el 2006 cuando el helicóptero en el que viajaba se accidentó. Además, hoy, existen más de 250 procesos contra Uribe que reposan en la Corte Suprema de Justicia.

Los de los “suyos”, de su gobierno. Condena proferida por la Corte Suprema de Justicia contra dos exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, por sobornar a una Congresista para votar a favor de la reelección de Uribe. La exdirectora del DAS -Seguridad e inteligencia del Estado- María del Pilar Hurtado, en la cárcel por intercepción de llamadas, seguimiento y campañas de desprestigio contra periodistas, jueces y políticos “contrarios” a Uribe. Otro de sus ministros, Andrés Felipe Arias, fue condenado por desviar fondos. Jorge Noguera, otro director del DAS, condenado por vínculos con grupos paramilitares. También condenados dos exsecretarios de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno, Alberto Velásquez. Dos consecutivos jefes de Seguridad en la Presidencia, generales Mauricio Santoyo y Flavio Buitrago condenados por apoyo a narcotraficantes y paramilitares. La lista es aún más larga, pero no es necesario extenderla. Para terminar, basta con decir que más de 50 congresistas uribistas fueron condenados por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Además, falta anotar, que hay cientos de militares y policías que han sido condenados por delitos, dentro del marco del conflicto armado, durante su gobierno.

Los de los, aun mas, “suyos”. De su familia. Su hermano, Santiago Uribe, está privado de la libertad acusado por la creación del grupo paramilitar “los 12 Apóstoles”, responsabilizado de decenas de muertes en Antioquia, deberá responder por homicidio agravado y concierto para delinquir. El senador Mario Uribe, primo hermano de Álvaro Uribe, fue condenado por alianza con grupos paramilitares en Córdoba. En 1996, tres parientes del expresidente colombiano, entre ellos dos primos, Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, también familiares del Clan Ochoa del Cartel de Medellín, fueron condenados por liderar una banda paramilitar conocida como “Los Erre”, por el asesinato y tortura de, por lo menos, 50 personas. Jaime Alberto Uribe Vélez, otro hermano del expresidente, fallecido, fue apresado en 1986 porque desde su radio-teléfono la Inteligencia Militar registró llamadas a Pablo Escobar. La sobrina y la cuñada de Uribe, viuda de su hermano Jaime Alberto, Ana María Uribe y Dolly Cifuentes Villa, fueron apresadas con fines de extradición a Estados Unidos, acusadas de tráfico de cocaína y lavado de activos en sociedad con “El Chapo Guzmán”, ambas mujeres pertenecen al Clan Cifuentes Villa que, de acuerdo con la DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y lavó dinero del narcotráfico en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México.

El expresidente Uribe siempre ha dado explicaciones, no muy claras, sobre estos hechos, les llama “persecución política”; pero, tantas casualidades, permiten vislumbrar causalidades y así entender, intencionalidades.
Conocido el escenario, el perfil del líder y su intencionalidad, podemos develar su estrategia. El escenario: Un país en incertidumbre, con la gobernabilidad comprometida. El perfil: Un “caudillo mesiánico populista”. La Intención: El poder y la impunidad.

Recuperar el poder, su primer y más importante objetivo, le da la posibilidad de lograr el segundo, la impunidad. Aunque de otro modo, lograr primero la impunidad; firmada por el Presidente Santos y posando de prócer de la paz; le daría vía libre al poder. Un éxito político contundente.

Para un populista, el escenario de un país en crisis, es el ideal. El poder que le da el triunfo del “NO” le da gran capacidad de maniobra. Ese triunfo político, lo convierte en un Superparlamentario o un pseudopresidente con un poder inmenso; que además, le quita gobernabilidad al Presidente Santos. Esto, mientras no se firme el “Reacuerdo de Paz”. Por eso Uribe, no va a perder esta oportunidad; por eso, no va a aportar nada a la celeridad que necesita la firma del “Reacuerdo de Paz”. Todo lo contrario, va a hacer todo lo posible por dilatarlo, por demorarlo, por crear, aún más incertidumbre. Claro, culpando siempre al Presidente Santos.

Y no será, una demora de semanas o meses, intentará demorarlo años, ojalá dos, hasta las próximas elecciones presidenciales. Eso, le daría la oportunidad de aumentar más la incertidumbre y sumergir el país en crisis, en desesperanza, en caos. Culpando siempre a Santos y a cualquier otro que pudiera hacerle oposición política, complementándolo con una campaña directa de odio y difamación. Y claro, mostrándose él como el caudillo, el mesías que solucionará todo, que salvará la patria. Esto, le daría el suficiente capital político para elegir como presidente a alguno de sus “vasallos” y así, hacer una reforma constitucional que le permita, a él mismo, regresar al poder.

Claro está, que esa reforma constitucional, en el escenario actual del país, se podría lograr antes. Buscando el caos o, por lo menos, la sensación de caos, sumado a los innumerables inconvenientes para la firma del “Reacuerdo de Paz” que se inventará. Le daría la oportunidad de pedir una Asamblea Nacional Constituyente para lograr la paz de Colombia. Así, además de desestimar el acuerdo ya firmado, para autoproclamarse como prócer de la paz; lograría cambiar los artículos de la “Constitución Política de Colombia”, que no le permiten volver al poder. Es decir, buscaría que se aprobaran la elección de expresidentes y la reelección perpetua de presidentes en ejercicio. De esta forma, se ahorraría el esfuerzo de la campaña para subir a la presidencia a uno de sus “vasallos” y asumiría, él mismo, la candidatura para retomar el poder, elecciones en las que seria imparable.

Por otro lado, la impunidad, su otro gran objetivo. Es el gran inconveniente que Uribe le ve al “Acuerdo de Paz”, ya firmado; pues de ponerse en marcha lo acordado, la impunidad que busca no seria posible. A Uribe no le molesta el acuerdo, de hecho, él lo hubiera firmado igual, excepto por el modelo de “Justicia Transicional” acordado, en especial, el “Tribunal Especial para la Paz”. Este, le daría la oportunidad a todas esas personas, investigadas o condenadas relacionadas con él; incluyendo policías y soldados de todos los rangos, con penas en su mayoría superiores a 5 años, muchas de más de 20 años; a acogerse a dicho tribunal y solo diciendo la verdad, esas penas podrían bajar a 5 años, o incluso quedar libres. Verdad que no le conviene a Uribe, ni a los “suyos”. Verdad que no le permitiría lograr esa impunidad que tanto busca.

La impunidad es una realidad en Colombia, según Human Rights Watch, 2013, “Menos de un 1 % de los cerca de 50.000 casos de desplazamiento investigados por la Justicia han acabado en condena, un hecho que transmite a los responsables que no tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos”. Además, en las zonas de mayor desplazamiento, hoy ocupadas por paramilitares, las autoridades judiciales restan seriedad a la naturaleza de las amenazas, no se contactan con las víctimas o se niegan a recibir las denuncias. Este proceder, según HWR, “demuestra que algunas autoridades carecen de la voluntad para impulsar esos casos, lo cual profundiza la desconfianza de las víctimas, provoca que muchas amenazas no se denuncien y prácticamente elimina cualquier posibilidad de rendición de cuentas”.

El Tribunal Especial Para la Paz es, tal vez, lo más valioso del “Acuerdo de Paz” ya firmado. Ya que le da la oportunidad a Colombia de saber la verdad; de conocer la verdad de la guerrilla, pero también de los paramilitares y del Estado; y de todos los actores de este conflicto armado. Esa, es la única posibilidad que tiene el país; no solo para perdonar y sanar las heridas, sino de construir una paz estable y duradera. Sin embargo, esta posibilidad se perdió porque no le conviene a Uribe. Por eso, no puede aceptar los acuerdos y por eso, ese será el inconveniente más grande que tendrá para negarse a firmar el “Reacuerdo de Paz”, aunque públicamente, se inventará otros inconvenientes, a algunos de los cuales renunciara, metódicamente, hasta lograr tumbar este Tribunal.

Es por esto, que en sus primeras declaraciones después del triunfo del NO, se refirió, faltando a la verdad y desinformando, como es su costumbre, a que una de las cosas que no le gusta del “Acuerdo de Paz”, es el modelo de Justicia Transicional porque pone a los soldados y policías en las mismas condiciones, al mismo nivel que los guerrilleros. “No es justo que a los soldados, héroes de la Patria, los obliguen a someterse al tribunal de las FARC”, dijo; porque según él, los jueces de dicho tribunal serán elegidos por las FARC. Lo cual, obviamente también es mentira, pues los 72 magistrados de la Jurisdicción para la Paz serían elegidos por delegados de: el Papa Francisco, quien declino la invitación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los magistrados de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

Tumbar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es otro de sus objetivos, no necesariamente por él, sino por “otros”. Para los paramilitares quedar impunes es bueno, pero perder las tierras que con tanto esfuerzo, de años desplazando campesinos, se han conseguido, sería un despropósito. El territorio colombiano es el lugar con mayor número de desplazados internos en el mundo, siendo esto confirmado por el informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR, 2016-. En la actualidad, Colombia tiene 6.3 millones de desplazados, por paramilitares, bandas y el Estado -65%- 4,1 millones y por la guerrilla -35%- 2,2 millones. Según Human Rights Watch, 2013, en Colombia, se calcula que unos seis millones de hectáreas han sido usurpadas por grupos armados, sus aliados y terceros.

En Colombia la guerra es por la tierra, históricamente, los paramilitares, formados o patrocinados por terratenientes, políticos y narcotraficantes desplazan a los campesinos para robar su tierra; lo que se les facilita, por el inmenso atraso del país en la titulación de tierras; los campesinos no poseen un título de propiedad de su tierra porque en el país nunca ha habido la voluntad política para lograrlo. La guerrilla desplaza por los combates para controlar o recuperar la zona; a la guerrilla no le interesa desplazar a los campesinos, porque lo que le interesa es ocupar un territorio habitado para adoctrinar a su gente y obligarla a cultivar coca.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es la ley más justa, más noble y más valiente que se ha hecho en Colombia en los últimos 50 años. La mejor forma de reparar a las víctimas y hacer justicia. Según Human Rights Watch, 2013, “la restitución es la iniciativa más importante de Derechos Humanos impulsada por el Gobierno de Juan Manuel Santos”. Para Amnistía Internacional, 2012, “El gobierno colombiano ha presentado esta Ley como herramienta que permitirá restituir millones de hectáreas de tierras, despojadas como resultado de abusos y violaciones de derechos humanos, a sus propietarios legítimos”. Esta ley es muy valiosa, porque reconoce la existencia de un conflicto armado, a lo que Uribe se ha negado sistemáticamente. Con esto, Colombia admite la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario -DIH- y así, la población civil recibe el derecho de ampararse en él.

Además, La Ley dispone reparaciones integrales para sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos, cometidos en el contexto del conflicto armado. Sin embargo Uribe, se refiere a La ley de Víctimas y Restitución de Tierras con frases como: “Restituir es volver a encender la guerra por la tierra” y “La ley de restitución de tierras, no le conviene al país, es estimular una guerra de clases”.

Todd Howland, 2016, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó: “sectores políticos y económicos poderosos han difundido mensajes en eventos públicos señalando que los procesos de restitución beneficiaron a grupos guerrilleros para que recuperaran el control estratégico de algunas zonas”, señalando que detrás de dicha campaña hay intereses particulares. Howland insistió: “Es necesario entender que no se puede revictimizar a los despojados, señalándolos de guerrilleros, pues tienen el derecho de regresar a las tierras de las que fueron desplazados por el conflicto, estos son víctimas del conflicto, no son guerrilleros; en este país tildar a alguien de guerrillero implica que puede ser amenazado o asesinado”. Refiriéndose a FEDEGAN (Federación de Ganaderos), fortín del uribismo, Howland dijo: “Es importante entender quiénes tienen intereses, por ejemplo, en Córdoba, quiénes son miembros de FEDEGAN, es claro, que algunos de ellos ganaron sus tierras por medio de despojos masivos y claro que ellos no quieren entregar estas tierras”.

El sacerdote Jesús Alberto Franco, director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dijo en 2013: “Por todo lo que hemos vivido en diferentes regiones del país, el problema para la restitución de tierras ha estado fuertemente influido por el entorno de Álvaro Uribe Vélez… Han querido bloquear este proceso y los esfuerzos para garantizar que los que han sido propietarios tradicionales, que con violencia, sobre todo a través del paramilitarismo, fue despojada de sus tierras, pueda demandar en derecho y recuperar sus tierras…hay una mano oscura que interrumpe la restitución de tierras y tiene mucho poder dentro de las diferentes instancias, tiene poder dentro de la criminalidad y poder dentro de las Fuerzas Militares y de Policía … Lo más grave es que quienes dicen la verdad, se consideran los enemigos, y quienes cometen los delitos son los que aparecen como si fueran víctimas”.

Human Rights Watch, en 2013, presentó un informe: El Riesgo de Volver a Casa. Violencia y Amenazas Contra Desplazados que Reclaman Restitución de sus Tierras en Colombia, en él asegura: “Los grupos herederos de los paramilitares que siguen ejerciendo violencia y la impunidad son los principales obstáculos para la restitución de las tierras despojadas a campesinos durante el largo conflicto armado… En la mayoría de los casos de asesinatos a líderes de restitución de tierras, tentativas de homicidio, secuestros, múltiples amenazas y nuevos incidentes de desplazamiento forzado, la evidencia sugiere, en forma persuasiva, a grupos sucesores de los paramilitares, unidos a ganaderos, políticos y narcotraficantes… el patrón de abusos se extiende por todo el país, aunque focaliza la mayoría de los casos en las regiones que fueron feudos paramilitares y, aún hoy, con una significativa presencia de estos grupos”.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, aunque está relacionada con el acuerdo de paz, ya es Ley de la Republica; entonces para eso, no solo hay que tumbar el tratado, sino tumbar esa ley, y para tumbar una ley se hace muy conveniente una Asamblea Nacional Constituyente, que se hará, como se anoto antes, preferiblemente antes de elecciones, o si no, cuando su “vasallo” esté en el poder.

Este es el escenario que deja el triunfo del “NO”. Todo un país en manos de un “caudillo mesiánico populista”, a quien poco le importa el país. Medio país, le dio la oportunidad de destruir la paz, para lograr sus objetivos personales.

Si los colombianos quieren salvar la paz, su país, su democracia, sin convertirse en “The Uribes’s Banana Republic” este es el momento en el que, Colombia tiene que decir NO al populismo.