Los mercados de emisiones, la principal herramienta financiera para luchar contra el cambio climático, continúan siendo víctima de actividades fraudulentas

El grupo, con sede central en Berlín, calcula que para 2020 las inversiones globales en este sentido serán de casi 700.000 millones de dólares (472.000 millones de euros). “Donde fluyen grandes cantidades de dinero a través de mercados financieros nuevos y sin supervisión, siempre hay un riesgo de corrupción”, advierte el informe.

TI añade que los mercados de emisiones, la principal herramienta financiera para luchar contra el cambio climático, continúa siendo víctima de actividades fraudulentas. Las acusaciones contra algunos promotores del sector han repercutido en la integridad del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM), encargada de fomentar la reducción de emisiones. Este sistema también ha recibido críticas por resultar demasiado opaco y por no ofrecer reducciones de emisiones adicionales.

“Es imperativo que se consideren estas lecciones en el establecimiento de nuevos mercados, y se utilicen para mejorar y reformar los mecanismos existentes”, aconsejan los expertos consultados por TI.

España y las fotovoltaicas

También en referencia a España, el informe pone como ejemplo los incentivos que ofertados por el Gobierno español en 2007 para aquellos que compraran energía solar y que, según los expertos, fue toda una “invitación al fraude”.

La ONG señala que 2007 España estaba a la vanguardia en el mercado de la energía solar gracias a una tarifa de inyección en virtud de la cual las empresas de servicios públicos debían comprar energía solar a tarifas altas establecidas por el Ejecutivo. Al respecto, destaca que el subsidio fue el más generoso a nivel mundial y, al estar sujeto a pocas condiciones, atrajo a desarrolladores a numerosos compradores numerosos países.

Según el periodista Tono Calleja, especializado en renovables, en 2009 se contabilizó un fraude de más de 800 millones de euros.

Pero la promesa de utilidades no sólo generó el escenario para que hubiera un auge de instalaciones de energía fotovoltaica –en 2007 se cumplieron las expectativas de producir 400 megavatios de electricidad solar previstas para 2010– sino que, ante la ausencia de un mecanismo de control riguroso, también resultó un incentivo para el fraude.

Así, ante la gran demanda España anunció una reducción en las tarifas de electricidad para centrales de energía solar instaladas después de septiembre de 2008 y estableció un límite máximo de 500 megavatios para nuevos proyectos, lo que propició que los desarrolladores se apresuraron para terminar las instalaciones antes de la fecha límite; o que declararan proyectos terminados a pesar de que no se había completado la instalación de paneles solares. El encargado de llevar a cabo el estudio de este caso, el periodista Tono Calleja, ha señalado que se ha contabilizado un fraude de más de 800 millones de euros en 2009.

Los mercados más vulnerables

“Las nuevas tecnologías que se necesitan para reemplazar los combustibles fósiles a menudo dependen de recursos naturales y es importante que las industrias que exploten estos recursos sean transparentes e informen públicamente los pagos efectuados a gobiernos, a fin de que los ciudadanos puedan controlar que las ganancias obtenidas se apliquen en su beneficio”,

advierte el informe de TI.

De manera similar, el trabajo señala que los gobiernos que venden tierras para la generación de biocombustibles -que, según se estima, en 2030 representarán el 10 por ciento de los combustibles para el transporte en muchas de las principales economías del mundo- “deben prever la participación y el control del público para garantizar que se respete el derecho a la tierra de las comunidades locales“.

Finalmente, Transparencia Internacional hace hincapié en la explotación forestal que, a su juicio, está entre los sectores más corruptos del mundo. Así, señala que la tala ilegal es una actividad que moviliza más de 10.000 millones de dólares por año y se ve favorecida por la corrupción en el sector aduanero y a nivel de las autoridades de administración de tierras.

En este sentido, indica los estudios de casos de Austria, Bangladesh, Bolivia, Colombia, Filipinas, Kenia, España y Estados Unidos muestran la dimensión global de los desafíos que enfrenta el planeta ante el cambio climático.

Ethic.es