La decisión de no aplicar la gracia otorgada por el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori representa un avance importante en la lucha contra la impunidad por los crímenes ocurridos en Pativilca, y reafirma la obligación del estado peruano de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, dijo Amnistía Internacional.
El pasado martes el Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Perú decidió no aplicar la gracia otorgada por el presidente Kuczynski el pasado 24 de diciembre, permitiendo que Alberto Fujimori sea finalmente juzgado por su presunta responsabilidad en los asesinatos de seis personas en la localidad de Pativilca, considerados crímenes de lesa humanidad.
“Hoy las familias de las víctimas y la sociedad peruana han logrado un paso importante contra la impunidad y el olvido. Continuaremos acompañando los reclamos de justicia hasta que se se esclarezca la verdad por los crímenes ocurridos en Pativilca y se garanticen los derechos de las víctimas y sus familias”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Ante esta decisión histórica, Amnistía Internacional demanda una vez más al estado peruano cumplir con su obligación de investigar y, de existir pruebas suficientes y admisibles en su contra, juzgar a Alberto Fujimori por los crímenes que se le imputan, además de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.
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