Situación insostenible
La campaña “La Ir-Responsabilidad Social d’Unión Penosa” arrancó motivada por la crisis humanitaria que está provocando Unión Fenosa en Nicaragua, con cortes del suministro eléctrico diario de 12 horas y que afecta a la totalidad de la población nicaragüense, generando problemas de incalculables consecuencias económicas y sociales.
La campaña denuncia la grave crisis humanitaria que está provocando Unión FENOSA en Latinoamérica, especialmente en Nicaragua, con cortes de suministro de larga duración que afectan a la totalidad de la población nicaragüense poniendo en peligro la salud pública. Los cortes afligen por igual a hospitales, hogares y empresas, así como a las plantas de agua potable. Todo esto viola los más elementales derechos humanos, lo que ha motivado que el pasado 28 de setiembre Unión Fenosa fuera demandada por la Red Nacional de Defensa del Consumidor frente a la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, demanda que fue admitida a tramite.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó el pasado 15 de noviembre a la empresa la decisión de iniciar un juicio administrativo de nulidad de contrato.
Frente a esta situación, más de 40 organizaciones sociales han impulsado esta campaña para exigir a Unión Fenosa que ponga fin a esta caótica situación, restituyendo e indemnizando a la población nicaragüense por los daños provocados y pidiéndole que abandone Nicaragua, renunciando a cualquier tipo de indemnización.
¿Desarrollo para
África o intereses para España?
Intermón Oxfam hace una dura crítica al Plan
África y reclama que la cooperación se desvincule de intereses políticos y económicos en la presentación de su informe anual “La Realidad de la Ayuda 2006-2007”
Intermón Oxfam ha presentado su informe anual “La realidad de la Ayuda 2006-2007” en el que se hace un repaso a la ayuda al desarrollo de España y de los países donantes, así como una dura crítica al Plan
África presentado por el Gobierno recientemente como una iniciativa para el desarrollo de
África subsahariana que llevaría conexo el control de la inmigración irregular. Según la ONG, “la incoherencia de políticas del gobierno y la defensa de los intereses españoles ponen de manifiesto que este plan es más una respuesta apresurada a la alarma migratoria, que una apuesta seria por contribuir al desarrollo de la región”.
El documento resalta que, mientras la agenda de cooperación oficial ha situado a
África como una de sus prioridades, multiplicando recursos y esfuerzos para reducir la pobreza en ese continente, otras políticas gubernamentales trabajan exactamente en el sentido contrario y cita algunos ejemplos:
España es el primer exportador de municiones a
África subsahariana, sigue canalizando la ayuda al desarrollo hacia estos países (pobres y endeudados) a través de créditos que crean más deuda y se ha opuesto a la reducción de los subsidios agrícolas en el seno de la Organización Mundial del Comercio, lo que supone una distorsión de las reglas comerciales e impide a los agricultores del sur vivir de su trabajo.
Recordemos que Rodríguez Zapatero fue el primer presidente en 15 años en poner el pie en la región viajando a Senegal, lo que supone un gran avance en la política exterior española en la región. Sin embargo, según se relata en el informe, el Plan
África recoge una batería de propuestas que hacen más referencia a los intereses económicos y políticos de nuestro país que a la necesidad de sacar a
África de la pobreza. El plan, según recoge el texto del documento, atiende a “las necesidades energéticas y de diversificación de fuentes de nuestra economía”, a la importancia de asegurar caladeros para el abastecimiento de nuestro mercado y la “actividad de nuestras empresas armadoras de pesca y el sector naviero”.
“La Realidad de la Ayuda 2006-2007”’ resalta que la atención a intereses comerciales y geoestratégicos que incorpora el Plan
África pueden ser legítimos desde el punto de vista de la política exterior española, pero no necesariamente ayudan a los objetivos de desarrollo de la región. Y advierte que “La utilización de la ayuda al desarrollo como moneda de cambio para que los gobiernos africanos levanten vallas, endurezcan controles migratorios o acepten la repatriación de emigrantes es una perversión de la cooperación al desarrollo y es inaceptable”.
En 2005, los casos de Camerún y Uganda llegaron al extremo de rembolsar a España en concepto de devolución del FAD más fondos que los que recibieron en concepto de AOD. Camerún, que sólo alcanza a dedicar un 1,2% de su PIB al presupuesto sanitario, reembolsó a España en 2005 hasta 4.526.034 euros, apunta el informe.
A nivel internacional cabe destacar el incremento de la ayuda al desarrollo de los países donantes que alcanzó en 2005 un total de 106.367 millones de dólares, lo que supuso un 31,4% de aumento respecto al año anterior. La contribución de los países donantes de la Unión Europea se incrementó en casi un 28%, representando un 0,44% del PNB combinado. Sin embargo, al igual que ocurre con el caso español, la mayor parte de esta subida se debe a operaciones de alivio de deuda externa. Si eliminamos esta partida del cómputo, el crecimiento de la AOD del conjunto de los 22 países donantes en 2005 se reduce al 8,7%.Un año más los países que lideran el esfuerzo en AOD son Noruega, Suecia, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca, que superaron la meta del 0,7%.
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Nicaragua y COPALAR
La Ley Especial para el Desarrollo del Sistema Hidroeléctrico Río Grande de Matagalpa, denominada COPALAR, no fue aprobada por la Asamblea Nacional saliente, y ahora será competencia de los futuros diputados, que tomarán posesión de sus cargos el próximo 9 de enero de 2007.
La Asamblea Nacional Nicaragüense iba a definir el marco jurídico para otorgar la concesión a la Empresa Nicaragüense de Energía Renovable y Ambiental (Energía SA), para el Desarrollo del Sistema Hidroeléctrico Río Grande de Matagalpa, incluyendo todos los procedimientos para expropiar los territorios afectados por el proyecto.
El megaproyecto hidroeléctrico Río Grande de Matagalpa prevé la construcción de tres represas y la inundación de aproximadamente 350 Km² (770 según los habitantes de la zona), afectando a más de 40 mil personas que viven en 30 comunidades situadas en los Departamentos centrales de Nicaragua.
Un documento difundido por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) fue distribuido a todos los diputados, en él, los afectados mostraban su disconformidad con el proyecto con el siguiente alegato:“Es evidente que Nicaragua necesita nuevos proyectos de generación de energía (geotérmicos, eólicos, hidroeléctricos), pero esto no significa que el país deba renunciar a explotar sus recursos más valiosos a favor de sus habitantes y entregarlos como regalía a grupos inescrupulosos, menos aún ponerlos al servicio de construir un monopolio que en lo fundamental dará más beneficios a los más ricos del país.
La ley –continúa el documento– “está hecha a la medida, para favorecer nuevamente a los “inversionistas”, para que se les regalen las tierras, el uso del agua, la
biodiversidad. Así, los “desarrolladores” –es decir, los colmilludos capitalistas nacionales y sus socios mexicanos (invisibles inversionistas extranjeros) – se apropiarán de una importante zona del país y de un valioso recurso que servirá para hacer grandes fortunas. Se repite la historia de los grupos surgidos a la sombra del Estado, una amalgama de curiosos “inversionistas” de vieja data y de ex funcionarios públicos que desde 1934 vienen saqueando a este país”.
De nuevo a las papeleras
Otro mundo es posible ya informó de la situación de la papelera finlandesa Botnia, ahora el conflicto se complica.
El gobierno uruguayo decidió retirar las tropas del ejército que custodiaban la planta que la papelera finlandesa Botnia está construyendo en la ciudad litoral de Fray Bentos, informaron medios de prensa de ese país.
Según el diario “La República”, la empresa le pidió al gobierno de Tabaré Vázquez que retirase los 60 soldados que vigilaban las afueras de la planta por considerar que tal medida “dañaba su imagen internacional”. La noticia añade que la Prefectura Nacional Naval seguirá patrullando la costa uruguaya frente a Fray Bentos y que la policía seguirá custodiando el interior de la planta.
Recordemos que el envío de tropas a la planta de Botnia, ubicada sobre el río que separa Uruguay de Argentina, ha generado una crisis entre ambos países y que el presidente argentino, Néstor Kirchner, había considerado la medida como una “afrenta”. Argentina lleva más de un año rechazando la construcción de ésta y otra papelera – de capital español -, sosteniendo que contaminarán el río que separa ambos países. Uruguay, por su parte, sostiene que la construcción de las dos plantas representa la inversión más importante que ha recibido el país en su historia.
Aunque la papelera española Ence trasladó su planta a unos 150 kilómetros al sur de Fray Bentos, la finlandesa persiste en su actitud. El conflicto por las papeleras sigue en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pendiente de resolución.
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Menos azúcar europeo
Alemania y Austria presentarán en el Consejo de Agricultura y Pesca una propuesta para que todos los países de la UE efectúen una misma reducción de su producción de azúcar para la campaña 2007-08.
Fuentes diplomáticas explicaron que la propuesta alemana y austriaca consiste en establecer una reducción lineal de la cuota de producción que tiene cada país de la UE para la campaña 2007-08, cuyo porcentaje se desconoce, con el objetivo de cumplir con los objetivos de disminución de las reservas de azúcar que se decretó en la reforma de este sector del año pasado.
La propuesta de Alemania y Austria se produce después de que en el pasado Consejo de Agricultura del mes de noviembre la comisaria de Agricultura, Marian Fischer Boel, denunciara ante los ministros que no se está haciendo lo suficiente para recortar la producción de azúcar a la luz de las peticiones de compensaciones para la reestructuración que ha recibido Bruselas. Reconoció que países como España, Italia e Irlanda sí ha cumplido con sus compromisos pero, en términos generales, advirtió que si los socios europeos no lo hacen voluntariamente, la Comisión se verá obligada a reducir las cuotas de producción por debajo de las que fijó la reforma del sector del año pasado .
“Si no conseguimos reducir la producción en Europa en aproximadamente cinco millones de toneladas, entonces no dudaría en recortar los contingentes”, advirtió la comisaria.