El “Informe Figueiredo” fue un encargo del ministro del Interior en 1967 y generó una ola de indignación internacional al revelar los crímenes contra la población indígena de Brasil a manos de poderosos terratenientes y el propio Servicio de Protección Indígena (SPI) del Gobierno. El informe llevó dos años más tarde a la fundación de la organización de derechos indígenas Survival International.
El documento, de 7.000 páginas, fue recopilado por el fiscal Jader de Figueiredo Correia, y detallaba los asesinatos en masa, las torturas, la esclavitud, la guerra bacteriológica, los abusos sexuales, el robo de tierras y el descuido generalizado contra la población indígena de Brasil. Algunas tribus fueron completamente erradicadas como resultado de estas prácticas, y otras resultaron diezmadas.
El informe fue re-descubierto recientemente en el Museo del Indio de Brasil y será considerado por la Comisión Nacional para la Verdad de Brasil, que investiga las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar entre 1947 y 1988.
Entre los atroces ejemplos recogidos en el informe, se describe la “masacre del paralelo 11”, en la que se arrojó dinamita desde un pequeño avión sobre una comunidad de indígenas “Cinta Larga”. Treinta indígenas murieron, y solo dos sobrevivieron para contarlo.
Otros ejemplos incluyen el envenenamiento de cientos de indígenas con azúcar mezclada con arsénico, y brutales métodos de tortura como aplastar lentamente los tobillos de las víctimas con un instrumento conocido como el “tronco”.
Las averiguaciones de Figueiredo generaron una ola de indignación internacional. En 1969, en un artículo titulado ‘Genocidio’ que apareció en el Sunday Times británico, el cronista Norman Lewis escribió: “Desde el fuego y la espada al arsénico y las balas: la civilización ha enviado a seis millones de indígenas a la extinción”. El artículo motivó a un pequeño grupo de ciudadanos preocupados a fundar Survival International ese mismo año.
Como resultado del informe, Brasil inició una investigación judicial en la que 134 funcionarios fueron acusados de más de 1.000 crímenes. Treinta y ocho de ellos fueron despedidos, pero ninguno fue a la cárcel por las atrocidades.
El SPI fue posteriormente desmantelado y reemplazado por FUNAI, la Fundación Nacional del Indio de Brasil. Sin embargo, a pesar de que largos tractos de tierra indígena han sido desde entonces demarcados y protegidos, los pueblos indígenas de Brasil continúan luchando frente a la invasión y la destrucción de sus tierras por los madereros, ganaderos y colonos ilegales, y la pérdida de tierras debido al agresivo programa de crecimiento del Gobierno, que planea construir decenas de grandes presas hidroeléctricas y abrir sus territorios a la minería a gran escala.
El director de Survival International, Stephen Corry, ha declarado hoy: “El informe Figueiredo es una lectura desagradable, pero, a pesar de ello, nada ha cambiado: cuando se trata del asesinato de indígenas, sigue reinando la impunidad. Los pistoleros continúan asesinando a indígenas rutinariamente, a sabiendas de que hay poco riesgo de acabar en los tribunales; ninguno de los asesinos responsables de matar a tiros a líderes guaraníes y makuxíes ha sido encarcelado por sus crímenes. Es difícil no sospechar que el racismo y la avaricia son la raíz del fracaso de Brasil a la hora de defender las vidas de sus ciudadanos indígenas”.
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