Supervivientes de la masacre de Haximu de 1993 en Brasil sostienen urnas con las cenizas de sus familiares. Los mineros de oro asesinaron a 16 yanomamis en el ataque. © C Zacquini/ Survival

La masacre en la comunidad yanomami de Haximú, en la Amazonia venezolana, fue perpetrada por veintidós buscadores de oro brasileños en 1993. En el brutal ataque los mineros dispararon a mujeres, niños y ancianos, y mataron a un bebé con un machete.

Las supervivientes de la masacre, Marisa y Leida Yanomami, contaron en una entrevista exclusiva: “Los buscadores de oro mataron a nuestros hermanos y hermanas y también mataron a nuestro padre con machetes; algunos fueron asesinados con pistolas (…) No podemos hablar mucho sobre ella porque nos entristece. Cuando hablamos sobre la masacre recordamos a nuestro padre”.

Veinte años después, los territorios yanomamis de Brasil y Venezuela siguen siendo invadidos por buscadores de oro ilegales, que contaminan los ríos con mercurio y destruyen la selva. Los ataques a los yanomamis continúan, a pesar de una operación llevada a cabo por las autoridades brasileñas para expulsar a los mineros de la tierra yanomami.

En Venezuela, los yanomamis temen una invasión a gran escala de su territorio, ya que la empresa estatal china CITIC ha sido contratada para explorar, cartografiar y catalogar las reservas minerales venezolanas, muchas de las cuales yacen en territorio indígena.

COIAM, una red de organizaciones indígenas en la Amazonia, ha condenado los planes de CITIC y ha declarado: “Solicitamos al Gobierno Nacional la revisión urgente de estos proyectos y la no implementación de los mismos en territorios y comunidades indígenas debido a los posibles impactos destructivos ambientales y socioculturales. La vida y sobrevivencia física y cultural de los pueblos indígenas de las futuras generaciones depende de la protección integral de su hábitat y tierras”.

En Brasil, los yanomamis se oponen firmemente a un proyecto de ley de minería que está siendo debatido en la actualidad por el Congreso brasileño y que, de aprobarse, abriría el territorio yanomami y otros territorios indígenas a la minería a gran escala, y traería a futuros invasores a sus territorios.

Cinco de los autores de la masacre de Haximú fueron declarados culpables de genocidio, una sentencia que ha sido aclamada como histórica y sin precedentes. Pero a fecha de hoy solo uno de los mineros permanece en prisión. Uno de los que cumplió parte de la pena volvió a dedicarse a la minería ilegal en territorio yanomami y fue capturado nuevamente el año pasado, durante la operación para expulsar a los mineros del territorio.

Davi Kopenawa, un portavoz yanomami, dijo a Survival International: “Nunca me he olvidado de Haximú. Los buscadores de oro mataron a dieciséis yanomamis y los mismos mineros regresaron. (…) Estábamos indignados porque los mineros nunca fueron castigados y no sufrieron como nosotros”.

Varias comisiones binacionales fueron establecidas como consecuencia de la masacre, incluida una para hacer seguimiento y frente a la minería ilegal. Sin embargo parece que lleva años inactiva. Survival ha escrito a ambos gobiernos pidiéndoles que cumplan sus acuerdos de controlar la minería ilegal y proteger el territorio yanomami.

Hay unos 30.000 yanomamis repartidos entre Brasil y Venezuela, y son el mayor pueblo indígena relativamente aislado de América del Sur. Una oleada de buscadores de oro ilegales diezmaron a este pueblo en la década de los 80: en Brasil uno de cada cinco yanomamis murieron por ataques violentos o enfermedades transmitidas por los foráneos.

El director de Survival International, Stephen Corry, dijo hoy: “Tanto Brasil como Venezuela continúan permitiendo que los buscadores de oro ilegales operen dentro del territorio yanomami, a pesar de conocer los horrores que han causado. Brasil pronto dará la bienvenida al mundo como anfitrión del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos, pero ¿es capaz su Gobierno de hacer cumplir las leyes dentro de sus propias fronteras?”

 

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