Las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador han alcanzado niveles alarmantes en el contexto del régimen de excepción, con más de 84.000 detenciones , muchas de ellas arbitrarias, y cientos de denuncias de torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.
Amnistía Internacional ha concluido que el derecho al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México es inexistente, en violación a las obligaciones nacionales e internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos. La organización ha expuesto sus conclusiones en un nuevo informe publicado, que documenta el trato recibido por personas migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos entrevistadas entre el 3 y el 9 de febrero.
El 14 de enero las autoridades cubanas anunciaron que “en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025” y tras conversaciones con el Papa Francisco excarcelarían 553 personas.
La respuesta de Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones con el Gobierno y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos, a la firma por parte del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva que retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En respuesta a la nueva cita de los ricos y poderosos en Davos en el foro que hoy comienza, Amnistía Internacional se ha pronunciado en ese sentido.
Es un modelo de “seguridad” a costa de los derechos humanos.
En ocasión de la visita oficial del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la Argentina, Amnistía Internacional llamó a las autoridades de ambos Estados a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos que sus países han adquirido.
En respuesta a los incendios sin precedentes que azotan a Suramérica, con varios millones de hectáreas ardiendo en la cuenca del Amazonas y en otras partes del continente, Amnistía Internacional ha publicado una carta abierta dirigida a las presidencias de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
En Latinoamérica, cientos de miles de personas han desaparecido debido a conflictos armados pasados y presentes, al crimen organizado y a crímenes de derecho internacional perpetrados por autoridades. De acuerdo con cifras oficiales, tan sólo en México, alrededor de 116,000 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas.
Dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 personas civiles y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso.
