Las tareas de Construcción de Paz como política de Estado en la historia de Colombia
La Construcción de la Paz en Colombia es una política de Estado. Así lo demuestran tres hechos fundamentales que se desarrollan superficialmente en este escrito.
En primer lugar, el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En segundo lugar, los esfuerzos realizados por parte de los gobernantes durante cerca de 200 años por construir una sociedad pacífica. Y, en tercer lugar, las iniciativas y acciones de promoción de la Paz que han venido siendo protagonizadas por la sociedad civil organizada en los últimos 30 años.
Al respecto y para iniciar, conviene recordar que la realización de procesos de Paz es una tarea frecuente en distintos periodos históricos de nuestra formación republicana. Vale la pena recordar que el primer proceso de Paz del cual tenemos mención en nuestra historia fue protagonizado por Simón Bolívar y Pablo Morillo. Se trataba de un armisticio que buscaba poner fin a las hostilidades que conocemos como Guerra de Independencia, posibilitando el retiro con vida de las tropas realistas y la salida pacífica de los peninsulares, principalmente españoles, de las tierras libres hacía Europa.
Desde entonces se puede afirmar con tranquilidad que la mayoría de los gobiernos que han ejercido sus funciones sobre el territorio colombiano han procurado de una u otra forma la construcción de una sociedad pacífica.
El siglo XIX se caracteriza, entre otras cosas, por la realización de numerosas guerras civiles. La mayoría de estas guerras terminó con la formulación y aprobación de una nueva Constitución, siendo este fenómeno una de las razones por las cuales algunos constitucionalistas colombianos suelen llamar a la Constitución como Carta de Batalla.
Al final del siglo XIX, por ejemplo, el país se encuentra envuelto en una guerra civil que los historiadores han denominado: Guerra de los 1000 días. Se trataba de una confrontación bélica entre un ejército organizado por sectores radicales del Partido Liberal, llamado Ejército Unido y el Ejército Nacional que respondía a los intereses del Gobierno conservador de la época. El desenlace de esta confrontación tiene importancia para este escrito toda vez que es mediante la firma de un acuerdo de paz qué se hace posible el fin de las hostilidades. Curiosamente ha sido la literatura quién nos ha entregado información sobre los pormenores de este acuerdo y los compromisos que había asumido el Estado colombiano con los excombatientes del Ejército Unido. Al respecto, téngase en cuenta las obras de Gabriel García Márquez, especialmente el cuento: El coronel no tiene quien le escriba y la novela: Cien años de soledad.
Durante el Siglo XX los esfuerzos de construcción de paz por parte del Gobierno Nacional y de otros actores no fueron ajenos al escenario político. Piénsese, por ejemplo, que el gobierno dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla ofreció la posibilidad de acuerdos de paz a las guerrillas liberales que se encontraban participando del conflicto armado que en nuestra historia ha sido conocido como: La Violencia. Fue gracias a este tipo de iniciativas, por ejemplo, que la Guerrillas del Llano, lideradas por Guadalupe Salcedo, decide entregar las armas e iniciar un proceso de reincorporación a la vida civil.
Pero, sin lugar a duda, es en los últimos 20 años del Siglo XX que toma forma la Construcción de Paz como una política de estado en Colombia. Sin importar su ideología política, o su filiación partidista, la mayoría de los gobiernos qué dirigieron el país durante estas dos décadas estuvieron comprometidos con una salida negociada al conflicto armado interno y por tanto con la construcción de una paz estable y duradera.
Justo es reconocer que quien comienza esta ola de Construcción de la Paz es el presidente Belisario Betancur Cuartas. Un dignatario de origen conservador que asciende al ejercicio del poder ejecutivo con la promesa de sembrar las condiciones para el desmonte del conflicto armado interno mediante la firma de un acuerdo de paz con las guerrillas. Aunque Betancourt no consiguió lo que buscaba, y su Gobierno estuvo enrarecido por sucesos dolorosos en la historia de la violencia en Colombia, no se puede dejar de valorar el ambiente de compromiso por la paz que logró construir no sólo en las agrupaciones guerrilleras sino también en todas las expresiones de la sociedad.
Pero fueron dos gobiernos liberales los que protagonizaron con mayor relieve la Construcción de la Paz en Colombia durante el Siglo XX. Se trata de los gobiernos de Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo. En efecto, durante los 8 años que duraron estos periodos presidenciales, el Estado firmó la paz con más de ocho (8) organizaciones guerrilleras diferentes. Como si esto fuera poco, gracias a estas dos administraciones fue también posible que se reformara la Constitución Política de 1886, posibilitando una profundización de la democracia y un cambio radical en las instituciones del Estado colombiano, que entre otras cosas dejó sin soporte político a la lucha guerrillera en el país.
Durante el Siglo XXI la construcción de la paz también ha sido protagonista del escenario político colombiano. Dos hechos principalmente vale la pena destacar en este periodo.
En primer lugar, el proceso de paz realizado entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la coordinación paramilitar conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En efecto entre los años 2003 y 2006, se conoció la desmovilización, desarme y reintegración de 36 bloques qué integraban la estructura ya mencionada. Y, en segundo lugar, el proceso de paz realizado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
Estos procesos se caracterizan porque en la normativa que los cobija cobra valor los derechos de las víctimas del conflicto armado. De forma que la paz ya no sólo significa el silencio de los fusiles sino también la búsqueda de garantías a los derechos de verdad, justicia y reparación integral de quienes fueron dañados por la guerra. Hoy día, estos derechos son reconocidos en el Estado colombiano como derechos humanos de las víctimas y derechos fundamentales y su atención involucra millones de sobrevivientes en el marco del conflicto armado interno.
Ahora bien, para finalizar, es importante aclarar que la construcción de la paz en Colombia no solo ha sido protagonizada por el Gobierno Nacional y las agrupaciones armadas ilegales. Durante los años 90 la participación de la sociedad civil organizada se convierte en un factor de éxito para la construcción de la paz en el país.
Una de las experiencias más importantes qué se puede destacar en este periodo y qué tiene como protagonista a la sociedad civil es, sin duda, el Mandato Ciudadano por la Paz del año 1997. Consistió en la consulta a las y los ciudadanos que participaban de las elecciones de autoridades territoriales de ese año, acerca de su interés en que los gobernantes continuarán la firma de la Paz con las agrupaciones armadas ilegales. El Mandato Ciudadano por la Paz fue una manifestación masiva que, sin duda, influyó en la decisión del futuro presidente Andrés Pastrana Arango de comprometer su campaña y su gobierno con una salida negociada al conflicto armado colombiano.
Asimismo, durante este periodo, los años noventa, también se puede destacar que en las ciudades colombianas comienzan a aparecer organizaciones sociales vinculadas con la defensa de los derechos humanos y la Construcción de la Paz. Surgen también plataformas sociales de trabajo por la vida y la reconciliación en donde la ciudadanía es la protagonista. Como ejemplo de ellas se puede destacar la aparición de REDEPAZ en el contexto nacional y el surgimiento de la Mesa de Trabajo por la Vida en la ciudad de Medellín.
De esta forma, en el escrito se ha querido demostrar que la Construcción de la Paz en Colombia es una actividad permanente de los gobernantes y de los ciudadanos durante distintos momentos de la historia republicana, por tanto, puede ser definida como una política de Estado.
Jaime Carrión es Politólogo, Magíster en Administración y defensor de Derechos Humanos.
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