Todo, gracias a la investigación periodística y merced a la filtración de millones de datos procedentes de correos electrónicos de la firma Mossack Fonseca de Panamá, especialista en la creación de este tipo de sociedades, con el objetivo de que sus titulares evadan sus responsabilidades con las Haciendas de sus países. Nada nuevo bajo el sol porque es muy difícil poner a la sombra a tanto chupacabras, en realidad son los que mandan.
Este tipo de estructuras “offshore” son alegales, están en este espacio tridimensional donde los sinvergüenzas esconden los beneficios “extras” que sus negocios y sueldos les proporcionan y que no están dispuestos a compartir con sus conciudadanos, pero sí esperan de ellos: subvenciones, ayudas, exacciones, privilegios, actas de diputados, nombramientos de ministro o de presidente y además exigen ser respetados.
Los hay en todo el mundo, porque como les decía son los que parten el bacalao y aunque no espero nada de las anunciadas medidas para poner coto a estos desmanes, espero que, algún día, la gente deje de admirar y sonreír a esa panda de egoístas. Sin embargo, sí quiero hacer hincapié en la hipocresía de algunos de ellos y que merecen punto y aparte.
En los papeles de Panamá aparecen, hasta el momento, doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos y 61 familiares o socios cercanos a ellos. Son esta gente que en sus discursos presumen de trasparencia y exigen a los ciudadanos que se retraten con sus impuestos para poder construir carreteras y hospitales y que el ciudadano tenga mejor educación y sanidad, mientras ellos esconden sus haberes, obtenidos, precisamente, de las aportaciones de los contribuyentes. ¿No les parece un acto mayúsculo de hipocresía?
Imaginen a la hermana de un jefe de Estado emérito, que nunca ha dado palo al agua, y que durante cuarenta años ha sido la presidenta y directora de una de esas compañías que ni fabrican ni venden nada y que cada año monta mercadillos solidarios para ayudar a los pobres; pobres que toda esta gente con su insolidaridad provoca. Imaginen un destacado director de cine que se cansa de reclamar – la demanda no sólo es justa sino necesaria – que el IVA cultural baje en beneficio de la industria y que guarde el suyo en las Islas Vírgenes. ¿No es para ponernos al borde de un ataque de nervios?
A final de marzo terminó el plazo de Hacienda para rellenar el impreso 720 en el que se declaran todos los bienes de los ciudadanos españoles en el extranjero. Las multas previstas por cada dato no aportado serán de 5.000€, con un mínimo de 10.000, y hasta el 150% de las ganancias de patrimonio no justificadas. Además, Hacienda considerará los bienes no declarados como del último ejercicio no prescrito. En caso de que la cantidad ocultada supere los 120.000 euros por año e impuesto, el afectado estaría incurriendo en un delito fiscal, que puede conllevar responsabilidades penales. Ejemplares escarmientos que ya veremos a quién alcanzan.
Un dato final, Panamá sólo está en el decimosexto lugar entre los paraísos fiscales con mayor patrimonio entre los españoles, que ya declararan por ello 1.139 millones de euros. Sigan imaginando las cantidades que se ocultan y se han ocultado en Panamá, Suiza, las Islas Vírgenes, Luxemburgo, etc., etc. Vamos a ver a cuántos pescan, pero me temo que, en eso de fingir y ocultar, los hipócritas son unos maestros.
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