En octubre de 2015 el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca con glifosato, esto, debido a un informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud) donde califica a dicho agroquímico como “probablemente cancerígeno”.

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo en el que aplicó el “Principio de Precaución” con el objetivo de prohibir que, en adelante, se use el herbicida glifosato en forma de aspersión aérea.

Dicho fallo se dio con la intención de proteger los derechos de la comunidad indígena Carijona, en el departamento del Guaviare, al encontrar que el glifosato la afecto severamente, en 2005, provocando daños en la salud y seguridad alimentaria, al punto de llevarlos a una situación de grave vulnerabilidad y riesgo de extinción. Así, Colombia parecía haber superado esta ineficiente e idolente práctica que, durante más 15 años, fue usada para destruir los cultivos de coca en el país.

Sin embargo, desde la elección del Presidente Iván Duque, en agosto 2018, presionado por el gobierno estadounidense, debido al aumento de hectáreas de coca en el país, el nuevo mandatario ha buscado la forma de reactivar las fumigaciones aéreas con glifosato. Por esto, ha pedido a la Corte Constitucional una modulación de su sentencia sobre el uso de dicho herbicida con el objetivo de retomar las fumigaciones. El pasado 7 de Marzo se realizó una audiencia pública en la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato en el territorio nacional, con el fin de tener toda la información necesaria para decidir si se levanta dicha prohibición. En la audiencia, participaron el Presidente Duque y el expresidente Santos como cabezas de dos posiciones contrarias.

Duque, acorde con sus políticas regresivas, pide reactivar las fumigaciones aéreas con glifosato bajo el argumento de que esa es la mejor herramienta para la lucha contra el narcotráfico, desestimando el daño que este herbicida hace a la salud humana y al medio ambiente. El expresidente Santos, por su parte, dijo que se debe insistir en el programa de sustitución voluntaria de cultivos y añadió: “a los campesinos hay que darles alternativas, no envenenarlos”.

Mientras se aguarda la decisión de la Corte Constitucional, que esperamos continúe con la prohibición, queremos compartir un análisis publicado en 2012, cuando por aquel entonces el Presidente Santos creía en esta opción, y la cantidad de hectáreas fumigadas por año era la mayor en toda la historia del Plan Colombia. Análisis que hoy cobra más vigencia que nunca y que reproducimos a continuación, pues describe la ineficiencia de la estrategia que implica el uso del glifosato en fumigaciones aéreas, como control de cultivos ilícitos en Colombia.

LLUEVE VENENO EN COLOMBIA

Ana, es una niña de 7 años que vive en las montañas de Colombia y cuya vida transcurre en presencia del conflicto armado, el cual, a pesar de transformarse constantemente, se ha mantenido omnipresente por más de medio siglo en las zonas rurales apartadas de Colombia. Esto es debido, principalmente, al abandono de dichas zonas rurales por parte del Estado colombiano. Así, la cotidianidad de Ana y su familia avanza entre las balas y atropellos de los diferentes actores armados de dicho conflicto; hasta el punto de, fusil en mano, obligarlos a sembrar coca y a ser militantes de los diferentes “ejércitos”. Esto a su vez, ha llevado a todos los habitantes de su pequeña vereda, La Virgencita, además de vivir en el miedo; a padecer una inmensa pobreza y una escasez casi constante de alimentos.

Sin embargo, gracias a las políticas del gobierno colombiano, Ana se ha alimentado muy bien durante la última semana, al igual que todos los habitantes de La Virgencita. Ha comido hasta la saciedad plátano, maíz, yuca, gallinas y hasta un cerdo compartido con toda la comunidad. Son días de abundancia que presagian la hambruna que se avecina. La razón de esta efímera abundancia es que ya saben que pronto llegaran las fumigaciones aéreas del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos del gobierno colombiano, apoyado por Los Estados Unidos.

Ana y sus vecinos se deben comer todo lo que tienen, porque las fumigaciones acaban con la coca pero también matan todos los demás cultivos, las gallinas, pollos, cerdos y cualquier fuente de alimentación posible, así mismo envenenan las fuentes de agua y toda la biodiversidad. Además, estas fumigaciones afectan la salud humana, principalmente de niños y ancianos. Ana recuerda que en la última fumigación ella tuvo mucha tos por varias semanas y su hermanito casi muere de diarrea y vómito; Don Braulio, el de la tienda, ha tenido dolores de espalda que no lo dejan levantarse de su cama, mucho menos trabajar; y a la Señora Julia, la mamá de “la mona”, la del billar, se le irritaron mucho sus ojos y cada vez tiene menos visión.

Además de la historia de Ana, son innumerables los casos en que dichas fumigaciones afectan a la salud y la supervivencia de colombianos en diferentes zonas del país. Tal es el caso reportado por CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), en el cual se denuncia la muerte de más de 25 niños por causas asociadas a la aspersión de cultivos ilícitos. Según CODHES, 2010, las aspersiones comenzaron en abril, al mismo tiempo que los efectos nocivos para la comunidad. Cantalicio Monroy, gobernador indígena de la comunidad de Barranco Siare, área selvática de Cumaribo, departamento del Vichada, denunció la muerte de estos niños por causas asociadas a la aspersión de cultivos ilícitos, lo que provocó diarreas, vómitos, tos, alergias y la lapidaria hambruna, que tiene en grave emergencia a esa comunidad sitiada por una selva inhóspita, de la que solo se pueden salir en días de verano cuando baja el caudal de los ríos.

La causa de estas fumigaciones masivas sobre los campos y selvas colombianas es El Plan Colombia. Este fue presentado inicialmente por parte de los gobiernos estadounidense y colombiano, como una estrategia integrada para el fortalecimiento del Estado de Derecho, el desarrollo económico y la construcción de la paz en Colombia. Sin embargo, el Plan Colombia muy pronto se revelaría como lo que realmente era, un plan antidrogas y contraguerrilla que hacía hincapié en una solución militar al complejo conflicto colombiano. Lanzado por el gobierno del ex presidente Bill Clinton en 2000, este plan pasaría a ser el eje de la política antidrogas del gobierno Bush en la región andina y hoy es continuado por el presidente Obama. En Colombia, fue muy bien aceptado por los presidentes Pastrana, Uribe y actualmente es elogiado por el gobierno Santos.

El Plan Colombia puso en marcha dos grandes ejes de acción operativa, uno contrainsurgente y el otro antinarcóticos. Dentro del primero están las operaciones militares y dentro del segundo, en el marco de las operaciones antinarcóticos, se inscribe el programa de fumigaciones masivas de cultivos ilícitos con el químico Roundup Ultra (Glifosato). Este programa, representa la columna vertebral de la alianza bilateral contra las drogas y se encarga de fumigar, en promedio, 180.000 hectáreas anuales; en los últimos años pasan de 250.000. Esto es, más de dos millones (2.000.000) de hectáreas envenenadas en la cuenca amazónica en más de una década de funcionamiento de dicho plan.


Fuente: ELESPECTADOR.COM (2012)

Aunque algunos presidentes de Colombia y funcionarios públicos, con colosal irresponsabilidad, dan declaraciones en medios de comunicación sobre la inocuidad del glifosato para la salud humana, es ampliamente conocido su efecto adverso sobre todos los seres vivos.

Según La Organización Mundial de La Salud (2006), el ingrediente activo, Glifosato, fue clasificado como extremadamente tóxico (categoría I); los estudios en conejos calificaron su toxicidad aguda como “fuertemente” o “extremadamente” irritante. En Humanos, en su forma aguda, los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y falla renal; sintomatología que puede, incluso, llevar a la muerte.

Estudios a largo plazo con animales demuestran la toxicidad crónica del glifosato. En ratas se observó disminución del peso corporal, inflamación de la membrana mucosa estomacal, mayor incidencia de cataratas y degeneración del cristalino. Estudios en ratones mostraron pérdida de peso, excesivo crecimiento con posterior muerte de células hepáticas e inflamación renal crónica con excesivo crecimiento de células renales. Un estudio publicado en el Journal of American Cancer Society (2006), reveló una clara relación entre glifosato y linfoma no Hodgkin (LNH), una forma de cáncer: “los investigadores concluyeron que la exposición al herbicida incrementa las posibilidades de padecer LNH”.

Un estudio reciente del año 2011, realizado por el Dr. Adolfo Maldonado, médico español de la organización ambientalista Acción Ecológica, demuestra la presencia de daño genético entre la población expuesta a las fumigaciones del Plan Colombia. El toxicólogo de los Estados Unidos Mark Cherniak presentó en 2010 una conferencia al Congreso de Colombia, asegurando que la exposición a glifosato representa un riesgo para las madres en embarazo, exponiéndolas a abortos y/o daños congénitos irreversibles en sus fetos.

Más allá del indudable daño a la salud humana y a la biodiversidad, de marginar y criminalizar a cientos de miles de campesinos e indígenas; el Plan Colombia y sus fumigaciones masivas han sido un gran fracaso, ya que a pesar de haber invertido cientos de millones de dólares, la producción de coca sigue en aumento. Este fracaso se debe, básicamente, a que dicho plan desconoce la realidad sociocultural en que estos cultivos se desarrollan. Para entender esta realidad, se deben diferenciar dos formas de producción que, no obstante, en la práctica, se entremezclan.

Inicialmente, menos significativa en la producción total pero mucho más dañina, esta la producción en manos de terratenientes narcotraficantes, pertenecientes o no a los grupos armados. Estos hacen “posesión” de amplias extensiones de tierra y generan “empleo” a los habitantes urbanos de poblaciones cercanas. Estos trabajadores, denominados “raspachines”, pues su labor es la de raspar manualmente las ramas de la planta quitándole todas sus hojas, reciben por su trabajo entre cinco a diez veces el salario que recibirían en un empleo legal en su municipio. Debido a las difíciles condiciones de su trabajo, como vivir en campamentos sin las condiciones mínimas de sanidad y a las laceraciones que, en pocos días de trabajo, reciben sus manos; su labor no puede ser continua.

Así, la dinámica de su vida es dedicarse a su trabajo por una o dos semanas, y luego regresar a su municipio para gastarse sus excesivas ganancias en bares y prostíbulos. Sobra explicar el daño sociocultural que estas dinámicas de vida generan en sus poblaciones. La reacción que las fumigaciones masivas generan en dichos terratenientes es simple, ellos se defienden movilizando sus cultivos ilícitos a nuevas zonas con las consecuencias de deforestación y/o desplazamiento civil que esta actividad implica. Zona que posteriormente también será fumigada, continuando un ciclo eterno de destrucción a la biodiversidad de la selva colombiana y la cuenca amazónica.

La otra forma de producción, altamente significativa dentro de la producción total, es la producción campesina como la de Ana y su familia. En este caso, los grupos armados bajo amenazas y terror imponen cuotas de producción, las cuales deben ser entregadas por los campesinos. En esta forma de esclavización de las comunidades, los comandantes de los grupos armados reaccionan ante las fumigaciones masivas, sencillamente movilizándose hacia otras zonas, abandonando a los campesinos en la enfermedad y la hambruna. Así mismo, el traslado de los cultivos a nuevas regiones, tradicionalmente habitadas por comunidades campesinas, indígenas o afrocolombianas, destruye sus antiguas tradiciones y costumbres, imponiéndoles otros modelos económicos y otras racionalidades. Los cultivos no llegan solos, sino que arrastran con ellos la guerra de los diferentes grupos armados por el control del territorio y del negocio. No son las comunidades campesinas las que traspasan los límites hacia la ilegalidad, es la ilegalidad la que las traspasa a ellas.

Sin embargo, el mayor fracaso del Plan Colombia radica en la incoherencia de la formula “fumigación-desarrollo alternativo” ofrecida a los campesinos. Esta tiene como objetivo la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos comerciales. Esta formula simplemente no funciona, porque la fumigación y el desarrollo alternativo no son propuestas compatibles, son mutuamente excluyentes, pues como se dijo antes, las fumigaciones afectan toda la biodiversidad y no diferencian entre cultivos lícitos e ilícitos. Además, como los cultivos substitutos lícitos ofrecidos por el Plan Colombia tienen un tiempo de establecimiento mayor que el de la resiembra de la coca (8 meses); como plátano (14 meses), Caña de azúcar (18 meses), palma (24 meses), cacao (36 meses), frutales (36 meses); la fumigación no desestimula la resiembra, pues ante la pobreza, la hambruna y la facilidad de comercialización, la salida más rápida siempre será la resiembra de coca.


Fuente: TNI – Transnational Institute (2010)

Por todo esto, es indudable que la erradicación de los cultivos ilícitos, para que sea efectiva, debe cambiar los métodos represivos por los proactivos. Así, se debe prescindir de las fumigaciones masivas y dedicar esos cientos de millones de dólares a la sustitución de cultivos lícitos comerciales.

Pero no solo limitándose al capital semilla y a la transferencia del conocimiento de los procesos productivos, sino ampliando el programa a la formación de cadenas productivas que aseguren el transporte a los centros urbanos de consumo y su comercialización. Esto debe hacerse de manera voluntaria y gradual, al paso que los cultivos alternativos vayan generando una nueva estructura económica que sustituya, efectivamente, la economía de la coca.

Así mismo, es claro que la lucha contra las drogas es una responsabilidad tanto de los países productores como de los consumidores. Por tanto, es obvio que los Estados Unidos como primeros consumidores de cocaína en el mundo deben tomar parte en la solución de la problemática multidimensional que, por este fenómeno, sufren los países productores. Una solución enfocada en enfrentar el verdadero origen del problema y que no solo busque un impacto político para las próximas elecciones.

En el caso de Colombia, sin embargo, es soso, lacio y servil, por un lado; irresponsable, insensato e inconsciente, por el otro; sin lugar a dudas, inhumano, cruel y perverso; pero sobre todo, inaceptable, inadmisible e indefendible, que los gobernantes colombianos acepten planes como el de la fumigación masiva de cultivos ilícitos.

No solo porque es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino porque es una evidente traición a sus conciudadanos, pues instaura un sistema de aniquilación masiva contra la población más pobre y desprotegida. La de “Los Nadies”, como diría el escritor uruguayo Eduardo Galeano.