El informe, titulado Peligro: derechos en venta. El proyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua y la erosión de los derechos humanos, revela cómo el oscuro marco jurídico que condujo a la concesión del proyecto, sin una consulta genuina con todas las comunidades afectadas, viola un catálogo de normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y podría conducir al desalojo forzoso de cientos de familias. También acusa a las autoridades de acosar y perseguir a cualquiera que se atreva a emitir una opinión en contra del acuerdo.
“Las autoridades en Nicaragua han vendido en secreto el futuro del país al mejor postor y han puesto a miles de personas en riesgo de perderlo todo”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La única manera de deshacer este espantoso error es revocar la ley que sustenta el proyecto antes de que cause más daño y de forma permanente, y volver a comenzar, asegurando que todas las personas que podrían verse afectadas tengan voz para decidir sobre su futuro. Cualquier otra opción seguirá dejando al margen a comunidades enteras e ignorando sus derechos humanos.”
El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una ley que dio el visto bueno a la construcción de un canal que conectará los océanos Atlántico y Pacífico y a otros subproyectos asociados (entre ellos un aeropuerto, dos puertos, un oleoducto, una vía férrea y dos zonas de libre comercio). La ley también deja la puerta abierta a futuros proyectos de desarrollo sin asegurar una consulta adecuada con las comunidades afectadas.
El Gran Canal Interoceánico podría ser uno de los mayores proyectos de ingeniería del planeta. El proyecto se otorgó a HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKC), constituida en Hong Kong. Se prevé que mida aproximadamente 275 kilómetros y que divida a Nicaragua en dos. En su recorrido, el canal cruzará una parte considerable del Gran Lago de Nicaragua, o Cocibolca, conocido como la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica.
Las organizaciones locales de la sociedad civil han calculado que el número de personas afectadas casi podría alcanzar las 120.000. La población de Nicaragua es de algo menos de seis millones de personas.
Las comunidades que viven en las zonas afectadas han dicho a Amnistía Internacional que el gobierno no ha realizado consultas genuinas y que ni siquiera las ha informado adecuadamente sobre el proyecto ni les ha brindado alternativas viables.
El Canal y los proyectos relacionados pondrán en riesgo los hogares de las comunidades, sus medios de subsistencia, el acceso a los alimentos, las redes sociales y su propia supervivencia.
Las autoridades también se han negado a compartir con Amnistía Internacional información sobre el proyecto y el proceso que llevó a su aprobación.
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