El viejo modelo desarrollista se repite. América del Sur creció y con ello sus demandas de energía, puentes, carreteras, insumos de minería. Pero también las de otros países emergentes del Sur que hoy ven en esta región la nueva frontera de materias primas estratégicas.
La explosión de megaproyectos se repite en la región: puertos, carreteras, autopistas e hidrovías, negocios de minería, agroindustria y metalúrgica. Con financiamiento público y privado, en especial del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el proceso es protagonizado también por las nuevas grandes transnacionales de la región, como la brasileña Odebrecht.
En la Amazonia brasileña, el megaproyecto más emblemático y polémico se encuentra también en Pará: la central hidroeléctrica de Belo Monte, que inundará 516 kilómetros cuadrados de selva y obligará a desplazarse a más de 16.000 personas. La hidroeléctrica en el río Xingú tendrá una capacidad de generación de 11.233 megavatios y es considerada esencial por el gobierno para el suministro eléctrico.
La ampliación del puerto de Vila do Conde, en el municipio paraense de Barcarena, servirá para mejorar la entrada y salida de aluminio y sus materias primas y la exportación de granos que llegan desde el centro de Brasil. Pero desplazará algunos barrios ribereños.
Resistencias similares generaron dos grandes obras en Chile. El proyecto HidroAysén, en la austral Patagonia chilena, se conforma de cinco grandes centrales hidroeléctricas, que implican dañar el área de más biodiversidad de ese país. La extensa línea de transmisión requerida para satisfacer la demanda minera en el norte, de 2.000 kilómetros, atravesará ocho regiones, pero en ninguna entregará electricidad. La obra está en suspenso por demandas judiciales.
Más al norte, la mina binacional de oro y plata Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, se emplaza en la cordillera de los Andes, entre Chile y Argentina. Reiteradas denuncias sobre contaminación de agua y destrucción de dos glaciares terminaron en abril con la decisión judicial de suspender temporalmente su construcción. La empresa acaba de anunciar que, por problemas económicos vinculados a la cotización del oro, ha resuelto poner alto a la obra.
En la región amazónica boliviana del río Beni, los pueblos indígenas esperan información sobre los impactos de la construcción del proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza, con una capacidad de 990 megavatios y un costo de 2.000 millones de dólares, para exportar electricidad a Brasil. Ambientalistas advierten que provocará un desequilibrio en la naturaleza por la inundación de unos 1.000 kilómetros cuadrados de tierras habitadas actualmente.
En Colombia, la construcción de un complejo de túneles en el Alto de La Línea, en plena Cordillera Central, genera otro tipo de polémica. Los túneles son fundamentales para habilitar la conexión carretera este-oeste, desde Venezuela, pasando por Bogotá y terminando en Buenaventura, único puerto colombiano en el océano Pacífico. Se trata de la columna vertebral del comercio internacional colombiano y una vía clave para la salida de Venezuela al Pacífico.
Para el ingeniero forestal Paulo Barreto, del instituto brasileño Imazon, lo que está en cuestión es “el costo verdadero de estas obras”: los ambientales, como la agravación del cambio climático, los socioeconómicos, como la concentración de la propiedad agraria, y los problemas sociales en las nuevas áreas urbanizadas.
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