“Los parlamentarios en El Salvador están jugando un juego muy peligroso con las vidas de millones de mujeres. Prohibir abortos que pueden salvar vidas es atroz en cualquier circunstancia, pero intentar aumentar las penas de cárcel para las mujeres que necesitan un aborto y a las personas que las apoyan es simplemente despreciable,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“En vez de continuar criminalizando a las mujeres, las autoridades en El Salvador deben derogar la obsoleta ley anti-aborto de una vez y para siempre.”
Tras una modificación introducida en 1998 al Código Penal, el aborto en El Salvador está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la embarazada corre peligro. El cambio en la ley ha dado lugar a procesamientos erróneos y a una aplicación indebida del derecho penal en el que se presupone inmediatamente que las mujeres son culpables. La prohibición afecta especialmente a las mujeres con pocos recursos económicos.
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