Para el jurista belga que desde 2020 se desempeña como Relator Especial (asesor independiente externo) sobre la Extrema Pobreza y Derechos Humanos de Naciones Unidas, dicha concepción empuja a la civilización al borde del colapso climático y crea una pequeña élite de una fortuna casi incalculable. Como contrapartida, 670 millones de personas (el 8,4 % de la población mundial) viven por debajo del umbral internacional de pobreza, fijado en 2,15 dólares al día. En su informe-alegato-propuesta Erradicar la pobreza más allá del crecimiento, difundido la primera semana de julio, De Schutter argumenta que “los gobiernos deben acabar con la peligrosa fijación con el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) como la vía para erradicar la pobreza, ya que la misma es errónea y lleva al mundo por un camino peligroso”  

Informe desmitificador

Basado en más de 130 contribuciones gubernamentales, de instituciones de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil, el informe que el experto preparó para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, Suiza, señala que muchas naciones continúan actuando como si el crecimiento infinito fuera posible. Y advierte que “parece que creen que la actividad económica puede expandirse sin fin, como si la Tierra fuese a proporcionar recursos ilimitados eternamente y absorber los residuos resultantes de nuestra ambición aparentemente interminable”. Citando estudios de científicos del clima recuerda que ya en 2019, debido al tipo de sistema productivo hegemónico a nivel mundial, el     75 % de la superficie continental de la Tierra había sufrido alteraciones considerables, el 66 % de la superficie oceánica experimentaba efectos acumulativos cada vez mayores, se había perdido más del 85 % de los humedales. Adicionalmente, un millón de especies se enfrentarán a la extinción en cuestión de decenios.

La relevancia que se le da al aumento del PIB, según el informe de De Schutter, acarrea consecuencias muy serias. Por ejemplo, contribuye a eclipsar la importancia del trabajo doméstico y la necesidad imperiosa de valorarlo adecuadamente. Los números son elocuentes: los 16.400 millones de horas que se dedican diariamente, sin remuneración, al cuidado personal directo de niños pequeños o familiares mayores y a actividades de cuidado indirecto (como cocinar, limpiar o recoger agua o leña) equivalen, aproximadamente, a una situación hipotética con 2.000 millones de personas que trabajan ocho horas al día sin ninguna clase de compensación monetaria. En términos de un salario mínimo por hora, aproximadamente el 9% del PIB mundial. Y si se tiene en cuenta que más de las tres cuartas partes de este trabajo doméstico no remunerado (76,4%) lo realizan mujeres, no hay que esforzarse demasiado para visualizar el impacto dramático de la pobreza, precisamente, en la mujer y la familia.   

Por otra parte, agrava el preocupante panorama de criminalización de las personas sin hogar y en situación de pobreza y destaca la realidad cotidiana de hombres, mujeres y niños que viven en la calle y que son multados y penalizados de diferentes maneras por actividades tan básicas como dormir, lavarse, cocinar, comer, mendigar y trabajar en la calle. Prácticas represivas que no solo no resuelven el problema, sino que además violan directamente históricos derechos humanos.

“Durante décadas hemos seguido la misma y manida receta”, explica De Schutter. “Primero hacer crecer la economía y luego utilizar la riqueza para combatir la pobreza”, enfoque que “ha servido un plato intragable” de crisis climática y de cientos de millones de seres humanos condenados a la marginalidad, lo cual lo ha llevado a cuestionar los supuestos de dicha filosofía. Así entendido, como panacea y como prioridad, argumenta este reconocido profesor de derecho internacional, el crecimiento desvía la atención de lo que verdaderamente importa: la erradicación de la pobreza y el logro del bienestar de todas las personas, no solo de una afortunada minoría. A su juicio, las economías de los países ricos han crecido mucho más de lo necesario como para que la gente prospere, a tal punto que “se han vuelto obesas”. Sin embargo, concluye, ni siquiera en esos países el crecimiento ha conseguido reducir la pobreza y las desigualdades ni crear empleo.

Olivier De Schutter. Foto ONU

La concepción económica dominante detrás de esta fórmula de crecimiento, según De Schutter, se basa en el saqueo de los recursos del Sur Global, “un modelo de dominación postcolonial mantenido por el yugo de la deuda externa”. En los países pobres, donde aún se necesitan importantes inversiones para construir escuelas, hospitales, infraestructuras de transporte o electricidad, el crecimiento podría ser algo útil. Sin embargo, en la práctica a menudo ha sido vorazmente extractivo, motivado por la explotación de una mano de obra barata y la utilización insostenible de los recursos naturales. Si en verdad el crecimiento económico quisiera contribuir al reconocimiento y la afirmación de los derechos humanos, su orientación debería cambiar para “reorientarse hacia la satisfacción de las necesidades y distribuirse entre más personas en lugar de limitarse a enriquecer a los ricos y fomentar el dominio de los grandes actores económicos”. Ni siquiera “en los países de renta baja, donde el crecimiento sigue siendo necesario y debe apoyarse”, continúa De Schutter, “el desarrollo debe equipararse a un aumento del PIB sino a un mayor bienestar social y ecológico”. La denuncia no tarda en llegar: “la fe ciega en el crecimiento económico es una camisa de fuerza para nuestra imaginación en tanto la lucha contra la pobreza ha sufrido mucho como consecuencia de ello”.

Sí existe alternativa: erradicar la pobreza con Derechos Humanos

Las 20 páginas del informe tuvieron un impacto significativo en el ambiente diplomático por su contenido tan desafiante como alternativo a muchos otros informes de organismos financieros y económicos internacionales, repletos de sofismas. Prueba de ello son sus tres recomendaciones fundamentales para destrabar la compleja tensión entre lo que procura el sistema hegemónico dominante, por un lado, y las propuestas solidarias para reducir la pobreza, por el otro.

En primer lugar, promover lo que De Schutter denomina el Pacto para el Futuro, una propuesta “centrada en la efectividad de los derechos humanos más que en un aumento de los niveles agregados de producción y consumo”. Se trata de un replanteamiento urgente de la lucha contra la pobreza, abogando por un cambio hacia una economía que dirija los recursos hacia los servicios públicos y la protección social. En segundo lugar, reestructurar y condonar la deuda y la financiación de servicios públicos universales mediante impuestos progresivos sobre la herencia, la riqueza y el carbono. Por último, procurar una mayor cooperación internacional contra la evasión fiscal, un mecanismo sistémico multiplicador de la miseria en vastas regiones del globo.

En la propuesta adquieren una importancia esencial el estímulo a la economía social y solidaria; la democratización del trabajo; nuevas formas de compartir el empleo y el combate frontal contra el consumismo. “La lucha contra las desigualdades”, sostiene, “se solapa con la lucha contra el consumismo, entendido como la estimulación del consumo mediante el marketing y la innovación permanente”. Desde esta perspectiva, es imprescindible prestar servicios básicos universales y aumentar los ingresos garantizando el derecho a un salario mínimo vital y a una remuneración justa, y reforzando la protección social. Según De Schutter, “los Gobiernos deberían invertir en la prestación de servicios básicos universales, garantizando el acceso de todas las personas a los servicios que aseguran el disfrute de los derechos humanos: una vivienda adecuada, atención sanitaria, alimentos nutritivos a través de comedores escolares, agua y energía, transporte y acceso digital”.

Este documento, concebido como puntapié inicial seguido de una ronda de consultas para bosquejar una hoja de ruta, se debatirá en la próxima Cumbre del Futuro de la ONU en Nueva York el 22 y el 23 de septiembre. Sin embargo, como advierte el relator especial, la transición deseada no podrá lograrse de golpe, y tampoco a escala local o nacional. En otras palabras: escapar a la dependencia del crecimiento cuestionado por el estudio requerirá estrategias plurianuales y el despliegue de esfuerzos intencionales en los distintos niveles de gobernanza. La preocupación por el estado del medio ambiente también es central a la propuesta, ya que se trata de “remodelar la economía para producir bienes y servicios ecológicamente sostenibles y de mayor utilidad social, y reducir significativamente la producción innecesaria y excesiva”.

Ya en el ámbito laboral, la propuesta sugiere rechazar el PIB como indicador de progreso, garantizar puestos de trabajo respaldados por el gobierno, revalorar el trabajo doméstico y de cuidados de la familia no remunerado, establecer salarios mínimos y poner un tope a la riqueza generada por industrias destructivas. “Estas son las políticas que realmente pueden beneficiar al planeta y a sus habitantes”, argumenta De Schutter.

Tres son los aportes principales de este estudio propositivo que se opone frontalmente al crecimientismo. En primer lugar, confrontar sin prejuicios ni temores las creencias cotidianas del sistema hegemónico mundial que condiciona la reducción de la pobreza a un mayor crecimiento insustentable. Además, recopilar pistas alternativas para avanzar en esa lucha social de envergadura, desde una propuesta posible, centrada en los derechos humanos. Y por último y no menos relevante, que estas reflexiones provengan del seno mismo de las Naciones Unidas, y sean articuladas por un experto independiente que pertenece al sistema onusiano. Todo esto constituye una bofetada conceptual para aquellos que, beneficiados por el sistema dominante, consideran irrealizables las alternativas globales ya imprescindibles para salvar al hombre y al planeta.