Los datos son absolutamente desoladores,según un informe de Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que usa ocho criterios como indicadores tales como el gasto en seguros privados per cápita, el porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados o el porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total hay cuatro comunidades presentarían un elevado grado de privatización: Madrid, que obtiene una puntuación de 84% de indicadores negativos, Cataluña 73%, y Baleares y Canarias con un 68% cada una.
Por ejemplo en el desembolso en conciertos privados tenemos que Catalunya, gasta un 24,5% del total del gasto público, en este concepto seguida de Baleares, con un 9,2% y de Madrid con un 9%.. Catalunya también tiene el porcentaje más alto de camas hospitalarias privadas sobre el total, con casi un 40%, le sigue Madrid, con un 13,5. Tengamos en cuenta que la media nacional está en un 6%. Mientras en Andalucía, una de las comunidades con menos índice de privatización se gastó en derivaciones 200 millones de euros, casi el doble que en 2019,
En resumidas cuentas, las leyes actuales permiten lo siguiente:
1. Privatización de la financiación
• Desgravación de seguros médicos por las empresas.
• Copagos: medicamentos, transporte, dietas, y prótesis.
• Recortes en la cartera de servicios (incita al aseguramiento y/o financiación privada complementaria).
2. Privatización de la gestión del aseguramiento
• Mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, etc.).
3. Utilización de criterios privados de la gestion manteniendo la titularidad pública
• Empresas públicas.
• Fundaciones sanitarias.
• Entes públicos.
• Sociedades mercantiles públicas.
4. Provisión de algunos servicios por empresas privadas
• Conciertos.
• Privatización de servicios de apoyo y/o de actividades concretas.
5. Privatización de la gestión con titularidad mixta
• Consorcios.
• Iniciativas de financiación privada (PFI).
6. Privatización de la gestión con titularidad privada
• Privatización de servicios centrales y alta tecnología.
• Privatización de la planificación y el control.
• Empresa de base asociativa en atención primaria (EBA).
• Conciertos singulares con empresas privadas para la atención sanitaria de un área de salud.
• Concesiones administrativas (modelo Alzira).
Por eso la solución no pasa por aprobar unas pocas medidas maquilladoras, es necesario que las leyes prohíban esta sangría de dinero público, que garanticen una sanidad de calidad independientemente del lugar de nacimiento y una industria farmacéutica que anteponga los intereses de la mayoría de la población a los beneficios económicos de unos pocos.
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