Con la presencia de más de 800 personas,  representantes oficiales de 38 países y asociados a la Cepal, además de 24 organismos regionales e internacionales y 260 organizaciones no gubernamentales, así como personal de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se realizó la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, conformando uno de los encuentros más importantes  de este tipo en los últimos años en la región.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena; el director ejecutivo del UNFPA, Babatunde Osotimehi; el secretario general iberoamericano (SEGIB), Enrique V. Iglesias; el presidente de Uruguay, José Mujica, y el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro.

Los  temas del programa a tratar se dividieron en paneles: “ Derechos, necesidades y demandas de las y los niños, adolescentes y jóvenes”;  “Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos”;  “Igualdad de género”; “Brechas en el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”; “La migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas migrantes”; “Desigualdad territorial,  movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental”; “Pueblos indígenas: pluriculturalidad y derechos”; “Afrodescendientes: derechos y combate a la discriminación racial”.

Luego de cuatro días de exhaustivas conversaciones, se concluyó con el “Consenso de Montevideo”, el que incluye más de 120 medidas sobre estos ocho  temas.

Con respecto al primero -entre otros- se acordó garantizar a los niños y niñas las oportunidades para una vida libre de pobreza y violencia, sin discriminación; también invertir más en juventud, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación pública, implementación  de programas de salud sexual y reproductiva, dando prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia, eliminando el aborto inseguro.

Los participantes pactaron formular políticas con enfoque de género que aseguren un envejecimiento  de calidad, incorporando a los adultos mayores a los programas públicos, ampliando los sistemas de protección y seguridad social, en lo que tiene que ver con el segundo tema.

El tercero habla  del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, contemplando promover políticas que aseguren ejercer sus derechos sexuales, respetando su orientación sexual, sin coerción, discriminación ni violencia. Se comprometieron los países a revisar legislaciones, normas y prácticas restrictivas al acceso a los servicios de salud reproductiva, garantizando su universalidad.  Se acordó asegurar la existencia de servicios seguros y de calidad de aborto para las mujeres con embarazos no deseados en los casos en que el aborto es legal, instando a avanzar en la modificación de leyes y políticas sobre la interrupción del embarazo para salvaguardar la vida y salud de las mujeres.

Sobre igualdad de género -el cuarto tema- hubo acuerdo en cumplir con el compromiso de aumentar los espacios de participación igualitaria de la mujer en todos los ámbitos del poder público, contribuyendo con acciones preventivas a hacer efectiva la erradicación de todas las formas de violencia contra niñas y mujeres, garantizando la corresponsabilidad del Estado y toda la comunidad en el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, integrándolo en los sistemas de protección social.

Brindar asistencia, amparo y ayuda a las personas migrantes, respetar sus derechos y promover la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que incluyan a estos trabajadores, además de garantizar la inclusión de todos los temas relacionados con la migración internacional y su protección, fue lo resuelto sobre el quinto tema a debate.

En el sexto, sobre desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental, se dispuso construir territorios más articulados y cohesionados, utilizando el diseño y ejecución de planes de gestión urbana, centrándose en las personas y planificando el desarrollo territorial con la perspectiva de los derechos humanos y de género.

Respetar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como las del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llamando a los países a ratificarlo, además de instar a garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, prestando especial atención a sus desplazamientos forzados, desarrollando políticas que permitan consentimiento libre e informado en los asuntos que les afecten, fue lo establecido con respecto al séptimo punto.

Para el último tema de esta conferencia, relativo a los afrodescendientes, sus derechos y combate al racismo, además de discriminación racial, se recomendó aplicar las  disposiciones de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, abordando las desigualdades de género, raza y generación, sobre todo la discriminación sufrida por mujeres y jóvenes de este grupo de población.

Estos acuerdos se elevarán como contribución de América Latina y el Caribe para las reuniones de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas y de la Asamblea General del organismo mundial que se celebrarán en Nueva York en abril y septiembre de 2014, respectivamente. También se aprobó una moción para que la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe se realice en México en 2015.