En departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño la violencia no cesa, a pesar de las reiteradas denuncias de las comunidades. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, un órgano estatal, cada tres días se reporta el asesinato de una persona defensora de los derechos humanos. Los principales afectados son personas que ejercen liderazgos comunales, indígenas, afrodescendientes y quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado.

“El silencio cómplice de las autoridades Colombianas no puede continuar. Con el asesinato de quienes defienden los derechos humanos, se va destruyendo el tejido social de comunidades que históricamente han enfrentado cruelmente las consecuencias del conflicto armado, y ahora se encuentran en mayor riesgo por la reorganización de grupos paramilitares que se reciclan y reemergen con fuerza, reviviendo el sufrimiento causado en el país”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La lenta implementación del Acuerdo de Paz en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y el abandono del Estado es la fórmula para que actores armados coopten territorios y continúen asesinando con impunidad a aquellas personas que defienden los derechos humanos.”

“La violencia selectiva contra personas defensoras de derechos colectivos alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos humanos. Es altamente preocupante la poca información y respuesta de las autoridades colombianas de todos los niveles para condenar estos hechos y tomar medidas urgentes de prevención y protección. El conflicto armado recrudece ante los ojos inertes del gobierno saliente y el silencio cómplice del gobierno electo”.