Los molinos de viento están a punto de hacerse a la mar. A falta de que se cierre definitivamente el Estudio Estratégico Ambiental del litoral español, que clasifica las áreas marinas en zonas aptas, de exclusión y con condicionantes ambientales para la instalación en ellas de parques eólicos marinos, una veintena de proyectos esperan la autorización para «plantar» sus aerogeneradores en el mar.

El proceso de información pública de ese documento terminó el pasado 11 de enero y ahora, tras el estudio de las alegaciones y algunos cambios derivados de éstas, así como la memoria ambiental, que se prevé sea firmada esta misma semana, desde el Ministerio de Medio Ambiente se espera que el Estudio Estratégico del Litoral español pueda llevarse a Consejo de Ministros antes de la cita electoral. Así lo confirmó el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre.

El Gobierno desbloqueó la instalación de parques eólicos marinos en nuestro litoral a través de la publicación el pasado 1 de agosto de un Real Decreto. Se regulaban así, por primera vez, los procedimientos para promover un parque eólico marino y las condiciones que éstos deben reunir. De este modo, el Ejecutivo abría la puerta por primera vez a este tipo de generación eléctrica con la regulación de los procedimientos para la obtención de las autorizaciones y concesiones administrativas para la construcción de las instalaciones que se encuentren ubicadas en zonas marinas.

Sin embargo, hacía falta aún delimitar en qué zonas del litoral podían instalarse estas infraestructuras y en qué volúmenes. Se estudiaron en torno a 4.000 kilómetros de costa para buscar los enclaves idóneos y el resultado es el Estudio Estratégico Ambiental del litoral español, cuyo objetivo es determinar «las zonas de dominio público marítimo terrestre que, sólo a efectos ambientales, reúnen condiciones favorables para la instalación de parques eólicos marinos».

73 ÁREAS EOLICAS MARINAS

La zona de estudio corresponde a una «franja litoral de 24 millas trazadas desde las línea de base recta» y contempla un total de 73 áreas eólicas marinas, que se clasifican en zonas aptas, de exclusión y con condicionantes ambientales.

Las aptas serían «las más adecuadas para el establecimiento de parques eólicos marinos por ser reducidos, en principio, sus efectos ambientales frente a las ventajas que presentan», dice el documento. No obstante, Jaime Alejandre recuerda que «la clasificación de una zona como apta no exime de la realización y aprobación de los correspondientes estudios de impacto ambiental posteriores, y si éstos fueran negativos el proyecto sería rechazado». Las zonas de exclusión son aquellas que «se deben excluir del proceso por haber sido identificados sus potenciales efectos ambientales significativos o conflictividad con otros usos del medio marino». Y, por último, las zonas con condicionantes ambientales (amarillo) son aquellas en las que «el desarrollo de parques marinos está condicionado por algún factor», y sus efectos o conflictos «deberán ser analizados en la fase posterior de diseño del proyecto».

RESTRICCION DE ZONAS APTAS

Alejandre reconoce que «predominan el rojo y el amarillo, pero es que se trata de nuestra costa —justifica—, donde además de tráfico marítimo, hay rutas migratorias clave para aves, bancos de pesca, yacimientos… por eso, se han restringido bastantes las zonas aptas». Aún así, el director general de Calidad y Evaluación Ambiental considera que «los promotores (de los proyectos) están satisfechos con las zonas propuestas y con los plazos, pues en este momento nadie tiene la capacidad para poner en marcha un parque de este tipo mañana mismo».

Respecto a lo segundo, todos los sectores implicados en este asunto están de acuerdo, pero respecto a las zonas propuestas como aptas no todos coinciden. Así, desde la Asociación Empresarial Eólica, su director técnico, Alberto Ceña, explica que la mayor parte de proyectos en tramitación están en zonas con condicionantes, al tiempo que se queja de que una zona muy prometedora para las empresas energéticas, que era el Delta del Ebro, ha sido considerada no apta.

Y es que a pesar de que el informe de caracterización del litoral aún no está aprobado definitivamente, hay proyectos sobre la mesa desde hace meses. No en vano, la implantación de los aerogeneradores en el mar representa en la actualidad uno de los mayores retos para la continuación del desarrollo de la industria eólica europea. En este sentido, España dispone de 4.872 kilómetros de costa, donde el viento sopla con más fuerza y más constancia que en tierra, y es el segundo país europeo productor de energía eólica. Por tanto, es lógico que las empresas empezaran a tomar posiciones hace tiempo. Por eso, algunos de los proyectos que se estaban tramitando ahora se encuentran con que están en zonas no aptas. Es el caso de un proyecto de Capital Energy, una empresa de energía eólica ligada a la promotora ACS y que ha presentado alegaciones a la propuesta de caracterización del litoral, cuyo proyecto frente al Delta del Ebro, desde que se conoció en 2004, ha provocado una gran resistencia entre ecologistas, pescadores y población de la zona, por tratarse de un área con gran cantidad de aves. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente entiende que es una zona a proteger pues alberga humedales de importancia internacional recogidos en la Lista Ramsar y «establece una banda de protección de seis millas desde la línea de costa», según explica Alejandre.

También de esta promotora es un proyecto frente a la costa de Vinaroz (Castellón), que ha suscitado el rechazo de las cofradías de pescadores de la zona, que temen perder sus áreas de pesca. Esto es lo que ha motivado fundamentalmente que tanto la Cofradía de Pescadores de Vinaroz como el Partido Vinarós Independiente presenten alegaciones al documento ministerial. Los pescadores de Cádiz, Barbate y Conil de la Frontera, y algunos ayuntamientos de la zona, también presentan su desconformidad con algunos proyectos cerca del Estrecho, como el presentado por Acciona.

NO EXENTO DE DIFICULTADES

Por tanto, y a pesar de los beneficios de reducción de emisiones contaminantes que estos proyectos podrían suponer para nuestro país, las cosas no «pintan» demasiado fáciles para las empresas promotoras. «Cuando algo se desconoce, se crea exceso de miedo», dice Alberto Ceña.

Pero no son las únicas dificultades que encuentra en su desarrollo este tipo de energía. Los costes de construcción son superiores en el mar, aunque también lo es la producción de energía. El propio Estudio Estratégico Ambiental del litoral español prevé que la potencia media de los parques eólicos marinos cuadruplicará la de los parques terrestres, que suele ser de 25 MW, aunque el mínimo de potencia exigida en el Real Decreto de julio es de 50 MW para cada una de las instalaciones de generación eólica marina.

Sin embargo, la tecnología actual sólo permite instalar parques eólicos marinos en zonas con profundidades inferiores a 20 metros, una característica que escasea en el litoral español. En este sentido, las zonas donde la profundidad del mar es menos elevada y, en consecuencia, tienen un coste de instalación menor de las torres que soportan los molinos se sitúan en el este y sur del país. No obstante, y según los datos facilitados por Medio Ambiente, las propuestas en tramitación se sitúan en Cádiz, Huelva, Almería, Murcia, Castellón, Tarragona, Galicia y Canarias.

Y es que la ubicación de los parques eólicos en el mar exige una mayor complejidad constructiva, sobre todo en lo que se refiere a la cimentación de los aerogeneradores en aguas profundas. Las torres de los aerogeneradores requieren de una cimentación cuya dificultad y coste de construcción aumentan a medida que el proyecto se va alejando de la costa y crece la profundidad marina.

El estudio del litoral prevé que los aerogeneradores sean mucho más grandes que los de tierra. Según afirma el documento, las palas tendran 45 metros de largo y la torre se levantará 80 metros sobre la superficie marina.

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

Además, y de acuerdo con la información recogida de proyectos marinos ya construidos en otros países, tanto las inversiones como los costes de operación y mantenimiento llegan a duplicar los valores alcanzados en los parques en tierra. Pero el escollo más importante para el desarrollo de esta energía es, según Alberto Ceña, la falta de infraestructuras eléctricas. «Es necesaria una red eléctrica con nudos de evacuación para la energía producida, capaz de soportar una inyección tan importante de potencia».

En los últimos años, los parques eólicos ubicados en el mar para aprovechar la energía renovable del viento (conocidos internacionalmente como «off shore») se han ido desarrollando en el norte de Europa, principalmente en Dinamarca y el Reino Unido. En 2006 había instalados 700 MW en el mundo, de los cuales 400 estaban en Dinamarca, 250 en el Reino Unido —que creció mucho el año pasado y cuyo último proyecto aprobado es uno en el estuario del Támesis—, y el resto repartido entre Suecia, Holanda e Irlanda.

Un estudio de la Comisión Europea calculó que España podía tener 25,52 gigawatios de potencia instalada en 2020, el doble de la que actualmente hay en eólica terrestre, mientras que, según un estudio bastante optimista de Greenpeace, en España sería posible crear por este medio 25.000 megawatios de potencia hasta 2030, evitando la emisión anual de unos 25 millones de toneladas de CO2.

Sin embargo, pese al triunfalismo de las primeras cifras, el desarrollo de esta tecnología en nuestro país —explica Ceña— será «a medio plazo». No será antes de 2012 cuando empiecen a funcionar los primeros parques en España, aunque Ceña considera que hasta 2020 no alcanzaremos la velocidad de crucero. Ese año, y según sus previsiones, podrían haberse instalado ya los 4.000 MW de potencia.

Y es que el proceso que a partir de ahora espera a las promotoras es bastante largo. Primero hay que presentar una solicitud de reserva de zona ante el Ministerio de Industria para la realización de los estudios previos a la solicitud de autorización del parque eólico marino. Industria elabora entonces un documento de Caracterización de Área Eólica Marina, que recoge las previsibles afecciones que la instalación de un potencial parque eólico marino podría tener sobre el entorno que le rodea.

A partir de ahí se abrirá un procedimiento de concurrencia para que cualquier otro promotor pueda presentar su proyecto para ese área. Un comité de valoración constituido por representantes de varias administraciones resolverá el concurso a favor de uno o varios promotores, a los que se entregará una reserva de zona durante un periodo máximo de dos años, con carácter de exclusividad, para que realicen los estudios necesarios.

Antes de la finalización de la reserva de zona, el solicitante deberá presentar su solicitud de autorización administrativa de la instalación, que será otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas, previa Evaluación de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Posteriormente, el promotor deberá obtener de dicho ministerio la concesión para la ocupación del dominio público marítimo terrestre.

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