La fuerte presión sobre los recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales, agrícolas o hídricos y la lucha por su control, generan, además de degradación ambiental, tensión, conflictos, violencia y desplazamientos forzosos. Las personas y comunidades que habitan zonas explotadas ven vulnerados muchos de sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación. Dos tercios de los niños y niñas sin escolarizar viven en países ricos en recursos naturales cuyos presupuestos en educación son inferiores al 3% y, en la última década, el 87% de las personas desplazadas en el mundo procedían de zonas de explotación minera y petrolera.
Sabemos que el desplazamiento y el refugio son factores de riesgo para el abandono escolar y la pérdida de oportunidades educativas: sólo la mitad de los niños y niñas refugiados están escolarizados en primaria y una cuarta parte en secundaria. Diez de los países con indicadores educativos más bajos son ricos en recursos naturales. Ocho de ellos están siendo o han sido asolados por conflictos. De los 40 conflictos que se han producido entre el año 1999 y el año 2013 han conllevado ataques recurrentes a la educación, más de la mitad han sido conflictos vinculados directa o indirectamente con los recursos naturales.
La educación es esencial para la adecuada gestión de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la construcción de la paz y el cumplimiento de los demás derechos humanos. Sin embargo, este derecho se ve gravemente conculcado en países y regiones ricas en recursos naturales, que paradójicamente cuentan con los indicadores en educación y salud más bajos del mundo, así como con niveles de pobreza más elevados. Estos países o regiones son muy frecuentemente asolados por conflictos relacionados directa o indirectamente con la explotación de sus recursos. Conflictos que retroalimentan a su vez la fragilidad, la inestabilidad y la pobreza.
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