Greenpeace pide al Gobierno que contemple con sensibilidad social y medioambiental la cuestión del cementerio nuclear centralizado (ATC) y que tome la decisión de anular el actual proceso, ante el cúmulo de defectos formales y legales, y el unánime rechazo social e institucional a esta instalación en todas las comunidades autónomas con municipios candidatos. Greenpeace recomienda que se ponga en marcha otro proceso  para debatir la gestión de los residuos radiactivos que, cumpliendo con la legislación vigente en materia de participación pública en asuntos ambientales, persiga la consecución de un amplio y verdadero consenso social, medioambiental y territorial.

En cuanto a los defectos formales, cabe destacar, entre otros, que el actual proceso desarrollado por el Ministerio de Industria ha vulnerado la legislación vigente sobre participación del público en materias ambientales (Convenio de Aarhus, que es ley en España desde 2005), motivo por el cual la organización ecologista inició un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución que inició al proceso del ATC.

Por otra parte, el pasado domingo 21 de noviembre, voluntarios de Greenpeace acudieron al mitin principal de Convergència i Unió (CiU) para informar a los asistentes sobre la importancia de que esta formación política se comprometa a renovar la Resolución del Parlament de Cataluña (marzo de 2010) de rechazo a la ubicación del cementerio nuclear el cementerio nuclear y de las propuestas de la organización por una Cataluña libre de energías sucias.

Greenpeace recuerda que el Ministerio de Industria reconoció ante la Audiencia Nacional la inexistencia de los proyectos técnicos y estudios de seguridad del cementerio nuclear y de su centro de experimentación nuclear asociado. Este hecho confirma la vulneración del Convenio Aarhus por parte del Ministerio de Industria y demuestra la nulidad de pleno derecho de todo el proceso.

Desde que se inició el proceso del ATC a finales de diciembre, decenas de manifestaciones y concentraciones se han celebrado contra el cementerio nuclear. También se han aprobado multitud de declaraciones institucionales de rechazo de todos los Gobiernos autonómicos con municipios candidatos y sus respectivos parlamentos, así como de Diputaciones provinciales, Consejos Comarcales y Ayuntamientos. Greenpeace considera que esto evidencia que el proyecto ha generado ya un amplio rechazo social, territorial y político.

«El ATC es un proyecto peligroso e innecesario y, desde el punto de vista técnico, no hay urgencia real para poner en marcha esta instalación», ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. «Lo que sí es verdaderamente necesario es poner en marcha un plan urgente de cierre progresivo de las centrales nucleares con el fin de reducir la producción de los residuos radiactivos y generar un amplio consenso social, medioambiental, territorial y político frente a este problema», ha añadido Bravo.

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