Vamos a exponer objetivamente la financiación de los partidos y su relación con la banca. La democracia partidista que conocemos tiene un precio: aproximadamente 625 millones de euros anuales. Este es el coste de funcionamiento de los partidos políticos con representación parlamentaria, según el último informe del Tribunal de Cuentas, para los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.
SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Existen tres sistemas de financiación: el basado en aportaciones privadas, el que se compone únicamente de recursos económicos públicos y por último, el mixto que combina ambas fuente de ingresos. La Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos acoge un sistema de financiación mixta. Los recursos económicos con carácter público son:
-Subvenciones públicas para gastos electorales.
-Subvenciones estatales para gastos de funcionamiento.
-Subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda en referéndum.
-Aportaciones de Grupos Parlamentarios en los ámbitos estatal, autonómico o local.
Los recursos procedentes de la financiación privada son:
-Cuotas y aportaciones de sus afiliados.
-Productos de actividades propias de los partidos políticos, rentas procedentes de la gestión de su propio patrimonio, beneficios obtenidos en actividades promocionales y los percibidos con el desempeño de sus fines específicos.
-Donaciones en dinero o en especie. No se pueden aceptar donaciones procedentes de organismos, entidades o empresas públicas, ni tampoco de empresas privadas que realicen en ese momento servicios para la Administración Pública, ni en una cuantía superior a 100.000 euros procedentes de la misma persona física o jurídica, salvo que se trate de bienes inmuebles que consten en documento público. Pero claro, nada indica al respecto en relación con las fundaciones de los partidos políticos, que no tienen límite a la hora de recibir este tipo de donaciones.
-Herencias o legados.
Por último, la fiscalización y el control de la financiación de los partidos políticos pasa por la obligación de desarrollar un sistema de control interno. La fiscalidad externa corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
En España, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y la Ley 7/1988, de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal. Ejerce el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos. Todos los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por el poder legislativo: seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado por un período de nueve años. En la actualidad tiene once consejeros: seis nombrados por el PP y cinco nombrados el PSOE.
LA BANCA SIEMPRE GANA
Según el informe del Tribunal de Cuentas, entre el año 1993 y el 2002 se pudieron detectar al menos 25,4 millones de euros condonados por la banca a los partidos políticos. Y la cifra ha ido en aumento. Por ejemplo, sólo en el año 2004 el PSOE obtuvo unas condonaciones por parte del Banco Santander y la caja vasca BBK de 33 millones de euros. Los partidos políticos están endeudados con la banca y ésta ejerce un control férreo sobre aquellos, de tal forma que si la política ejerciera algún tipo de actividad contra la banca, ésta usaría la abultada deuda de los partidos como arma letal, por eso la banca nunca ha considerado la deuda de los partidos políticos como pérdidas sino como una inversión lucrativa. Por ejemplo, ¿qué partido político va a cuestionar el blanqueo de dinero que hacen los bancos en paraísos fiscales estando hipotecado con la banca? La condonación de deudas a los préstamos de los partidos políticos, así como quitar intereses o retrasos por demoras es corrupción. ¿Qué hace el Tribunal de Cuentas ante esto?
AHÍ VAN LAS CIFRAS DE LAS DEUDAS
En el año 2006 el órgano fiscalizador evalúa en 191,1 millones de euros la deuda que los partidos representados en el Congreso acumulaban de deuda con la banca, de los cuales 1,5 millones eran intereses. Con respecto a la condonación de deudas a los partidos por parte de las entidades bancarias o la renegociación de condiciones, siempre en beneficio de los partidos, resulta que tras recibir la documentación al respecto de las entidades de crédito, se detectó que las cantidades abonadas cubrían el principal de las deudas pero el Tribunal de Cuentas advierte, “desconociéndose los términos de la negociación que ha ocasionado el cálculo de los intereses abonados”. Algunos ejemplos de deudas: PSOE (39,1M), PP (13,2M), IU (14,8M), PNV (14,4M), CiU (19,9M), EA (10,4M), BNG (3,7M), PSC (6,7M), UCD (5,3M), IpC (4,2M)…
En el año 2007 el Tribunal de Cuentas refleja en un informe que los partidos políticos tienen una deuda las entidades bancarias de 226 millones de euros. Las deudas más elevadas eran: PSOE (59,7M), PP (59,2M), PNV (17,1M), CiU (15,9M), IU (15M), UDC (12M) o el PSC (10,3M), entre otros.
Es necesario tener en cuenta que en este mismo año se aprobó la Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de los Partidos Políticos que incluye una enmienda de UPyD que acoge una medida muy importante: que las condonaciones de los bancos a los partidos políticos estén limitadas a 100.000 euros anuales.
Posteriormente, el año de las últimas elecciones generales las formaciones políticas acumulaban un total de de 275 millones de euros en deudas bancarias. La confianza de las entidades financieras cotizó al alza hacia el Partido Popular después del comienzo de la crisis. En el 2011, año de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, los populares acumulaban una deuda de 77,9 millones de euros, casi ocho millones más que el Partido Socialista. Izquierda Unida, por su parte, en 2011 tenía 17,1 millones de euros en deudas con las entidades financieras. Sin embargo, es la única de la que el Tribunal de Cuentas reporta una condonación de una parte de esta deuda que ascendió a casi 600.000 euros. Deudas del resto de formaciones políticas: PNV (27,7M), UDC (16,2M), IpC-verds (16,1M), PSC (12,9M), CiU (12,6M), BNG (4,7M), UPyD (2,9M), ERC (2,4M), Eusko Alkartasuna (1M)…
El análisis de las cuentas lleva al Tribunal a afirmar que hasta diecisiete formaciones estaban en quiebra técnica en 2011, más de la mitad fiscalizadas. Entre las conclusiones del Tribunal destaca, además, que numerosas formaciones “no han cumplido con los requisitos legales” a la hora de facilitar información sobre sus donantes: bien por no haberla remitido o bien por haberla hecho sin todos los detalles necesarios para que fueran identificables. Algunos partidos incumplen el máximo legal de los 100.000€ para las donaciones anónimas. Hay formaciones políticas que violan la ley vigente al aceptar donaciones por personas jurídicas con contrato vigente con la Administración.
LA PUERTA TRASERA
Las empresas constructoras o promotoras dan donaciones a las Fundaciones de los Partidos ya que la ley no les permite hacer el donativo directamente al Partido si tienen un contrato con alguna administración pública. Es decir, las citadas empresas dan donativos a la Fundación Faes (PP) o Fundación Ideas (PSOE) y posteriormente, éstas conceden préstamos a sus partidos. Este hecho no quedó contemplado en la Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de los Partidos Políticos. Las fundaciones asociadas a los partidos políticos parecen ser un gran agujero negro, ya que, aunque tienen la obligación de entregar al Tribunal de Cuentas un balance sobre las donaciones que reciben, no se controlan sus actividades económicas, el endeudamiento con las entidades financieras, la compra-venta de inmuebles, etc. Es alarmante la falta de información, sin ningún tipo de auditoría, control o supervisión. Asimismo, las cuentas tampoco son claras respecto a las donaciones de inmuebles, subvenciones encubiertas o deudas.
LEGISLACIÓN
-Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de los Partidos Políticos.
-Ley Orgánica 5/2012 de Reforma de la Ley Orgánica de 8/2007. Esta ley bajó la contribución pública a los partidos y limitó las condonaciones bancarias de deuda, pero al mismo tiempo abrió las puertas a la financiación ilimitada de las asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos, algo que de nuevo favorece el descontrol. -Proyecto de Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico
-Financiera de los Partidos Políticos, de 28 de febrero de 2014. Introduce la novedad de la publicación en la web de los partidos de sus donantes y acreedores, y llamativamente la comparecencia en el Congreso de los tesoreros de los partidos. Una decisión extraña que parece responder más a una estrategia de responsabilizar a los tesoreros de los partidos de lo que haya ocurrido con sus cuentas que a una voluntad real de acabar con la corrupción o de incorporar a nuestro ordenamiento las reiteradas recomendaciones del GRECO. En el informe de la asociación GRECO aparece la enorme dependencia financiera de los partidos con la banca.
En un momento en que se criminaliza la protesta social y no se le perdona un céntimo al ciudadano, es hora de que los partidos dejen de hacer promesas y empiecen a hacer verdaderas reformas. Exigimos que la ley de Transparencia asegure una fiscalidad efectiva tanto de los partidos políticos como de las fundaciones vinculadas a ellos. Exigimos también un Tribunal de Cuentas independiente y eficiente. Basta ya de indultos a consejeros de bancos, basta ya de casos como el “caso botín”, basta ya de redactar leyes protegiendo los intereses bancarios… Exigimos una total transparencia en torno a la contabilidad de los partidos políticos.
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