En cualquier país del mundo los agentes económicos que regulan la economía del país son tres:

LAS FAMILIAS.

Es una institución importante dentro del engranaje de la economía de un país puesto que sus miembros consumen diariamente todo tipo de productos que han sido elaborados bien sean básicos (alimentos, vestidos, calzado…) o de lujo (café, joyas, pieles…) y de servicios (taxi, autobús, educación, sanidad…).

Además, algunos de sus miembros, forman parte activa del proceso productivo desempeñando diversos puestos en la empresa (administrativo, obrero, electricista, gruista…) y por dicho trabajo reciben una remuneración económica más o menos elevada. Si los salarios que perciben los trabajadores son elevados se animará la producción de todo tipo de mercancías pues las familias tendrán más opciones de compra. Si, por el contrario, los salarios que reciben los trabajadores son bajos, las compras familiares se retraerán lo que produce, por consiguiente, la necesidad de una menor producción por parte de las empresas y el cierre de muchas de ellas.

Los trabajadores han de percibir un salario medio-alto por el bien de la economía del país ya que:

  1. Produce el aumento en la compra de productos y demanda de servicios.
  2. Contribuye a una sustancial mejora de la seguridad social (IRPF).
  3. El Estado puede aumentar moderadamente los impuestos sin mermar sustancialmente el estado de bienestar.
  4. Aumenta el ahorro familiar lo que beneficia a las instituciones bancarias al disponer de mayor liquidez y produce la bajada del tipo de interés e hipotecario.

Un problema que se aprecia ya hoy en día y puede ser serio en las próximas décadas es la robotización en el proceso productivo de un determinado bien. Los países más desarrollados del mundo la automatización y robotización del proceso productivo supera ya el 25% por cada 100 trabajadores. Incluso hay empresas, como las automovilísticas, que superan el 80%. Este es un serio problema que se debe controlar y fijar mediante nuevas normas y leyes ya que, de no ser así, provocaría un aumento del paro y una menor recaudación pues los robots (de momento) no pagan impuestos al Estado.

LAS EMPRESAS.

Producen bienes para satisfacer la demanda que ofrecen en el mercado. En teoría las empresas se rigen por el sistema del liberalismo económico basado en la libre competencia entre ellas y el precio del producto final lo fija la oferta y la demanda. Digo en teoría porque en realidad no es así ya que muchas veces las diversas empresas se ponen de acuerdo para fijar el mismo precio en los productos de bienes o consumo (precios en los carburantes, teléfonos móviles, eléctricas, etc). Los empresarios son partidarios de la moderación salarial y la flexibilidad y precariedad del mercado laboral lo que, al fin y al cabo, va en contra de sus propios beneficios pues retrae las compras domésticas (demanda interna).

El empresario arriesga el capital  y pretende conseguir los máximos beneficios sin respetar, muchas veces, las leyes y normativas vigentes en el país. En primer lugar, existe una competencia desleal entre las propias empresas debido al trabajo sumergido que no tienen afiliación alguna y sacan al mercado sus productos de forma ilegal sin pagar ningún tipo de impuesto (estás empresas sumergidas suponen el 20% del total en el caso de España).

Otras empresas, a pesar de estar en un sistema económico de libertad de mercado, buscan subvenciones y exenciones fiscales que consiguen, en muchos casos, gracias a la ayuda de ayuntamientos, comunidades autónomas o el propio Estado. Buscan la flexibilidad laboral y contención de salarios pero no reparan en pedir subvenciones lo que es una contradición de su propia doctrina liberal.

Con el desarrollo de la economía global se produce también una concentración empresarial mundial entre grandes empresas y multinacionales. Es frecuente la fusión de multinacionales dentro del campo de la producción automovilística, informática, de móviles, compañías petroleras, de comunicaciones o bancarias, entre otras muchas. Con ello buscan aumentar aun más sus beneficios sin reparar en situaciones sociales lamentables e imponer sus políticas económicas y sociales a los gobiernos de cada país. Además, al unirse entre ellas pagan menos impuestos al Estado.

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Por otra parte, si un Estado no se doblega a sus intereses y, por ejemplo, mantienen elevados los impuestos a pagar, no tienen ningún reparo en deslocalizar sus empresas e irse a otro país donde pueden conseguir mejores ventajas fiscales o medioambientales y, por consiguiente, despedir a sus trabajadores (flexibilidad laboral) con lo que aumentaría el paro y el Estado recaudaría menos impuestos.

Además, las nuevas tecnologías aplicadas a las más modernas empresas produce un descenso de la mano de obra y una tendencia a la baja en los salarios (más demanda de trabajo que oferta). Esto no es ninguna novedad pues ya se producía a principios del s.XIX en Gran Bretaña lo que provocaba huelgas y la destrucción de la maquinaria moderna por parte de los trabajadores.

EL ESTADO

Cada vez tiene menor importancia en los países denominados de libre mercado que son prácticamente todos los países del mundo salvo contadas excepciones (Corea del Norte, Cuba, Vietnán o China). Hasta finales del s.XX en muchos países desarrollados o en vías de desarrollo el Estado gestionaba algunas empresas estratégicas como: las eléctricas, transporte aéreo y ferroviario, sector minero y del metal. A partir de ese momento los diversos estados europeos y de otros continentes comenzaron a vender a empresas multinacionales o a grandes empresas su propio patrimonio industrial y de servicios lo que generó ya llegada de varias decenas de miles de millones de dólares a las arcas del Estado de esos países (Francia, Gran Bretaña, Italia, España, etc) pero a cambio de ajustes de plantilla y exenciones fiscales.

Por consiguiente tanto las industrias como los servicios públicos dirigidos por el Estado es casi inexistente en los países democráticos de todo el mundo y ahora los estados se dedican a regular mínimamente las relaciones laborales que deja en manos de sindicatos y confederaciones patronales.

Los estados, hoy en día, solamente se ocupan de gestionar la sanidad y educación y no en exclusiva pues las empresas privadas cada vez tienen un mayor peso en estos dos servicios básicos para la sociedad (especialmente la intervención privada es más acusada en la sanidad).

En definitiva, la venta de empresas industriales, transportes y servicios ha dejado totalmente en manos de las grandes empresas y multinacionales amplios sectores de la economía que tradicionalmente estaban controlados por el Estado y que mantenían cientos de miles de puestos de trabajo.

Uno de los motivos de estas ventas fue el hacer más eficientes y productivas dichas empresas y servicios pero no fue así. Los nuevos empresarios privados se dedicaron no a modernizar las instalaciones y a comprar nuevas teconologías sino más bien a reducir los salarios y aumentar las jornadas laborales con horas extras muchas veces no declaradas.

El resultado final es que las multinacionales consiguen mayor margen de beneficios a costa de la reducción de plantillas, horas extraordinarias no regladas y exenciones fiscales con lo que a medio o largo plazo la venta de estos bienes estatales redundan negativamente en la economía nacional y en el sistema de bienestar social.

En resumen la globalización económica con su teoría ultra liberal en muchos casos y proteccionista norteamericana con el presidente Trump, tal y como se está viendo, no da lugar a un mejor nivel de vida a las sociedades a nivel mundial ni regional sino que, por el contrario, sigue habiendo bolsas de pobreza cada vez mayores tanto en países desarrollados (9 millones de pobres en España, según Cáritas y 40 millones en Estados Unidos según su propio censo) como en los Países del Tercer Mundo. Según los informes de Naciones Unidas (ONU) en los últimos seis años (justamente con el auge de la globalización) las personas más ricas han visto como sus fortunas se duplicaban, al mismo tiempo que las capas más pobres se han empobrecido aún más. En este año 2019 más de 1.300 millones de personas sufren pobreza extrema (viven con 1,25 dólares al día) y 805 millones pasan hambre en el mundo.