Hace tiempo que México alcanzó el primer puesto en lo referente a droga y violencia y desde entonces el terror que los narcotraficantes infringen en este país norteamericano tiene a sus habitantes y a medio mundo en vilo.
Periodistas, políticos, policía y gente de a pie viven bajo el yugo del miedo. Y con todo, una gran parte de los poderes judiciales y políticos del país se hallan bajo la sombra de la sospecha. Son muchas las voces que les acusan de colaborar con los cárteles en esta “guerra”, denominada así por el ex presidente Felipe Calderón en 2008.
Según datos de Transparency International, México tiene actualmente más de cincuenta y dos millones de personas viviendo en la pobreza y ocupa el segundo lugar en la lista de países más corruptos de América Latina, solo por debajo de Haití. A esto debe añadirse la mala gestión de la sangrienta “guerra” contra el narcotráfico, que ha dejado ya más de setenta mil muertos y veinte mil desaparecidos y precipitó la derrota del PAN, (Partido de Acción Nacional). Para muchos, el partido que gobernó durante doce años, dejó intactas las estructuras burocráticas, no combatió monopolios como Televisa, ni la corrupción de burocracia y sindicatos. Lo que facilitó la llegada al poder presidencial del PRI (Partido Revolucionario Institucional), con el actual presidente del país, Enrique Peña Nieto.
Periodismo, profesión de alto riesgo
Elia Baltazar, periodista mexicana y cofundadora de Periodistas de a pie, comentaba en una entrevista el año pasado que “en el momento en que matas o agredes a un periodista, el efecto de miedo de la sociedad se multiplica. La gente piensa que si le hacen eso a los medios, ¿qué les puede pasar a ellos?”. Esta profesional defiende que no hay que dejar que allí donde sea asesinado un periodista crezca la mancha del silencio. Porque entonces, explica, se hace muy difícil llegar a conocer hechos tan alarmantes como que hay comunidades enteras cuyas familias trabajan para el narcotráfico.
Baltazar denuncia que “la impunidad en México es impresionante. Solo hay dos o tres responsables en la cárcel como mucho”. Y va más allá, asegurando que los periodistas con los que la violencia más se ceba son aquellos que trabajaban en localidades pequeñas, “de cuyas muertes muchas veces no se hacen eco los medios, algo que no sucedería si el periodista fuera francés, por ejemplo”.
Según un estudio publicado por Free Press Unlimited, en el año 2011, México sufrió ciento setenta y dos casos de presión sobre la libertad de prensa, con once periodistas asesinados, dos desaparecidos y ocho asaltos armados en puntos de venta de medios de comunicación. La mayoría de las agresiones ocurren en Veracruz, donde los gobiernos locales ejercen un control férreo sobre los medios de comunicación. Y ante la falta de protección del Gobierno mexicano para garantizar la seguridad de los periodistas, se sucede el exilio de estos hacia la capital del país o el extranjero.
Es precisamente en Veracruz donde “muchos jueces y agentes del ministerio público incurren en delitos de corrupción al exigir dinero para poder impartir la justicia como se debe”, según palabras del presidente del Foro de Abogados de Veracruz, Vito Lozano.
Esto genera que, no solo los medios, si no la propia justicia estén heridas de muerte en lo que a la confiabilidad social se refiere. Ambas instituciones son vistas por la gente en México como organismos al servio de los intereses de los poderosos narcos. Y es que en este país, los delitos cometidos que no llegan a conocimiento de las autoridades, alcanza un espeluznante setenta y cinco por ciento. De cien delitos que sí llegan, solo 1.6 alcanza el conocimiento del juez. Lo cual se traduce en que la impunidad ronda la espantosa cifra de casi un noventa y nueve por ciento.
Así al menos se desprende del estudio Corrupción judicial e impunidad: el caso de México, realizado por Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM). El texto dice que “las encuestas más recientes, parecen reflejan sin duda alguna esos bajos niveles de confianza en jueces y tribunales. Parece tener razón Héctor Fix-Fierro, (director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) cuando afirma que la imagen de la justicia en la prensa, la opinión pública e incluso en el medio de la profesión jurídica, es y ha sido en general, desfavorable”.
El informe sostiene que muchos de los abogados de las personas implicadas en delitos, intentan “arreglarse” con el Ministerio Público antes de que éste decida llevar el caso ante la autoridad judicial. Y que “casi siempre tienen éxito, sobre todo si apoyan su estrategia con dinero”.
Lo que hay de cierto en esto y qué relación guarda este hecho con la gran impunidad de que gozan los grupos de narcotraficantes en México, es algo que investigan muchas personas en el país.
Personas que no se acobardan ante la posibilidad de ser alcanzados por aquellos que, desde hace ya demasiado tiempo, están sembrando el terror.
Alba Sueiro es autora del blog albasueirofraga.tumblr.com.
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