En el carricoche que conduce el Gobierno español, sus aurigas, sobre todo el presidente, sienten pánico a su propia gestión y en vez de tratar de vencer los síntomas de su desatino, piensan solo en como acallar al ciudadano de pie que observa sus imprecisiones y los semáforos rojos que se saltan. Por eso han inventado su ley menos progresista: la llamada “ley mordaza” que nos devuelve a pretéritos que creíamos olvidados.

Así amordazados y amedrentados es cómo piensan tenernos, sin que podamos acerquemos a decirles lo que pensamos en la casa común que son los Parlamentos  y que ellos han confundido como su casa, como tantas otras cosas que han hecho suyas cuando son del Pueblo. En vez de Ley de Seguridad ciudadana, es una ley de seguridad para el gobierno. Porque esa ley, digan lo que digan,  limita derechos fundamentales y ha sido aprobada contra la opinión de los demás grupos parlamentarios que aseguran que van a eliminarla cuando cambie la correlación de fuerzas.

 La aberración política de esta ley es tal, que presupone la mala intención de manifestantes o la de ciudadanos que denuncian con pruebas fotográficas abusos policiales. A los ciudadanos afectados por el contenido mordaza se les impide su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, precisamente este gobierno, tan celoso de lo escrito en la Constitución.  Con la nueva ley, los sancionados tendrán primero que agotar la vía administrativa para su defensa y luego recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa que está sujeta al pago de tasas judiciales, de las que la vía penal está exenta.

Frente a mínimos positivos como el tema del láser apuntando a pilotos y conductores con el riesgo de ocasionar accidentes, están los excesos en lo que llaman “perturbaciones graves de la seguridad ciudadana”. Es cuando el Pueblo, a quien dicen representar, se le acerca demasiado; y eso es miedo. Miedo a enfrentarse con las gentes que han perdido sus viviendas por unas hipotecas abusivas y cuyos pisos permanecen vacios en el activo de unos bancos que hemos salvado los propios ciudadanos. Miedo a que les digan a la cara  lo que piensan de ellos. Miedo a mirar a los ojos a los cuatro millones y medio de parados, cien mil más desde que están en el gobierno. Miedo a que las arcas de la Seguridad Social vayan mermando porque hay 270.000 cotizantes menos. Miedo a que les descubran sus chanchullos financieros, sus cuentas en Suiza, sus prevaricaciones, sus tarjetas black, su vacio en la cabeza. Miedo a que el golfillo del pequeño Nicolás saque más fotos que les comprometan. Miedo a que Bárcenas acabe cantando más cosas. Miedo al juez Ruz. Miedo a que otros busquen una nueva vida. Miedo a conducir al Pueblo porque para ellos solo son unos extraños que protestan, piden empleo, libertad, justicia y derecho de reunión y de expresión. Padecen de amaxofobia, pura y dura.

Como dice el comisario de Derechos Humanos de la Unión, “España pretende hacer legal lo ilegal”, pero no es España sino su gobierno. Timorato, medroso y espantado de esas gentes que pretenden comer, manifestarse, decidir por sí mismos, tratar de ser felices y poder decirles alto, fuerte y sin mordazas,  lo que están haciendo mal. Si el carro sigue conducido así tienen el tortazo asegurado.