La desastrosa situación de la sanidad se nos presenta como un problema de gestión del gobierno de Ayuso, y a la vez se nos promete que otros gestores podrían solucionarlo. Sin embargo, es resultado del proceso puesto en marcha por el PP en 2004, gracias a las leyes estatales que legalizan la privatización, que ha permitido que más de la mitad de los 8.500 millones € del presupuesto sanitario acabe cada año en los bolsillos de todo tipo de empresas privadas. Mientras, los centros públicos agonizan y nos dicen que no hay dinero para contratar médicos y sanitarios para garantizar la asistencia de 7 millones de personas.

En Atención Primaria, sufriendo el colapso que todos conocemos, alrededor del 20% de las plazas de medicina están sin cubrir -unos 750 médicos y pediatras-. La Administración repite el mantra “no hay médicos” que contratar, cuando se están formando más médicos que nunca, pero las desastrosas condiciones laborales provocan su huida hacia otros destinos. Los que quedan soportan la situación como pueden. Ante esta situación, el sindicato médico AMYTS ha convocado huelga en defensa de sus condiciones laborales y “por la sanidad pública”, pero ha errado en el diagnóstico de la enfermedad del SERMAS, por lo que el tratamiento no puede ser correcto.

Privatización y deterioro de las condiciones laborales son dos caras de la misma moneda. Si se oculta que las desastrosas condiciones laborales son resultado del proceso de privatización, se están omitiendo las causas. Si no se blinda el sistema sanitario y se rescata lo privatizado, frenando la hemorragia financiera que suponen los hospitales y servicios privatizados, no habrá solución para los problemas laborales, la “falta” de médicos, y el propio futuro del sistema sanitario. Y 42 millones € para repartir entre los médicos, como pide AMYTS, no curarán la enfermedad, sólo la pospondrán. La solución pasa, aparte de por incrementar plantillas y establecer condiciones laborales atractivas, por una refundación del sistema sanitario al margen de intereses privados y recuperando la esencia de la Atención Primaria: actuar contra los determinantes sociales y económicos de la enfermedad.

Esto no sólo es un problema de Madrid, como nos quieren hacer ver desde los medios de información al servicio de los partidos. La privatización y el deterioro del sistema se han extendido como una mancha de aceite por todos los rincones del Estado, afectando hasta al propio sector médico. Ante esto, el Sindicato Médico amenaza con convocatorias de huelga (Catalunya, Aragón, Murcia, Cantabria, Navarra, Extremadura, Andalucía…), que desconvoca en cuanto la Administración pone el talonario encima de la mesa y pacta el pago de apetitosas horas extras que ya querrían otros sectores (entre 40-80 €/hora), sin que se asegure ningún incremento de plantillas, ni la mejora real de las condiciones laborales. Sólo se pospone el problema y se evita enfrentarlo, lo que cronifica la enfermedad y provoca que ésta avance.

Cronograma de la destrucción del sistema sanitario de Madrid

2004 – Primer “Plan de Infraestructuras Sanitarias”: apertura de 8 hospitales privados.

2008 – “Segundo Plan de Infraestructuras Sanitarias”: apertura de otros 3 hospitales privados. La puesta en marcha de estos 11 hospitales privados, unido al “convenio singular” firmado con la Fundación Jiménez Díaz (buque insignia del principal grupo privado beneficiado, Fresenius -antes Quirón-), al que se le “cedieron” 400.000 habitantes “robados” de centros públicos, implicó el cierre de más de 2.000 camas públicas, y el inicio del trasvase -a fondos de capital riesgo y otros tiburones de las finanzas-, de cientos de millones de € anuales, en concepto de “canon” (alquiler) durante 30 años.

2008 – Los ambulatorios de Quintana y Pontones (TGSS) son cedidos a la misma empresa.

2009 – Cierre de laboratorios públicos (Aranjuez, Coslada, Vallecas) para crear un macrolaboratorio privado que se encargará de las pruebas de 2 millones de personas.

2010 – Privatización el servicio de citas médicas, adjudicado a INDRA.

2011 – Supresión de las áreas sanitarias. Nos venden la “libre elección de médico y hospital” como una mejora, cuando en realidad se está arrebatando al sistema público la capacidad de gestión.

Además, y sin ánimo de ser exhaustivos, se ha privatizado la extracción de sangre, la lavandería, la limpieza, la informática, salud mental, el mantenimiento, el almacenaje…

Paralelamente se han incrementado los conciertos privados. Todo ello con total legalidad gracias a las leyes de ámbito estatal 15/97, y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que el gobierno “más progresista de la historia” mantiene en vigor. Unos hacen el trabajo sucio y los otros se rasgan las vestiduras sin trabajar para revertir la privatización. Puro espectáculo.

Llevamos dos décadas denunciando que el objetivo es destruir el sistema sanitario público y traspasar las partes rentables a la privada. Cada vez un mayor número de personas pasan a formar parte del “precariado”, no son necesarias para el capitalismo, y éste ya no necesita garantizar la asistencia sanitaria a quienes no les son útiles. La crisis energética y social en la que estamos inmersos va a permitir al Estado justificar la reducción aun mayor de los servicios públicos. Los escenarios pueden ser aún peores. Por eso, los “Ayuso dimisión” o “la sanidad no se vende, se defiende” son reclamos vacíos. Solo sirven para distraer a la población y ocultar las causas y los responsables de esta situación.

  • Por la derogación de las leyes estatales que permiten la privatización de la sanidad, el rescate de lo privatizado y la democratización del sistema.
  • Por la atención a todas las personas, independientemente de su condición social y procedencia.
  • Por el 25 % del gasto sanitario para Atención Primaria.
  • Por una industria farmacéutica pública.
  • Por una atención sanitaria en las residencias de mayores desde el sector publico.