Cuando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, fue elegida el 28 de noviembre de 2021 basándose en una plataforma contra la corrupción que prometía abordar el desastroso historial de derechos humanos del país y los astronómicos índices de homicidios y extorsión, había muchas esperanzas depositadas en ella.
Un mensaje en redes sociales donde, con letras rojas y negras, se puede leer: “Caravana Migrante el 15 de enero. Buscamos refugio. En Honduras nos matan”.
La miseria mira al norte, orientan sus rostros al viento y sólo ven sus sombras avanzando, porque el sur queda ya a su espalda. Hace una semana eran unos pocos, unos doscientos, hartos de tierra yerma y faltos de esperanza, hoy son más de cinco mil.
Amnistía Internacional seguirá en calidad de observador el juicio de ocho personas acusadas del asesinato en 2016 de la defensora de los derechos humanos hondureña Berta Cáceres, que comienza hoy lunes 17 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
La detención de un ejecutivo de DESA debe ir seguida de otras actuaciones contra quienes están detrás del homicidio de Berta Cáceres.
Berta Cáceres repetía a sus dos hijas y a su hijo que no tuviesen miedo, que no se dejasen intimidar por las amenazas y la violencia. La activista hondureña fue asesinada por defender al pueblo indígena lenca de un proyecto para construir una presa en el cauce del río Guarcarque.
