Las personas condenadas a muerte deben ser tratadas con humanidad y dignidad y recluidas en condiciones que cumplan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional el Día Mundial contra la Pena de Muerte.
No soy partidario de la pena de muerte al igual que millones de españoles y miles de millones de ciudadanos del mundo. Considero esta pena como aberrante, contraria al derecho a la vida y, por tanto a uno de nuestros derechos básicos. Además, es injusta en su aplicación ya que, como está demostrado estadísticamente, la pena capital se aplica a un mayor número de negros que a blancos y a más pobres que a ricos.
En 2015, al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 25 países. Esta cifra supone un notorio incremento, superior al 50 %, respecto al número de ejecuciones registradas en 2014, que alcanzó las 1.061 en 22 países.
Los Estados utilizaron la pena de muerte en un intento fallido de hacer frente a la delincuencia, el terrorismo y la inestabilidad interna. El fuerte aumento del número de condenas a muerte se debió en gran medida a Egipto y Nigeria: en todo el mundo se impusieron al menos 2.466 condenas, un 28 por ciento más que en 2013. Se registraron 607 ejecuciones, casi un 22 por ciento menos que en 2013 (sin incluir las llevadas a cabo en China, país que ejecutó a más personas que el resto del mundo junto). Se sabe que hubo ejecuciones en 22 países, la misma cifra que en 2013.
Un número alarmante de países utilizaron en 2014 la pena de muerte para responder a amenazas o supuestas amenazas para la seguridad del Estado y la seguridad pública planteadas por el terrorismo, la delincuencia y la inestabilidad interna. Así lo ha concluido Amnistía Internacional en su examen anual de la pena de muerte en el mundo.
En contra de la tendencia mundial a la abolición de la pena de muerte, Irak e Irán provocaron un acusado aumento del número global de ejecuciones en 2013, explica Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo.