Cuando revisamos la historia y los hechos grandes y pequeños que van marcando el curso de la vida hasta llegar a la democracia y luego, ya dentro de ella, entender qué significa y para qué sirve, nos damos cuenta que la humanidad necesita recordar que tiene derechos, obligaciones y que la memoria es frágil, sobre todo en democracia y que la dispersión social posibilita los abusos.

La casa de la Av. 6 de Agosto No. 548, en pleno centro de la ciudad de La Paz, está muy cerca al monoblock central de la Universidad Mayor de San Andrés, entre otras entidades grandes y pequeñas que han articulado su propia historia al tema de derechos humanos por la naturaleza de sus luchas, es una construcción antigua de las pocas que quedan por el centro, tiene dos terrazas, un jardín convertido en huerta en ciertas temporadas, su infraestructura es de adobe, tiene ambientes amplios como se estilaba construir antes de que proliferaran las lógicas urbanísticas de organizar el hacinamiento en cajitas.

Si bien el ingreso es libre para recibir a la población en general y tiene un salón amplio donde se organizan todo tipo de eventos desde presentaciones de libros, películas, hasta ferias de productores y tiene un letrero grande que la identifica, también sufre de alto grado de invisibilidad entre tanto cartel comercial y el paso apurado poco observador de las mayorías que ya no conocen su razón de ser y la importancia de tener una casa para todos.

Esta semana presenciamos la custodia de la casa por un escuadrón de policías ante la denuncia de que un grupo de supuestos ciudadanos defensores de derechos humanos que promueven el discurso “humano” del gobierno de turno, ingresara a la casa desconociendo a quienes conforman la Asamblea Permanente de Derechos Humanos desde su fundación y que recibieron la casa de un gobierno anterior hace 22 años, como apoyo y reconocimiento a la necesidad de sostener la democracia a partir de una gestión consecuente y referencial de la sociedad civil.

En estos momentos la casa se encuentra ocupada por estas personas afines al gobierno y custodiada por la policía, mientras se encuentran afuera en vigilia para recuperarla, quienes lograron consolidarla por más de dos décadas, pero trabajando duro desde al menos dos décadas antes sin casa ni lugar que les dignifique. Por lo tanto, la acción gubernamental está siendo proteger al grupo invasor, lo cual debería convocar la acción democrática de quienes consideren que la casa no puede “ser del gobierno” quien el año 2018 construyó un edificio de 29 pisos denominado “Casa Grande del Pueblo”, suficiente para llevar adelante trabajo por los derechos humanos, si es que tiene planes para efectuarlo.

Toda población necesita una casa con perfil social, de puertas abiertas, donde no te controlan la cédula de identidad para escucharte, que brinda espacio apropiado para hacer distintas actividades, avanzando hacia los derechos no solo humanos, sino de la biodiversidad, que elige un liderazgo periódico entre quienes la activan con compromiso y que necesita nuevas generaciones informadas sobre el legado que puede ir acuñando con cada actividad.

Ante la pregunta del interés sobre la casa, pues no es económico porque se mantiene con el alquiler de tres espacios que dan a la calle principal: uno vende comida, el otro material de escritorio y una pequeña cafetería que ahora no puede trabajar por la custodia policial; así que no es lucrativa ni será nunca su objetivo.

Si la casa se pierde en manos no legítimas, perderemos todos como sociedad boliviana y una de las maneras de conservarla es resistiendo de forma autoconvocada, evitando que los derechos constitucionalizados se disuelvan en el cansancio de las vigilias y energizándolas con más fuerza intergeneracional, tanto en la puerta principal como en la puerta del garaje que está en el callejón sobre la calle Juan José Pérez.