Por si a estas alturas hay personas que no están al tanto sobre los últimos acontecimientos en la isla chipriota, resumiremos lo ocurrido.

Debido a la crisis que está afectando a una gran parte de los países de la Unión Europea, a la crisis sobre las deudas de los países periféricos y a la falta de financiación consiguiente (además posiblemente de la mala gestión de las entidades y de los problemas específicamente locales), una parte importante de la banca de éste pequeño país, como ya ocurriera en Irlanda, Islandia, Holanda, Alemania, Portugal, España, etc., se ha colocado en una  situación de quiebra y el gobierno se ha visto obligado a solicitar el rescate de la UE para salvar esas entidades.

Hasta aquí no hay novedades respecto a lo que viene ocurriendo en los últimos años en Europa, y por supuesto la respuesta de Bruselas ha sido volver a exigir ajustes draconianos a la sociedad chipriota, lo que provocará la consabida mayor depresión de su economía, más paro, menor recaudación, más dificultades para hacer frente a los pagos, etc. (error que no acaba de entender casi nadie fuera de Alemania), pero además, en el caso chipriota han exigido una nueva medida que cruza una línea muy peligrosa para los derechos de los ciudadanos: Bruselas pide a Chipre que una parte de la deuda de los bancos (empresas privadas, no lo olvidemos) sea pagada directamente por todos los ciudadanos que tengan dinero depositado en los bancos.

Alemania, verdadera voz cantante de Bruselas, con su cultura luterana exige padecimiento a los culpables para redimir sus pecados, y las penurias, el paro o la exclusión social de los ciudadanos de países “pecadores”, es la justa penitencia a sus actos del pasado. Con esa premisa, y con la particularidad de que el sistema bancario chipriota es considerado como una especie de paraíso fiscal, donde el 40% de los depósitos pertenecen a extranjeros (fundamentalmente rusos), la señora Merkel ha ido más allá que nunca al imponer este criterio.

Pero no es un problema que afecte exclusivamente a los chipriotas, es pasar una línea roja que sirve de precedente para cómo resolver cualquier tipo de problema similar en un futuro. Los políticos de la UE, comandados por Alemania, han determinado que cuando una quiebra sea lo suficientemente importante y sistémica como para necesitar la ayuda de terceros países, sean los ciudadanos (da igual que no tengan nada que ver con esas empresas ni con el problema) los que paguen una parte del desastre. Y el FMI ha bendecido la solución.

Conclusión: no importa que la crisis financiera y de deuda actual tenga sus orígenes en la desregulación casi total de los flujos financieros que recorren el mundo especulando contra empresas y estados, desordenando fuertemente la economía productiva tradicional; no importa que toda la desconfianza que ha motivado la crisis de deuda surgiera de la actividad ilícita de unos bancos de inversión que crearon productos financieros tóxicos, o que los políticos dejaran crecer enormes burbujas especulativas de las que picaban dinero negro, y que finalmente han pinchado con la sequía de crédito, no. La solución que aportan nuestros gobernantes se resume en que paguen los platos rotos los de siempre, es decir, los ciudadanos de a pie.

Y el apenas comentado beneplácito del FMI a este atropello de los derechos civiles, significa que cuando algo parecido ocurra en cualquier otro lugar del mundo, se actuará igual. Se primarán los intereses de los mercados financieros y las grandes empresas en perjuicio de los ciudadanos de turno.

Cada vez estamos más desprotegidos como sociedades frente al poder económico y al poder plutocrático de los partidos políticos, por eso cada vez más deberíamos sentirnos todos pasajeros de ese barco llamado mundo y no dejar que nos pongan “en galeras a remar”, sino comprometidos todos con retomar un rumbo más ético y humano, que ponga coto a esta deriva antisocial y antidemocrática a la que gobiernos y poderes económicos quieren llevar al mundo globalizado.