También se le hacen graves señalaciones de abuso de autoridad, crímenes lessa humanidad, genocidio, agresión contra civiles por parte de las fuerzas armadas bajo las órdenes de gobierno, violaciones múltiples por parte de soldados, entre tantos más.

Sin embargo, poco es lo que se conoce en materia de derecho y justicia social, resulta ofensivo el nivel de violencia que impera a lo largo y ancho de la República mexicana, la falta de impartición de justicia la ha polarizado y el problema va en aumento: cada vez son más los grupos de civiles que se unen para manifestarse contra las acciones del gobierno, para defenderse ante sus omisiones administrativas, para protestar contra una serie de reformas que se han establecido con la nueva presidencia y que lejos de beneficiar al país rayan en traición a la patria, vulneran a la población, sus derechos y los bienes de la nación.

Las sanciones administrativas resultan inviables pese a que los Constituyentes previeron situaciones para su aplicación, pero con las derogaciones y erogaciones que se les ha realizado deja sin efecto los derechos fundamentales que dan razón a la Carta Magna, tal pareciera que la ley está diseñada para crear las condiciones óptimas de corrupción, abuso de poder e impunidad, y preservarlos. Gravísimo es el hecho de que la mayoría de los legisladores tienen apenas la educación básica y la política se ha convertido en un negocio de familia. Pareciera absurdo, pero la política mexicana es un claro reflejo de cómo el nivel de formación académica por parte de los legisladores puede favorecer una cultura de corrupción e impunidad en un país porque no bastan las buenas intenciones, la política pública se desvirtúa y se coloca a beneficio de una minoría nacional e intereses extranjeros.

Los climas están tan caldeados que el gobierno ha tomado, desde hace cinco años a nivel regional y tres a nivel nacional, la medida de restringir y regular, la información de los medios masivos de comunicación, las notas que alcanzan conocimiento internacional no son las más graves, sino aquellas donde la ciudadanía toma parte activa en la protesta que inician los familiares de los agredidos, pero no son cientos ni miles los muertos y desaparecidos en los últimos diez años, se calcula que ya son millones y un gran número de ellos a manos de fuerzas castrenses que tienen orden de “limpiar” zonas o “eliminar” grupos específicos, sean cárteles o civiles que han tomado las armas para defenderse.

Más grave es aún, que los partidos políticos estén aliados con cárteles en específico, porque en cada cambio de gobierno el reacomodo de plazas y lucha por mantenerlas, la violencia se recrudece y la inseguridad hace mella en la población. Las persecuciones políticas son el pan nuestro de cada día, tanto para quienes busquen resguardar a sus comunidades, lo cual afecta la operatividad de dichos cárteles y por ende los intereses de los grupos de poder asociados, ahí es donde entran las fuerzas castrenses a detener a los “infractores” de las autodefensas y fincan cargos contra los dirigentes; tanto como para los que se oponen a las políticas públicas que perjudican a algún grupo social específico, como para los que se manifiestan en contra de algún funcionario o servidor público.

Las fuerzas de orden creadas están al servicio de los funcionarios y no para asegurar la paz social, son tan cotidianos los casos de delitos graves a manos de estas corporaciones policiacas que el clima de desconfianza impera entre los ciudadanos.

Pero no todo es responsabilidad del gobierno, la sociedad, quizá debido al grado de necesidad en que la ha colocado la situación económica y jurídica, tiene parte de responsabilidad. Los padres, cada vez más ausentes por motivos laborales o personales, la omisión de cuidado y atención en la formación de sus hijos, ha favorecido que sea la televisión y la calle, quien cimente los ideales y modelos de conducta de los chicos, influencias cargadas de una cultura de narco, de violencia y donde los valores de fuerza, poder y dinero, rigen las pautas de conducta e ideales de estos chicos.

La exacerbación de los derechos de los niños, pero la omisión de sus obligaciones, la inimputabilidad en los menores y el mal manejo de los jóvenes infractores, crean un caldo adecuado para el delito en los jóvenes, situación que aprovechan los cárteles para reclutarlos y por ello es que cada día son más jóvenes los delincuentes, pero también los muertos. Tal pareciera que la sociedad se ha olvidado de la importancia de la educación en casa, del cuidado de los padres, de la vigilancia a los menores. Triste es el panorama de México para los siguientes años, sin fuerza productiva porque ha sido aniquilada, sin jóvenes que mantengan los ideales de un país que nació para ser grande, que poseía todas las condiciones naturales para ser económicamente autónomo, que ha sido pionero en materia legislativa, pero que hoy día está ahogado por un sistema que asegura la criminalidad e impunidad.