Ajena a las embestidas de las agencias de calificación, a la constricción del gasto público y los sacrificios impuestos por los rescates financieros, Latinoamérica vive un momento económico sin precedentes en su historia reciente gracias a un crecimiento estimado para el próximo año en más de un 4%.

No obstante, en una región cuya principal fuente de riqueza son los recursos naturales, la discusión sobre cómo conciliar progreso económico y preservación medioambiental es siempre controvertida. Gobiernos, empresas transnacionales, asociaciones ciudadanas y ecologistas mantienen un constante pulso por hacer valer sus posturas. Actualmente, el foco de atención regional está en la Patagonia.

A más de mil quinientos kilómetros al sur de la capital de Chile, en uno de los rincones más aislados y vírgenes del planeta, se libra una verdadera batalla que mantiene enfrentadas a una parte importante de la sociedad con empresas privadas del sector energético.

En ese confín del mundo, la filial chilena del gigante hispano-italiano Endesa y la local Colbún pretenden construir el complejo hidroeléctrico HidroAysén, integrado por cinco centrales generadoras ubicadas sobre los caudalosos ríos de origen glaciar Baker y Pascua, más una línea de alta tensión para transmitir la energía a la región central del país.

El proyecto, que desde mayo pasado cuenta con la aprobación gubernamental y que operaría a partir del 2020 con una capacidad de generación de 2.750 megavatios, se fundamenta en las necesidades energéticas de un país que crece a un vertiginoso ritmo del 6% anual.

Sin embargo, el inicio de las obras se encuentra paralizado debido a las demandas judiciales interpuestas por el Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena, una agrupación que cuenta no sólo con el apoyo de organizaciones conservacionistas y medio ambientales, sino que también de particulares y políticos chilenos de distintos sectores.

Desde que se conoció su aprobación, cientos de personas han salido a las calles de distintas ciudades no sólo para manifestarse pacíficamente contra un proyecto que, según señalan, altera el equilibrio ecológico de una zona como la Patagonia, sino que también para exigir un cambio en el actual modelo de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado exclusivamente en la iniciativa privada.

Según cuenta a FP en español Jorge Taboada, gerente de Desarrollo y Gestión de HidroAysén, la construcción del proyecto es indispensable. “Chile no cuenta con grandes reservas de combustibles fósiles ni otras fuentes energéticas que por si solas puedan satisfacer la demanda que nos va imponiendo el crecimiento económico. Se requiere de una matriz generadora diversificada y en ese sentido creemos que podemos aportar tres elementos clave: seguridad, por ser un recurso natural propio; sustentabilidad, por ser un método de generación muy poco contaminante; y competitividad, ya que hablamos de un proceso eficiente y que, por tanto, reducirá el coste de la electricidad”, señala.

Según sus defensores, las alternativas al proyecto patagónico son más centrales termoeléctricas, alimentadas con carbón o petróleo, y que generan altos niveles de contaminación con altos coste de mantención.

“Lamentablemente, las energías renovables no convencionales tampoco son hoy una alternativa viable”, señala Taboada. “Actualmente constituyen sólo el 5% de la matriz energética del país y llegar al 20%, que sería lo ideal, es un desafío de gran envergadura que requeriría grandes dosis de voluntad política. Pero aún si se lograra, sería necesario cubrir el 80% restante y es ahí donde las hidroeléctricas cumplen un rol fundamental”, reflexiona.

En cambio, para los detractores de HidroAysén su construcción no resuelve nada y distrae a la opinión pública de la discusión de fondo, que se refiere al tipo de energías que el país quiere impulsar de cara al futuro.

“Las centrales hidroeléctricas en la Patagonia son completamente innecesarias y, más aún, no se necesitan otras alternativas”, afirma a FP en español Matías Asun, director de Greenpeace Chile. “Si fuese exclusivamente por las necesidades energéticas del país, el problema se resuelve sin ellos, porque ya existen otros proyectos aprobados por el Gobierno que garantizan el suministro para los próximos años, aunque lamentablemente se traten de iniciativas termoeléctricas vinculadas a los combustibles fósiles. Es decir, energías sucias”, confiesa.

Aclara también que si su justificación fuese la necesidad de obtener fuentes de energías limpias, HidroAysén tampoco aporta nada porque las centrales termoeléctricas ya están completamente aprobadas por la autoridad y no serán suspendidas. Y, por último, cree que los efectos ambientales, económicos y sociales del proyecto no han sido del todo considerados. “Las presas son poco eficientes, su proceso de construcción es muy invasivo y las consecuencias en el recurso hídrico y sus territorios son nefastos”, aclara.

El representante de la empresa se hace cargo de las críticas sobre el impacto ecológico del complejo hidroeléctrico señalando que se han elaborado una serie de medidas de compensación y mitigación medio ambientales y que tienen relación con la generación de un área de conservación que dobla en tamaño al área afectada por los embalses, la relocalización de catorce familias y la implementación de un plan de turismo sostenible para la zona. En cuanto a la construcción de cientos de torres de alta tensión y la línea de transmisión que recorrerá una distancia de casi dos mil kilómetros hasta el centro del país, afirma que se realizará preservando el entorno y practicándose una tala selectiva de árboles.

Con todo, el director de Greenpeace señala que el proyecto hidroeléctrico es un problema más que se añade a la discusión de fondo y que se refiere a la inexistencia de una verdadera política pública sobre el sector de la energía y que deja al Estado sólo con funciones de regulación y fiscalización de inversiones e iniciativas privadas que muchas veces sólo intentan sacar un beneficio económico de un marco legal imperfecto.

De momento, la Patagonia continuará siendo un territorio de polémicas hasta que la justicia no dicte una resolución definitiva sobre las presas de la discordia.

 

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