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La pesca de arrastre es el ejemplo perfecto de una práctica insostenible, resultante de la mala gestión pesquera de la Unión Europea. Además de provocar la destrucción irremediable de los fondos marinos y generar numerosos descartes, científicos a nivel mundial cuestionan si estas pesquerías son económicamente viables.

Las redes que se emplean están formadas por una gran malla o red cónica. Su tamaño varía, pero las que se utilizan en las aguas internacionales, las más grandes, alcanzan el tamaño de un campo de fútbol. Esta red permanece abierta porque tiene dos grandes planchas de acero, también conocidas como puertas, que pueden pesar más de cinco toneladas. Además, en la parte inferior de la red se traslada un cable pesado ensartado con grandes bolas de acero que favorece que la red se mantenga en el fondo.

Estos arrastreros pescan aniquilando todo lo que encuentran en su camino, por lo que los ecosistemas frágiles no tienen posibilidad de sobrevivir a sus efectos demoledores. En una sola pasada, ecosistemas coralinos que han necesitado miles de años para desarrollarse son destruidos por completo. Al remover repetidamente los sedimentos, hay una disminución de la biodiversidad de estas áreas. Se destruyen los hábitats y se pierden zonas de reproducción y cobijo para los peces. En grandes profundidades, las plantas y animales son de crecimiento lento y tardan años en llegar a su forma adulta. Algunas especies de peces pueden vivir perfectamente más de cien años y solo se reproducen cuando alcanzan los veinte. Esto significa que cualquier cambio tiene consecuencias a largo plazo. La pesca de arrastre de profundidad es ya responsable del colapso de algunas especies marinas, como el reloj anaranjado en el Atlántico Noreste.

A ello se suman los descartes, capturas accidentales por las que se devuelven al mar peces muertos o con escasas opciones de supervivencia. Algunas pesquerías de arrastre pueden descartar hasta el 90% de la captura. Se consideran capturas accidentales las especies no objetivo de la pesca como mamíferos marinos, aves marinas, tortugas, tiburones y los ejemplares que no cumplen con la talla mínima, que a veces son especies que aún no se han reproducido, con o sin valor comercial. Otras veces los descartes son de especies con valor comercial, pero que en ese momento no tienen cuota al no ser su época de pesca. Aún así, son tiradas por la borda.

Al tratarse de un sistema no selectivo, la red gigante no discrimina: De media, entre el 30% y el 60% del contenido de la red de los buques de arrastre de profundidad en alta mar se tira por la borda. En algunas áreas, las pesquerías de los fondos marinos han destrozado 78 especies cuando sólo tres o cuatro eran objetivo. En total, se estima que 100 millones de tiburones y rayas y 300.000 cetáceos son capturados y descartados anualmente. Una sola batida de una red de arrastre elimina el 20% de la flora y fauna del fondo. Las pesquerías con mayor nivel de descartes son las de distintas especies de gambas, en las que más del 80% de la captura pueden ser otras especies distintas al objetivo.

Por otra parte, esta práctica pesquera consume muchísimo petróleo, necesario para tirar de las inmensas redes por el peso de las puertas, emitiendo altos niveles de CO2 a la atmósfera. Sin olvidar el impacto social: en las zonas costeras genera conflictos con la pesca artesanal ya que en muchas ocasiones las redes de arrastre rompen los artes pesqueros al entrar en sus zonas de pesca.

En definitiva, la pesca de arrastre es la mayor amenaza a la biodiversidad de las profundidades marinas. No es solo una inmoralidad ecológica, es también un ejemplo perfecto de cómo la UE crea su propio Frankenstein: en vez de apoyar la transición a prácticas y técnicas de pesca sostenibles, el dinero público se adjudica a las naciones pesqueras más grandes y poderosas, como España, sin ningún tipo de garantías ni criterios que aseguren la sostenibilidad.

Con todo, es una buena noticia que esta práctica tenga los días contados. La nueva Política Pesquera Común, una legislación europea aprobada en 2013, establece una limitación en el nivel permitido de descartes. De manera progresiva entre 2015 y 2020, el porcentaje máximo de descartes no podrá superar el 5%.

Fomentar una pesca sostenible acabará con los descartes pesqueros, generará empleo y ayudará a la recuperación de los océanos.

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