Un tribunal oral de la ciudad de La Plata le acusa en total por su participación en 42 secuestros y 31 torturas en cinco centros de detención en esta provincia de Buenos Aires.
Después del golpe de Estado que se produjo en 1976 y siempre según los testimonios de supervivientes de estos centros de detención, Von Wernich, que en la actualidad tiene 69 años, trataba de obtener confesiones de los detenidos torturados o de convencerlos para colaborar con el nuevo régimen.
Tras la dictadura, se fincó en un pequeño pueblo y tras unos años pidió su traslado a Bragado, una ciudad del interior, como párroco. Los habitantes de la ciudad se manifestaron en contra desde el principio con varias marchas. Tras este contratiempo se refugió en Chile, dónde cambió de nombre y ejerció como párroco durante siete años.
En 2003 la justicia argentina decretó una orden de búsqueda y captura y, tras ser reconocido por un periodista, fue detenido y extraditado a su país de origen.
FARC responsabilizada por la muerte de once secuestrados
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) anunciaron la muerte de once diputados que permanecían secuestrados en uno de sus campamentos. Los diputados pertenecían a la Asamblea Departamental de Valle del Cauca y sus muertes se habrían producido como resultas de un fuego cruzado que se produjo cuando un grupo armado sin identificar atacó el campamento dónde permanecían.
La opinión internacional ha expresado sus dudas sobre la versión ofrecida por las FARC, pues la opción de que el propio grupo armado haya ejecutado a los secuestrados para evitar rescate cobra más fuerza conforme pasa el tiempo. Aún si el comunicado de las FARC fuera cierto, la responsabilidad de ponerlos en peligro sería también un factor de condena a esta deplorable acción.
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Denuncia contra las fuerzas de seguridad de Kurdistán por torturas
Es un hecho que las fuerzas de seguridad de la región norteña de Irak, el Kurdistán, niegan garantías procesuales y torturan con regularidad a los detenidos.
Varios informes de organismos independientes afirman que estas prácticas son habituales y documentan las torturas, el maltrato y las violaciones de las garantías procesuales de los detenidos recluidos en los centros de las fuerzas de seguridad de Kurdistán. La fuerza internacional y la existencia de estos informes forzó a los responsables de Gobierno de la provincia a iniciar una investigación oficial y con ella la inspección de varios de estos centros de detención.
La situación de la zona es muy confusa, debido a que los dos principales partidos políticos: la Unión Patriótica de Kurdistán (UPK) y el Partido Democrático de Kurdistán (PDK) conservan sus propias fuerzas del orden, llamadas Asayish. Ambas operan sin el control del Ministerio irakí del Interior y realizan sus propias detenciones en sus propios centros de detención, lo que dificulta sobremanera el control y evita la detección y castigo de los responsables de las torturas.
Papua, el paraíso del abuso policial
En la región central de la provincia de Papua, en Indonesia, la policía está perpetrando numerosos abusos de autoridad. Torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales son algunos de los atropellos de los derechos humanos que se pueden documentar en la zona. El hecho de que la zona permanezca cerrada a los observadores internacionales y de que los periodistas rara vez tengan acceso a la región no hace nada más que agravar este mal endémico de la región.
Los objetos de estos crímenes son los habitantes de la región que ven como la brigada móvil (BRIMOB), un cuerpo paramilitar de elite creado para las situaciones de emergencia, junto con los soldados indonesios abusan de su situación de poder y comenten estos actos de barbarie con total impunidad en momentos de tensiones políticas, muy habituales en la zona, aprovechando la incomunicación de la zona. Los enfrentamientos con los guerrilleros del Movimiento de Liberación de Papua (Organisasi Papua Merdeka, OPM) sirven como telón de fondo a una situación insostenible.
Los testimonios son estremecedores y los abusos crueles e indiscriminados. Los motivos de los ataques son triviales y fortuitos y siempre amparados en un mal funcionamiento del sistema judicial que otorgan la impunidad a los atacantes y dejan indefensos a los habitantes de Papua. Las fuerzas del orden actúan como si ellos dictasen las leyes y se rigen por un código de silencio y de encubrimiento de la responsabilidad.
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Liberado el ciberdisidente Nguyen Vu Binh
La opinión internacional recibe con gran satisfacción las noticias que llegan de Vietnam sobra la puesta en libertad de Nguyen Vu Binh tras permanecer recluido en una prisión de Ba Sao durante casi cinco años. La amnistía fue concedida, tras haber cumplido mas de dos tercios de la condena que le fue impuesta, por el presidente Nguyen Minh Triet tras recibir una carta suplicando clemencia.
Este ciberdisidente fue detenido en 2002, acusado y condenado por espionaje, amparándose en el artículo número 80 del código penal vietnamita, por publicar y escribir artículos sobre la democracia a través de Internet y por contactar con grupos políticos en el exilio a través del correo electrónico.
Por estos hechos, los observadores internacionales consideraban a Nguyen Minh Triet un preso político y de conciencia, por haber sido encarcelado única y exclusivamente por expresar su opinión. La campaña posterior a su encarcelamiento y por su liberación fue extensa, sobre todo en el ámbito dónde este ciberdisidente se movía con mayor asiduidad, Internet.
La organización Amnistía Internacional, que en su momento capitaneo la campaña por su liberación, se haya satisfecha por los frutos obtenidos y espera, como afirma en un comunicado reciente, que este sea solo un paso más en el inicio del fin de la campaña de coacción política y del clima de acoso que ha llevado a la detención de otras 20 vietnamitas acusados, como Nguyen Minh Triet, de disidencia y condenadas en juicios por cuestiones políticas.
Renovación del código penal de Uganda
El país centroafricano reformará su código penal para perseguir y enjuiciar a los responsables de los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto civil del norte del país que dura ya más de dos décadas.
El propio ministro del Interior de Uganda, Ruhakana Rugunda, ha declarado que el código penal ugandés debe ser cambiado y reformado para que las prácticas de la comunidad Acholi, afincada en la región norte del país, la más afectada por la guerra civil, entren en vigor.
Los Acholi tradicionalmente se rigen por el MATO OPUT, un sistema de justicia basado en la reconciliación. Este sistema reúne a los clanes en conflicto, el de la víctima y el del acusado, encabezados por los ancianos de cada uno de ellos, y comienzan las negociaciones, que pueden durar meses e incluso años. El clan de acusado es obligado finalmente a asumir la responsabilidad y pagar el precio de sus actos. Hoy en día esa responsabilidad se valora en cabezas de ganado o dinero. El clan de la víctima expresa entonces su voluntad de perdonar y declina cualquier acción de represalia contra su clan rival.