Una de las entidades que más trabaja para que las Administraciones Públicas den prioridad a los productos de
Comercio Justo es Setem. Durante el año 2006 numerosas instituciones públicas, entre las cuales la Generalitat de Catalunya, la Guardia Urbana de Barcelona o el Ayuntamiento de Sitges, optaron por máquinas expendedoras acreditadas por esta organización dentro el programa ‘El Buen Café’. En total son ya 584 máquinas (145 más que en 2005) las que sirven café de
Comercio Justo en Cataluña.
Por su amplio volumen de contratación de obras, suministros y servicios, la Administración Pública ejerce una fuerte influencia en distintos ámbitos económicos y sociales. En España, esta actividad mueve un significativo porcentaje del presupuesto público, situándose en términos generales entre un 16 y 18 por ciento del Producto Interior Bruto.
Se realizó en Madrid la conferencia para el desarrollo
Madrid acogió la Conferencia Interministerial sobre los Países de Renta Media (PRM) en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en la Secretaría General de Naciones Unidas
Madrid fue la sede el pasado marzo de la primera Conferencia Interministerial sobre los Países de Renta Media (PRM), en la que un total de 93 delegaciones internacionales analizaron los problemas y necesidades de estos países, en los que vive el 41 por ciento de la población mundial en desarrollo considerada ‘pobre’ (con ingresos de menos de dos dólares al día per cápita), y aportó las posibles soluciones e instrumentos para fomentar sus procesos de desarrollo.
La conferencia, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en la Secretaría General de Naciones Unidas, contó con la presencia de los responsables encargados de cooperación de los PRM, así como representantes de la Comisión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea y otros países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la Secretaría General Iberoamericana.
Durante la conferencia se hizo una síntesis de los problemas que afectan a estos países y las opciones más eficaces. Según explican fuentes de la ONU, se estaba creando un vacío en la atención a los países de renta media, que estaban siendo un poco marginalizados frente a la atención prioritaria que otorga el sistema internacional a los países menos desarrollados.
Durante los dos días que duró la conferencia hubo cuatro sesiones de trabajo, en las que se intercambiaron puntos de vista sobre el papel de los donantes en los países de renta media; la estabilidad financiera de estos países; la inserción comercial y ventajas competitivas de este grupo de países; y la cohesión social y gobernabilidad democrática.
La Conferencia fue clausurada por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín; y el secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, José Antonio Ocampo.
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Ecuador denuncia a Colombia por sus fumigaciones
Ecuador denuncia a Colombia anteel Consejo de los Derechos Humanos de la ONU por las fumigaciones con glifosato en la frontera entre ambos países.
Maria Fernanda Espinosa, denunció las afectaciones que sufre la población fronteriza de su país por las fumigaciones colombianas con glifosato, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Espinosa resaltó que el glifosato usado para destruir las plantaciones de coca, causa daños físicos a las personas.
Al intervenir en la cuarta sesión del CDH, en Ginebra, Espinosa resaltó que el glifosato penetra en el territorio de Ecuador arrastrado por el aire y destruye los cultivos y contamina las aguas del territorio nacional, subrayó.
“A pesar de los continuos llamados realizados por el gobierno ecuatoriano al colombiano, ese país continuó realizando esta actividad que afecta la salud física y psicológica de los habitantes de la frontera, sus cultivos y altera al medio ambiente”, recalcó.
El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida total. Es absorbido por las hojas y no por las raíces y mata las plantas eliminando su capacidad de generar aminoácidos aromáticos. Es por tanto muy posible que afecte a las pequeñas producciones agrícolas ecuatorianas.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ya reclasificó los plaguicidas que contienen glifosato como clase II, altamente tóxicos, por ser irritantes de los ojos. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, describe efectos más serios; en varios estudios con conejos, los calificó como “fuertemente” o “extremadamente” irritantes. El ingrediente activo (glifosato) está clasificado como extremadamente tóxico (categoría I).
Los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño o fallo renal
Arrasan los últimos árboles del chaco paraguayo
La extracción de quebracho rojo de las comunidades indígenas es una nueva forma de deforestación, que funciona gracias a la complicidad de los mismos indígenas. Cobran apenas 35.000 guaraníes por día, para cortar y cargar la valiosa madera de sus propiedades a comerciantes inescrupulosos. Por ley, ninguna comunidad indígena puede comercializar productos forestales
Después del un gran negocio de los árboles tropicales, cada vez más comunidades indígenas son explotadas irracional e ilegalmente.
Autoridades paraguayas incautaron un camión en la zona de cruce Toledo, en el kilómetro 480 de la ruta Transchaco, cargado con postes de quebracho rojo. El permiso para el traslado de madera estaba vencido y los datos no coincidían con la carga. El chofer del camión admitió que los postes fueron extraídos de la comunidad Campo Loa para su traslado a la capital y exportación a Uruguay.
Esta planta constituye una de las riquezas naturales de la República Argentina y del Paraguay. Existen dos variedades, el quebracho rojo, que pertenece a la familia de las anacardiáceas, y el quebracho blanco, de la familia de las opocináceas. La madera de quebracho rojo es comparable al hierro por su resistencia, y se emplea en la construcción, para traviesas de ferrocarril, postes o pilotes utilizados en los trabajos hidráulicos y para pavimentación de calles. Su explotación y comercialización está en manos de 22 empresas que constituyen un cartel internacional que ha conseguido duplicar el precio de este producto en los últimos años.
La extracción de quebracho rojo de las comunidades indígenas es una nueva forma de deforestación, que funciona gracias a la complicidad de los mismos indígenas. Cobran apenas 35.000 guaraníes por día, para cortar y cargar la valiosa madera de sus propiedades a comerciantes inescrupulosos. En Paraguay, por ley, ninguna comunidad indígena puede comercializar productos forestales.
La deforestación de la selva paraguaya se acentuó notablemente a partir del golpe de estado. Por estos días rige un vacío legal en materia de protección forestal que contribuye con la depredación de los bosques.
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Materiales escolares de comercio justo
La ONG Intermón Oxfam y Almadraba Editorial han suscrito un acuerdo de colaboración para los próximos tres años con la voluntad de ofrecer unos productos educativos que integren los valores personales, sociales y medioambientales, con el objetivo de formar futuros ciudadanos y ciudadanas responsables en un mundo global.
El equipo docente de la ONG Intermón Oxfam (dedicada a la cooperación para el desarrollo con los países pobres), que desde hace años promueve la educación en valores, ha revisado los libros de texto que Almadraba Editorial publicará para el curso 2007-2008 y para los dos siguientes (de acuerdo con el calendario de implantación de la nueva ley de educación). Intermón Oxfam también ha elaborado para dicha editorial su propio itinerario transversal de educación en valores que se incluirá en las guías didácticas para el profesorado y ha preparado los materiales para la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Por su parte, Almadraba Editorial pone al servicio de Intermón Oxfam su equipo comercial para la difusión y venta de cuadernos de trabajo y libros de lectura.
De este modo, la relación, establecida para los próximos tres años entre los equipos de trabajo de Almadraba Editorial e Intermón Oxfam, supone en primer lugar la revisión de todos los libros que la editorial publica para Educación Primaria y los relativos a ciencias sociales, naturales y tecnología de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Dicha revisión cuenta, además, con la colaboración de la ONG Ingeniería sin Fronteras que también ha aportado su punto de vista en las materias técnicas.
Como resultado de esta colaboración, Almadraba Editorial donará a Intermón Oxfam el 0,7% sobre el precio de cada ejemplar vendido.
Intermón Oxfam, ONG fundada en 1956, impulsa proyectos de cooperación, actúa en situaciones de crisis humanitaria, fomenta el
Comercio Justo y promueve campañas de sensibilización, movilización política y de transformación social.
ONG piden en elCongreso que las compras públicas den preferencia al
Comercio Justo
El Congreso está elaborando la Ley de Contratos del Sector Público y, por primera vez, menciona al
Comercio Justo en su preámbulo. La Coordinadora de
Comercio Justo reclama que se incorpore además en el articulado y defina sus criterios.
Las ONG quieren que el
Comercio Justo tenga preferencia cuando el Gobierno realice una compra pública. La Coordinadora Estatal de
Comercio Justo (CECJ) compareció el pasado 19 de febrero ante la comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados para participar con sus propuestas en el proyecto de la Ley de Contratos del Sector Público. Los ponentes fueron Andrés González, presidente de la CECJ, y la responsable de Compra Pública Ética de Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS), Laura Rodríguez, que destacaron la importancia de que la futura ley contemple por primera vez el
Comercio Justo “como un referente social y medioambiental a tener en cuenta en las políticas de compra pública”.
Además, también proponen que -en las condiciones de los contratos- se contemple normas internacionales como las de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente cuando exista deslocalización en la cadena de producción.
El proyecto de Ley, del Ministerio de Economía y Hacienda, contiene 224 páginas y prevé desde los Contratos de Concesión de Obras Públicas y Servicios, hasta la compra de escobas (capítulo 96).
