En respuesta a las protestas masivas, el gobierno de Sebastián Piñera ha respondido sacando el ejército a las calles y se ha decretado el estado de emergencia y el toque de queda en la capital y otras ciudades. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, ya se contabilizan 13 personas muertas, 88 heridas por armas de fuego y más de 1.330 detenidas, incluidos menores de edad. Hay denuncias de torturas y malos tratos, incluidos casos de desnudamiento de mujeres.

La sociedad chilena tiene todo el derecho y mucha razón para protestar. Criminalizar las protestas no es la respuesta. Las autoridades chilenas deben prevenir y evitar las acciones violentas de algunas personas, pero esto no puede servir como pretexto para restringir los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, ni para hacer un uso indebido de la fuerza. En vez de equiparar las protestas con un ‘estado de guerra’, estigmatizando de forma generalizada a todos los manifestantes, el presidente Piñera debería escucharles y atender sus legítimas demandas.

 

Las causas del estallido social en Chile:

Un sistema de pensiones gestionado por entidades privadas, que no ha cubierto las expectativas de ingresos en la jubilación.

Un sistema de salud mixto, en el que la atención es deficiente, restrictiva y cara.

Privatización del suministro de agua potable.

Una sistema educativo con baja calidad.

Abusos y corrupción.

Caos en el transporte público y, lo que ha desatado las protestas, subida de los precios.