Defensoras colombianas de la tierra, del territorio y del medio ambiente están siendo amenazadas y asesinadas por enfrentarse a intereses económicos legales e ilegales.
Las agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos, entre las que se encuentran las defensoras de la tierra y el medio ambiente, han aumentado un 97% en el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo período del año anterior, periodo en el que se han registrado seis asesinatos de mujeres líderes. En 2018 fueron asesinadas 16 mujeres defensoras, según el informe anual de Somos Defensores.
Según Oxfam Intermón, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, modelos económicos extractivistas legales e ilegales han ido ganando terreno en el país, dejando al margen a los habitantes de zonas rurales para favorecer la agroindustria y la extracción de recursos no renovables. Estos modelos entran en conflicto con los intereses de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, especialmente con los de las mujeres que han impulsado procesos de construcción de paz basados en propuestas de desarrollo alternativas.
Los defensores y defensoras de derechos a la tierra, el territorio y el ambiente no sólo son objeto de acoso judicial, restricción de movimientos, vigilancia ilegal, amenazas y hostigamientos, sino que son también víctimas de ataques violentos, desaparición forzada, acoso sexual, amenazas a la familia y chantaje. Sus manifestaciones pacíficas suelen ser reprimidas por la fuerza.
El incremento en la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, y en particular a los activistas de la tierra, el territorio y el medio ambiente, ha sido denunciado recientemente por la ONU.
Aunque los hombres siguen siendo quienes reciben la mayor cantidad de agresiones, “el problema con las mujeres es que con ellas se utilizan métodos de especial sevicia y crueldad”, denuncia Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia.
“Al hombre se le asesina”, explica Jacqueline Romero, líder de Fuerza de Mujeres Wayuu, amenazada en reiteradas ocasiones, “pero la mujer antes de ser asesinada es torturada, es abusada sexualmente. ¿Somos más vulnerables? Sí, porque la sevicia con la que se hace un hecho contra una mujer al hombre no le pasa. Tenemos muchas compañeras que han sufrido violaciones y les dicen “esto te pasó pa que calles la boca”.
Oxfam Intermón reclama que de manera urgente se diseñen e implementen medidas de prevención y protección para estas defensoras, que tengan enfoque de género, étnico y territorial, y que cuenten con su participación efectiva en el proceso.
Según explica Pesquera, “la ausencia de mujeres, especialmente afrocolombianas, indígenas y campesinas, en cargos políticos, incide en que sean inadecuadas las medidas institucionales que se adoptan para superar su pobreza y desigualdad, y para garantizar su seguridad. La mayor parte no consideran ni el enfoque de género ni el enfoque diferencial. Esto supone otra forma de discriminación institucional”.
Oxfam Intermón también pide frenar el altísimo nivel de impunidad que rodea los ataques y asesinatos contra las defensoras, investigar quiénes son los autores materiales y los intelectuales de las amenazas y los crímenes contra ellas y detener la estigmatización de defensoras y defensores de derechos humanos por parte de autoridades, instituciones públicas o medios de comunicación, que asocian a los movimientos sociales con los grupos armados o afirman a veces que las amenazas y asesinatos responden a asuntos personales.
Bajo el título “Defendamos su voz” Oxfam Intermón ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y de presión ciudadana para visibilizar este problema y lograr que el gobierno colombiano tome las medidas solicitadas. La campaña se lleva a cabo junto a la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, Somos Defensores e International Land Coalition.
“Las autoridades”, explica Aída Pesquera, “muestran su preocupación por el tema en espacios internacionales, pero lo minimizan dentro de Colombia. Es urgente colocar la protección de las defensoras en la agenda nacional para reducir el alarmante aumento de homicidios y ataques”.
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