El libro rastrea la mano oculta de los lobbies en la regulación de las telecomunicaciones, la urbanización, los productos tóxicos o el uso del agua, en la seguridad nuclear, en las autorizaciones de los medicamentos y en la penetración de los transgénicos, entre otras cosas. El cuadro que emerge de la investigación global es escalofriante: los intereses de las empresas y conglomerados con suficiente poder económico como para emplear a potentes “influenciadores políticos” pasan sistemáticamente por encima de los intereses de la ciudadanía en materia de medio ambiente y salud, incluso en asuntos en los que reina el consenso público.

Además, los lobbies en Europa no están obligados a prácticas éticas y de transparencia, y en España no existen normas que regulen el sector.

En una entrevista con lectores de El Mundo, Rafael Carrasco, Miguel Jara y Joaquín Vidal –los autores del informe— decían que “el poder económico de las industrias contaminantes tiene más peso que las inquietudes ambientales de los ciudadanos. Para los partidos, el medio ambiente es una etiqueta rentable electoralmente de la que se olvidan rápidamente. Los lobbies están presentes en todos los grandes partidos, y ese es el gran problema que tiene la gestión pública del medio ambiente. ¿Solución? Tal vez con más participación de los ciudadanos en esa gestión, para contrarrestar el poder de los lobbies”.

Decían también que estar informado/a es una buena forma de tratar de que las cosas cambien. Eso.

Miren Gutiérrez, directora ejecutiva de Greenpeace España.

 

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