“En este momento hay 5.800 recuperadores con licencia de cuentapropistas, pero sabemos que son muchos más que no se han inscrito”, dice Marilyn Ramos, la vicedirectora general de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas, la entidad estatal que se ocupa de reciclar desechos.

Odilia Ferro se dedica “legalmente” a recoger y vender desechos reciclables desde hace unos 10 años en San José de las Lajas, cabecera municipal de Mayabeque, provincia vecina de La Habana. “A veces salgo a la calle a buscar yo misma, pero como la gente ya sabe que trabajo en esto vienen a mi casa a venderme”, cuenta a Tierramérica.

Ella compra aluminio, bronce, acero, plástico y botellas de ron y cerveza. Hasta julio los vendía a la empresa estatal de recuperación de Mayabeque, convertida entonces en cooperativa de nueve integrantes, cuatro de ellas mujeres.

En este país de régimen socialista, las cooperativas estuvieron restringidas por muchos años a la agropecuaria. A mediados de año, el gobierno de Raúl Castro les abrió otros espacios como parte de las reformas para crear un “socialismo próspero y sustentable”. En las primeras 124 que se crearon, hay dos dedicadas a recuperar materiales desechados. La intención del gobierno es que en cada uno de los 168 municipios cubanos haya una cooperativa de recuperación de desechos.

Ramos admite que la empresa estatal no tiene condiciones para llegar hasta la puerta de cada hogar que genera esta basura. Eso le queda al incipiente sector privado, mientras el Estado se reserva las grandes fuentes de desechos recuperables, indica en entrevista con Tierramérica.

En este país funcionan 986 vertederos que en 2012 recibieron algo más de 5,33 millones de toneladas de basura, según la Oficina Nacional de Estadística e Información. El año pasado se recuperaron alrededor de 420.000 toneladas de desechos: acero, hierro fundido, plomo, bronce, aluminio, papel, cartón, desperdicios de plástico y textiles, chatarra electrónica y envases de vidrio. Esos productos se exportaron o se vendieron a industrias nacionales: siderúrgica, fábrica de cables y empresa de papel y cartón.

Si esas industrias hubieran tenido que importar esos insumos, el país habría pagado 120 millones de dólares, según Ramos. “Queremos industrializar cada vez más este trabajo y aumentar el valor agregado de los productos reciclados”.

La Unión estatal de reciclaje quiere propiciar cooperativas provinciales que se encarguen de procesar “al menos de forma sencilla” los residuos que obtengan. Hoy funcionan solo dos plantas separadoras de basura.

Lo ideal, admite Ramos, sería que los hogares clasificaran la basura. Pero ese sueño, que requiere fuertes inversiones, está lejos para Cuba.

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