Acto de calle esta mañana frente a la Agencia Tributaria de Barcelona. (c) Pablo Tosco/Oxfam Intermón


Con el dinero defraudado a Hacienda cada año (59.500 millones de euros, según Gestha) podría sufragarse todo el gasto sanitario en España (57.000 millones), incluyendo Administración central y comunidades autónomas, según denuncia hoy Oxfam Intermón en un acto de calle frente al Ministerio de Hacienda. “Es un escándalo que con estas cifras de fraude la reforma fiscal presentada por el ministro Montoro no anteponga como absoluta prioridad el poner coto a esta fuga constante de recursos. Un fraude del que son esencialmente responsables las grandes empresas y fortunas, precisamente los más beneficiados por la reforma fiscal”, declaró Susana Ruiz, responsable de fiscalidad justa en Oxfam Intermón.

Se estima que el 72% de los impuestos no pagados corresponden a grandes fortunas y grandes empresas, que detraen del fisco casi 43.000 millones de euros. El 28% restante (casi 16.500 millones) corresponde al fraude de pymes, autónomos y particulares. La evasión de impuestos de grandes fortunas y grandes empresas es más de seis veces lo que España debería destinar a cooperación al desarrollo si se cumpliese el objetivo del 0,7% (7.000 millones de euros). Si se realizara un esfuerzo para equipararnos al nivel de los países de nuestro entorno en lucha contra el fraude fiscal, se podrían recaudar 25.500 millones de euros adicionales, 18.300 de ellos provenientes de grandes fortunas y grandes empresas. Con esta cantidad se podrían duplicar los programas de asistencia al desempleo en España.

El fraude fiscal limita la posibilidad de invertir en políticas sociales y supone un coste de 1.910 euros a cada contribuyente que sí cumple con sus obligaciones, frente al ahorro medio de apenas 170 euros que supondrá la rebaja de tipos del IRPF con la nueva reforma propuesta por el Gobierno. “Es un error de base en las prioridades y el enfoque”, afirma Ruíz.

“La propuesta está aún en fase de ‘consulta pública’ antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros y pasar a trámite parlamentario. Es urgente que la consulta sea efectivamente pública, transparente y legítima. El Gobierno debe escuchar las reclamaciones de la ciudadanía e introducir importantes cambios para asegurarnos de que cada uno (individuo o empresa) contribuye en función de su capacidad económica real. Tal como está diseñada ahora beneficiará aún más a los que más tienen, con lo que no contribuirá a reducir la desigualdad, sino que la acrecentará. Esta propuesta de reforma fiscal no pretende construir una sociedad más cohesionada y justa”, concluye Ruiz.

La organización sacará hoy a la calle una ventanilla simbólica de reclamaciones frente al Ministerio de Hacienda en Madrid (Alcalá, 9 a las 10.30 am) para denunciar estos hechos y pedir a los ciudadanos que se movilicen y firmen un Decálogo por una fiscalidad más justa (www.desigualdad.org). Actos similares se repiten en ciudades como Barcelona, Bilbao, Sevilla, Huelva, Valencia, Alicante, Castellón, Elche, Murcia y Vilanova.

Algunos datos de interés:

  • Las grandes empresas pagan un tipo efectivo de apenas el 3,5% sobre su resultado contable, frente al 30% que les correspondería en el impuesto de sociedades (25% si se aprueba la reforma).
  • En 2012, las grandes compañías se dedujeron 22.687 millones de euros, 7,5 veces lo que pagaron por impuesto de sociedades (3.012 millones). Es decir, que se ahorraron el equivalente a todo el gasto en Sanidad de la Administración central para 2014.
  • Las familias aportan 46 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. Los ciudadanos aportan más del 90% de los ingresos del Estado, mientras que las empresas aportan cerca del 10% restante. Las grandes corporaciones sólo aportan cerca de un 2% de la recaudación total.
  • 33 de las 35 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. El número de filiales registradas en paraísos fiscales no ha disminuido desde el inicio de la crisis mientras las facilidades aumentan. Desde 2007 más de una docena de países han dejado de ser considerados como paraísos fiscales por el gobierno español. Así, desde 2010, países como Panamá, Bermudas, Mónaco y más recientemente las islas del canal británicas (Jersey, Guernesey, Isla de Man) han dejado de ser considerados como tales para la Agencia Tributaria (Suiza nunca ha figurado en la actual lista, creada en 1991), lo que supone facilitar las condiciones para las empresas españolas cuyas filiales operan en esos territorios.
  • Los tipos impositivos de España están entre los más altos de Europa, sin embargo la capacidad recaudatoria es muy baja (inferior a la media de la UE). Esta paradoja se debe a que el sistema está plagado de vías de escape para no pagar, no sólo fraudulentas, sino también a un sistema legal de privilegios que favorece a grandes empresas y fortunas y hace que el grueso de la recaudación recaiga sobre las clases medias.

oxfamintermon.org