La soja transgénica cubre la mitad de la tierra cultivable de Argentina, es decir, 14 millones de hectáreas. Para su fumigación se emplea el más conocido y tóxico de los pesticidas, el glifosato, llamado comercialmente Roundup.

Este país representa el primer exportador de los productos salidos de la soja: aceite para el consumo humano y harina para el ganado, con destino principalmente a Europa y China. La producción anual de granos se eleva a 37 millones de toneladas, 10.000 millones de dólares, lo que se traduce en el 30 por ciento de la exportación nacional.

Historia de un asesino

En los últimos diez años, 100.000 explotaciones familiares han desaparecido en Argentina. Romper el silencio que rodea esta situación no resulta sencillo cuando la propia ley es la primera que favorece la deforestación y el uso de agroquímicos, alentada además por el Gobierno. A finales de los años 90 del pasado siglo, se prohibieron las harinas animales, con motivo de los problemas de salud que sufrieron una gran cantidad de reses en Inglaterra, el conocido como “Caso de las vacas locas”. La primera consecuencia de esta medida fue el enorme aumento en el precio de la soja.

Hoy en día, muchas plantas se han hecho tolerantes, que no resistentes, al herbicida. Lo que quiere decir que se necesita muchísima más cantidad para destruirlas. Si antes usaban dos litros de herbicida por hectárea, ahora han pasado a tres litros y medio para que sea eficaz.  Por si esto no fuera suficiente, se ha creado un nuevo herbicida, aun más tóxico que el glifosato, el dicamba. Cuyos efectos aun no se conocen con precisión, pero ya generan una gran polémica.

Debate en Cedla

El pasado once de mayo, Lucía Goldfarb, investigadora del Instituto Transnacional de Amsterdam, ofreció una charla en el Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) sobre las consecuencias del uso de esta soja genéticamente modificada, así como del glifosato.

Goldfarb cree que Holanda, como país consumidor de soja, tiene cierto grado de responsabilidad en el proceso. No obstante, Holanda es el segundo consumidor en Europa de la soja que viene de Argentina y de toda América Latina. La investigadora opina que la sociedad neerlandesa debe conocer el origen y el procedimiento de cultivo, así como los problemas que acarrea el mismo. “La sociedad se acostumbra a un alto nivel de vida, pero hay que entender que eso conlleva un deterioro muy importante en los niveles de vida y los derechos humanos de otras poblaciones”, asegura Goldfarb.

Las víctimas de la soja transgénica

Cristina Loaiza y Lena Mozas forman parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, y en una visita a Holanda hace un par de años, comentaron en Radio Nederland que “los agroindustriales son apoyados por gobiernos locales, por jueces, por la policía… al no producirse nada que no sea soja, ni leche, ni vacas, ni hortalizas, ni trigo, los precios de esos alimentos aumentan y por eso hay cada vez más pobreza”.

Por lo que se desmonta la falsa creencia de que el cultivo de soja trae progreso y que es el indígena el que está atrasado. Las enormes plantaciones de soja no producen más empleo, porque “en 300 hectáreas puede trabajar una sola persona, ya que está altamente mecanizado y se fumiga con aviones” asegura Mozas. Esto aumenta la migración de mano de obra desocupada por un sistema productivo que requiere tecnología.

Lanzar los pesticidas desde aviones por el aire, dejando que caigan sobre los pozos de agua y las casas de las poblaciones indígenas y campesinas, provoca un gran impacto social, ya que obliga al campesino a dejar el pueblo y trasladarse a las ciudades. Lo que es como atarle las manos. Muchas veces, los campesinos que denuncian el robo de sus tierras y su consiguiente destrucción por el uso de pesticidas, son además llevados presos.

Córdoba o Santiago del Estero son dos de las provincias más afectadas. Las consecuencias de la “sojización” son tales que el presidente de la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (ACSOJA), el ingeniero Rodolfo Rossi sostiene que “hay que reconocer los índices de reducción del número de productores en países como la Argentina, y una situación económica particular que no satisface a todos”.

El futuro de la soja en Argentina

En medio de la polémica y a partir de 2012, de manera escalonada, todos los países miembros de la Unión Europea comenzarán a exigir la certificación de sustentabilidad del biocombustible que se saque de la soja procedente de países como Argentina.

Dicha exigencia surge de la Directiva de Energías Renovables 2009/29/CE, según la cual, el certificado de sustentabilidad debe garantizarse a lo largo de toda la cadena de producción. Esto, obviamente, incluye a la producción de soja.

La Directiva establece como requisitos obligatorios, entre otros, que la materia prima, en este caso la soja, provenga de tierras que hayan sido agrícolas desde el 1 de enero de 2008. El objetivo es frenar la deforestación, ya que un cambio de uso de suelo sobre áreas que hayan sido consideradas de alto valor de biodiversidad, conservación o contenido de carbono después de la llamada “fecha de corte”, no serían aceptadas. Además, los biocombustibles deben demostrar un ahorro de emisiones de gases efecto invernadero del 35 por ciento en comparación con el combustible fósil que reemplazan.

Una medida que aun tardará un tiempo de hacer visibles sus resultados.

Artículo publicado en noticias.nl

Alba Sueiro es autora del blog albasueirofraga.tumblr.com.