Desde la aprobación del Tratado de Estabilidad y Crecimiento Económico, los estados están obligados a mantener su deuda pública por debajo del 60% del PIB y a no tener déficits anuales superiores al 3%, deben disminuir cada año la vigésima parte de la cantidad que supere ese 60%, ajustar su saldo público en función del ciclo y son sancionados si no cumplen.

Se puede decir que estas reglas han sido un fracaso por razones evidentes:

– Su objetivo era disminuir la deuda y tanto la de los países en particular como la conjunta de la UE ha aumentado desde que comenzaron a aplicarse.

– Todos los estados han incumplido en alguna ocasión los criterios, pero nunca se ha aplicado sanción alguna.

– La rigidez de estos criterios provocó una segunda recesión en Europa tras la de 2008 y es generalmente admitido que su aplicación ha tenido un efecto reforzador del ciclo económico, justo el contrario de la función estabilizadora que debe tener la política fiscal.

– Son un fracaso las reglas generales que solo funcionan en un momento y en otro no, como ha ocurrido con las fiscales europeas que han tenido que suspenderse cuando estalló la pandemia.

La propuesta de cambio que hace ahora la Comisión Europea busca, según su propia declaración, simplificar la aplicación de las reglas, adaptarlas a las necesidades específicas de cada Estado, permitir que se lleven a cabo reformas e inversiones, tener en cuenta otros desequilibrios macroeconómicos a la hora de su aplicación y asegurar que se apliquen las sanciones por incumplimiento.

Puede decirse que los cambios que se proponen son positivos porque, efectivamente, reducen la rigidez de los anteriores que habían ocasionado tantos problemas. Es bueno también que den algo más de capacidad de maniobra a los gobiernos y que relajen los plazos. A partir de ahora, serán como una especie de traje a medida de cada economía, en lugar de aplicarse por igual a las que son diferentes o se encuentran en momentos distintos del ciclo económico. Y es positivo igualmente que se tenga en cuenta que la particularidad de las inversiones como componentes del gasto.

En concreto y de una forma muy resumida, los cambios que propone la Comisión son los siguientes:

– Nuevo método de cálculo del cumplimiento del ajuste a los topes del 60% y 3% de deuda y déficit. Ahora se tomará como referencia el gasto público primario, es decir, el gasto total menos el dedicado a pago de intereses y prestaciones de desempleo.

– Ahora, cada gobierno negociará con la Comisión un plan presupuestario a 3-4 años, aunque podrá extenderse a 7 si se observan problemas o cambio de ciclo.

– El avance hacia los topes de deuda y déficit no tienen que realizarse mecánicamente cada año, sino de manera que se considere «satisfactoria» para llegar al objetivo.

– Se establecen nuevas formas de control y seguimiento, a través de las autoridades fiscales independientes, para evitar incumplimientos.

– En España, en concreto, se obligó a realizar una antidemocrática reforma Constitucional que ahora queda en papel mojado. ¿O no queda en papel mojado y deberá cumplirse, cuando Europa reclama ahora otro tipo de comportamiento presupuestario?

Como he dicho, estos cambios tienen los aspectos positivos señalados, pero no creo que puedan resolver los problemas fiscales de fondo que tienen los países miembros de la Unión y ésta en su conjunto. Las razones que me hacen pensar que estas reglas van a fracasar como ya han fracaso las anteriores son de dos tipos.

Por un lado, de naturaleza más bien técnica, como las siguientes.

– Es bastante incoherente que se relaje el objetivo de gasto primario, es decir, que se permita que los gobiernos lo aumenten más fácilmente, pero se mantenga el límite de déficit del 3%. Seguirá siendo prácticamente imposible compatibilizar el respeto a este último con la realización del gasto necesario para afrontar no ya los gastos corrientes sino, sobre todo, las inversiones. Y no se olvide que de su cumplimiento depende que se reciba o no el dinero de los fondos de recuperación.

Las nuevas normas, como las anteriores, están basadas en respetar topes de deuda (60%) y déficit (3%) que no tienen ningún tipo de justificación

– Aunque la Comisión dice, por un lado, que su propuesta evita los problemas que hasta ahora daba calcular el llamado «output gap», es decir, la diferencia entre lo que está produciendo en una economía y lo que potencialmente podría utilizar, lo cierto es que su propio texto señala que ahora habrá que utilizar un criterio parecido para calcular los ajustes.

– La Comisión no resuelve algo que parece fundamental. Si de verdad se quiere que los estados impulsen la transición digital y energética que ella misma propone, será necesario realizar inversiones muy cuantiosas, extraordinarias, y eso debería ser contemplado como tal, como algo extraordinario, a la hora de elaborar los marcos presupuestarios.

En concreto y de una forma muy resumida, los cambios que propone la Comisión son los siguientes:

– Nuevo método de cálculo del cumplimiento del ajuste a los topes del 60% y 3% de deuda y déficit. Ahora se tomará como referencia el gasto público primario, es decir, el gasto total menos el dedicado a pago de intereses y prestaciones de desempleo.

– Ahora, cada gobierno negociará con la Comisión un plan presupuestario a 3-4 años, aunque podrá extenderse a 7 si se observan problemas o cambio de ciclo.

– El avance hacia los topes de deuda y déficit no tienen que realizarse mecánicamente cada año, sino de manera que se considere «satisfactoria» para llegar al objetivo.

– Se establecen nuevas formas de control y seguimiento, a través de las autoridades fiscales independientes, para evitar incumplimientos.

– En España, en concreto, se obligó a realizar una antidemocrática reforma Constitucional que ahora queda en papel mojado. ¿O no queda en papel mojado y deberá cumplirse, cuando Europa reclama ahora otro tipo de comportamiento presupuestario?

Como he dicho, estos cambios tienen los aspectos positivos señalados, pero no creo que puedan resolver los problemas fiscales de fondo que tienen los países miembros de la Unión y ésta en su conjunto. Las razones que me hacen pensar que estas reglas van a fracasar como ya han fracaso las anteriores son de dos tipos.

Por un lado, de naturaleza más bien técnica, como las siguientes.

– Es bastante incoherente que se relaje el objetivo de gasto primario, es decir, que se permita que los gobiernos lo aumenten más fácilmente, pero se mantenga el límite de déficit del 3%. Seguirá siendo prácticamente imposible compatibilizar el respeto a este último con la realización del gasto necesario para afrontar no ya los gastos corrientes sino, sobre todo, las inversiones. Y no se olvide que de su cumplimiento depende que se reciba o no el dinero de los fondos de recuperación.

– Aunque la Comisión dice, por un lado, que su propuesta evita los problemas que hasta ahora daba calcular el llamado «output gap», es decir, la diferencia entre lo que está produciendo en una economía y lo que potencialmente podría utilizar, lo cierto es que su propio texto señala que ahora habrá que utilizar un criterio parecido para calcular los ajustes.

– La Comisión no resuelve algo que parece fundamental. Si de verdad se quiere que los estados impulsen la transición digital y energética que ella misma propone, será necesario realizar inversiones muy cuantiosas, extraordinarias, y eso debería ser contemplado como tal, como algo extraordinario, a la hora de elaborar los marcos presupuestarios.

Juan Torres López, Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente para Nueva Tribuna.